Al menor militares lo golpearon en cabeza y estómago; Estado pidió a CIDH declare “inadmisible” la masacre de indígenas

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(22 de octubre, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- El siete de octubre de 1998, en la comunidad de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, en Guerrero, durante la madrugada, elementos del Ejercito Mexicano rodearon la escuela primaria “Caritino Maldonado”, en la cual se encontraban dormidos varios indígenas, quienes participaban en una asamblea para tratar asuntos relacionados con proyectos productivos para sus comunidades.

De acuerdo a versiones de los sobrevivientes, el ejercito federal rodeó el lugar e irrumpió, disparando y lanzando dos granadas de fragmentación.

El saldo de aquella emboscada militar, fue de 11 muertos y 5 heridos que quedaron detenidos junto con otras 22 personas, quienes fueron trasladadas a las instalaciones de la Novena Region Militar, en Cumbres de Llano Largo, lugar donde fueron retenidas y sometidas a tortura por dos días.

Entre las personas se encontraban 5 menores de edad, quienes el 9 de junio fueron trasladados al Albergue Tutelar para Menores Infractores en Chilpancingo, exceptuando un menor que se encontraba herido y permaneció en el hospital naval durante un mes.

Pese a la presión de organizaciones y periodistas para conocer los hechos, se les impidió el acceso, así como la información de la situación perpetrada por los militares. Siendo dos días después cuando se les permitiera arribar al lugar, a decir por testigos, “tiempo después que las autoridades se encargaron de borrar todas las evidencias de la violencia”.

Aunque tiempo después se liberó a los indígenas detenidos, mandos militares enviaron a la Fiscalía un nuevo expediente, que dio paso a la solicitud de 17 ordenes de reaprehension, mismas que giró la jueza del segundo distrito de lo penal, Xochitl Guido Guzmán.

La nueva causa penal (17/98), incluyó los delitos de motín, sedición e invitación a la rebelión, sumándoseles al proceso penal 109/A-1/98, así el 27 de junio de aquel año, la juez Guido Guzmán dictó auto de formal prisión a 6 detenidos procesados bajo la causa penal 49/98 por los delitos de rebelión, conspiración e incitación a la rebelión.

Mientras que 5 de los detenidos heridos y mantenidos en el hospital, fueron consignados por el agente del Ministerio Publico Federal (MPF), Gustavo Saavedra, acusados de ser miembros del Ejercito Revolucionario del Pueblo Insurgente, (ERPI) y por los delitos de rebelión, terrorismo, acopio de armas, portación de armas de uso exclusivo del Ejercito y delincuencia organizada.

Cabe señalar que se comprobó que las declaraciones fueron firmada bajo tortura, en el caso de una mujer detenida, narró que le vendaron los ojos, la desnudaron y le dieron toques eléctricos en los pies.

Después le inyectaron y la obligaron a ingerir sustancias desconocidas, además de amenazarla con desaparecerla, cabe señalar que dicha declaración fue filmada y grabada en la zona Militar.

En un documento obtenido por Revolución TRESPUNTOCERO, se da cuenta que “el Ejercito fue quien disparó, la gente estaba desarmada y que a pesar que hubo rendición y se les pidió perdón, sin saber por qué los mataron, y todavía dieron el tiro de gracia”.

Los menores también rindieron un testimonio, en el caso de Adrián Patriarca Agustino, de 16 años de edad, originario de la comunidad de Ojo de Agua, mencionó que “fue detenido en una de las aulas y obligado a tirarse boca abajo y arrastrarse hacia la cancha de basquetbol.

Después lo trasladaron en helicóptero hasta Cruz Grande. Los militares lo golpearon en la cabeza y en el estomago con el puño cerrado, con los ojos vendados, obligándolo a dar nombres de sus familiares y del comisario municipal”.

En tanto, Bernabé García, de 14 años de la comunidad de La Palma, relato que “cuando estaba tirado en la cancha los militares me patearon, trasladándome en helicóptero a Cruz Grande y luego a Acapulco”.

Contrario a esto la versión oficial, por parte de José Luis Ramos Rivera, subprocurador general de la República, fue “no hubo tal masacre, ni hubo siembra de armas, ni se torturó a los detenidos para que se declararan integrantes del ERPI”.

Aun con la documentación y los testimonios aportados en el caso de la masacre de El Charco, el Estado mexicano solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que declare “inadmisible” la petición, de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, que ha pedido al órgano internacional que retome el caso.

La Red también denunció que las viudas y los sobrevivientes permanecen en espera de la verdad y la justicia, de compromisos por parte del gobierno mexicano de no repetición. “Esta masacre ha sido el termómetro que el gobierno ha utilizado para medir el grado de impunidad con el que puede seguir actuando”.

A su vez, han dado a conocer que el gobierno mexicano se ha negado a enviarle la información requerida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el plazo que tenía se venció el pasado mes de agosto del 2015.

La respuesta del gobierno de México también menciona que la petición de admisibilidad “es improcedente” y pide “archivar” la petición. Dicha respuesta fue enviada a la CIDH en junio pasado, sin embargo fue hasta este octubre que se le enteró de esta situación a la Red.

Este hecho de violencia perpetrado por militares, es un claro ejemplo de la impunidad que intenta combatir la ONU en México, puesto que dentro de las recomendaciones del Alto Comisionado de la organización, Zeid Ra’ad Al Hussein, en primer lugar de los 14 puntos se pide la creación de un consejo asesor.

Es decir, “establecer un Consejo Asesor de renombrados/as expertos/as en el campo de los derechos humanos y el combate a la impunidad para asesorar al Estado mexicano sobre estrategias y reformas que impulsen las capacidades de investigación y sanción y para revertir la tasa de impunidad imperante en el país”.

Preciso es señalar que en el país, a decir por el Alto Comisionado 98% de los crímenes denunciados, no obtienen justicia.

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