viernes, 28 de octubre de 2016

En 15 años, seis proyectos mineros operados por empresas canadienses en México estuvieron vinculados con hechos violentos

Chalchihuites_Mineria
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Según un informe del Proyecto para la Justicia y la Rendición de Cuentas Corporativa (JCAP, por sus siglas en inglés), que es una organización de abogados canadienses, destacó que en los últimos 15 años, seis proyectos mineros operados por empresas canadienses en México estuvieron vinculados con hechos violentos.
Se dio a conocer que ocho personas fallecieron, dos desaparecieron, 14 fueron heridas, 35 fueron detenidas y 83 enfrentaron la justicia.
La organización, también señaló que cuatro de cada diez empresas mineras que operan en América Latina son de origen canadiense y, entre 2000 y 2015, al menos 28 de ellas estuvieron involucradas en afectaciones a los derechos humanos en 14 países del subcontinente.
Además en 11 sucesos violentos murieron personas, ya sean líderes comunitarios e indígenas, víctimas de “ataques dirigidos”, pero también activistas, mineros, policías, guardias de seguridad, periodistas, abogados o sindicalistas.
En el informe se destaca que durante este periodo murieron 44 personas, se perpetraron 15 agresiones sexuales y actos de represión violenta que resultaron en por lo menos 363 personas heridas –212 de ellas eran líderes comunitarios opuestos al proyecto minero– y en 709 casos se reportaron acciones de “criminalización” de la oposición a los proyectos, que abarcan demandas, detenciones y condenas.
Es por ello que, con base en este padrón, la organización observó la “proximidad” entre los proyectos, la violencia y la criminalización, así como la “posible complicidad” de las mineras en contextos de violaciones a derechos humanos. Estas empresas, abundó, “se alían con los gobiernos para frenar la protesta social y, en algunos casos, con grupos criminales”.
En el informe se ejemplifica que, el 7 de abril de 2015 un comando asaltó la mina El Gallo 1 de Mocorito, Sinaloa, y robó 198 kilos de oro. Dos días más tarde, Rob McEwen, director de McEwen Mining, concedió una entrevista a la televisora canadiense Business News Network, en la cual reconoció que “los cárteles están activos ahí; (aunque) generalmente tenemos una buena relación con ellos”.
Así, tres días más tarde, con el afán de apagar la polémica que generaron sus declaraciones, McEwen se retractó y ofreció una disculpa por el “malentendido”, que “creó la impresión totalmente falsa entre los medios mexicanos de que teníamos contacto regular con elementos criminales en su sociedad”.
Es por esto que el JCAP, un conglomerado de abogados y estudiantes en derecho aporta ayuda legal a las comunidades afectadas por las actividades extractivas de empresas canadienses, además, se señala que en sus informes de actividades las empresas mineras ocultaron tres de cada cuatro eventos que provocaron muertes, así como nueve de cada diez casos que generaron heridos.
También observó que cuando las mineras informan sobre un acto violento, suelen minimizar la tensión social generada por la actividad minera. Un ejemplo, mencionado en el estudio, ocurrió en octubre de 2015, cuando la policía nicaragüense desalojó con violencia un bloqueo que paralizaba las operaciones de la mina El Limón, propiedad de B2Gold. El operativo resultó en la muerte de un policía; además, 31 personas resultaron heridas.
“En muchos casos la empresa o el Estado implementaron la ley para desincentivar la protesta o agobiar a los líderes sociales opuestos a la minería mediante procesos legales o encarcelamientos”, señaló el informe, al añadir que según los nuevos lineamientos de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, los actores del sector privado deben ir “más allá” de las leyes nacionales y adoptar códigos de conducta conformes con los mejores estándares internacionales en materia de derechos humanos.
El JCAP también señaló la relativa inutilidad del Consejo de Responsabilidad Social Corporativa (CSR, por sus siglas en inglés) y el Punto Nacional de Contacto (NCP), dos instancias consultivas que deberían revisar las conductas de las empresas canadienses en el extranjero.
De acuerdo con la organización, el CSR apenas recibió seis quejas en sus seis años de existencia, y el NCP investigó cinco casos desde 2011.
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