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(29 de octubre, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Este viernes, un grupo de organizaciones defensoras de los derechos humanos, se pronunciaron contra los nombramientos recientes de los nuevos Procurador General de la República y Secretaria de la Función Pública.
Asegurando que “son señales preocupantes para la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y la construcción de una Fiscalía autónoma”. Esto porque en más de una ocasión, las organizaciones que se pronunciaron, han enfatizado la importancia de contar con procesos transparentes, abiertos y participativos para el nombramiento de las personas que encabezarán las instituciones más relevantes del Estado.
Sólo así se logrará construir la confianza y legitimidad necesarias para este nuevo sistema y también asegurar el nombramiento de perfiles idóneos que garanticen independencia y profesionalismo”.
Lo anterior es señalado, porque afirman, “lo que acabó de suceder demuestra la discrecionalidad y una total ausencia de rendición de cuentas y criterios claros que sostengan las decisiones.
El Senado de la República no cumplió con su papel de contrapeso y ratificó los nombramientos sin dar espacio a la reflexión crítica y el debate abierto. Estas prácticas debilitan la construcción de una Fiscalía autónoma y del Sistema Nacional Anticorrupción asimismo es contraria a los compromisos públicos e internacionales hechos por la Presidencia en materia de gobierno abierto”.
Así mismo se puntualiza que, el nombramiento de la nueva Secretaria de la Función Pública viola el compromiso internacional hecho por Presidencia de la República en el marco del Tercer Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto. Para nombrar a las autoridades del Sistema Nacional Anticorrupción, la Presidencia se obligó en septiembre de 2016 a conducir una consulta técnica con sociedad civil, academia y expertos para elegir al Secretario o Secretaria. Sin embargo, esta consulta nunca se realizó.
En tanto, se agrega que el nombramiento del Procurador es la mayor muestra del divorcio entre la Presidencia y el Senado de la República y los sectores de la sociedad que sí reconocen una grave crisis del sistema de justicia penal en México.
Ya que, señalan, tan sólo días después que más de 200 personas y 50 organizaciones expertas y reconocidas en la materia exigieron un diálogo nacional para rediseñar el organismo autónomo procurador de justicia, diálogo que incluye la selección del perfil más adecuado que deberá operar éste, Peña Nieto, con el respaldo del Senado, designó inesperada y discrecionalmente un perfil con cuestionamientos sobre su independencia política y sin rendir cuentas sobre su idoneidad.
Esto lo han puntualizado a propósito de no haber dado a conocer la capacidad y conocimiento en el sistema penal, su probidad y su compromiso con el avance de los derechos humanos y la democracia.
Se señala que es preciso mencionar que el año pasado, Cervantes Andrade fue considerado como posible integrante de una terna para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, como ahora, “su perfil fue severamente cuestionado. La designación de un senador que quiso ser ministro pero ahora es procurador daña severamente la división de los poderes públicos y corrompe la idea de pesos y contrapesos que deben existir entre estos”, se argumenta.
La manifestación de inconformidad, también es una expresión de extrañamiento directo y claro para el Senado de la República: “su papel en la ratificación del Procurador anuló la naturaleza independiente que tiene del Ejecutivo Federal.
Una designación del mayor impacto para la democracia y el Estado de derecho no debe realizarse como un simple trámite legislativo: en menos de un día el Senado de la República resolvió la designación presidencial”.
Es por ello que son más de cincuenta organizaciones civiles, acompañadas de personas, que han expuesto su desconcierto y descontento, por lo que exigen que dichas designaciones sean transitorias, en particular en el caso del Procurador.
Lo anterior porque consideran “no son idóneas para los retos que enfrentan ambas instituciones, además de no contar con la legitimidad ni reconocimiento para encabezar la transformación hacia el mejor modelo de Fiscalía General de la República ni la consolidación del promisorio Sistema Nacional Anticorrupción.
Estamos absolutamente convencidos que los perfiles requeridos para estos órganos deben estar a la altura del contexto, las exigencias sociales y las necesidades de nuestro país. Estos dos nombres, sin embargo, no lo están”, señalan.
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