A 20 años de los crímenes de lesa humanidad a manos del Estado en Chiapas, víctimas y familiares siguen sin justicia

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(24 de octubre, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- La zona norte de Chiapas a vivido por décadas la violencia que ha ejercido el Estado en contra de una región donde existe una gran población indígena, que al mismo tiempo ha sido quien ha enarbolado grandes movimientos sociales.

En 2013, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) realizó una preaudiencia, donde recibió testimonios de decenas de víctimas y sobrevivientes de los años de guerra que padeció este territorio, en las montañas, cuando se llevó a cabo el levantamiento armado del EZLN en 1994.

Estas guerras encubiertas causaron 85 muertes de campesinos civiles y la desaparición de 37 más, además de destruir poblaciones enteras y propiedades.

En aquellos años, en la zona norte hubo tres mil 500 desplazados. Los militares se apoderaron de la zona y no dejaron de hacer patrullajes constantes, a los cuales se unieron los grupos paramilitares.

Según los testimonios de las víctimas aportados al TPP, se perpetraron “violaciones, descuartizamientos, ejecuciones, emboscadas, tortura, asaltos a mano armada. No hubo enfrentamientos o combates, siempre fueron ataques a población civil indefensa y pacífica”.

Susuclumil (“Tierra Blanca” en chol), fue una de las regiones que padeció graves violaciones a sus derechos humanos, las cuales hasta hoy se mantienen en la impunidad.

De esa región era precisamente donde salían los convoyes militares, producto de esto, muchas mujeres fueron secuestradas, abusadas sexualmente, torturadas, asesinadas y/o desaparecidas.

Todos aquellos quienes dieron pie a este tipo de atrocidades, hoy siguen siendo funcionarios, impunes y con un crecimiento económico constante, aseguran las víctimas, para ellos ningún castigo sería suficiente, pero tampoco llegará.

Sobre esta problemática, el Centro de Derechos Humanos Frayba, afirma que “los trabajos de la memoria histórica representan la acción continua, viva para el andar diario, para la creación de alternativas frente a la impunidad del Estado mexicano, cuyas palabras están manchadas de sangre, con todo y sus instituciones.

Es por ello que traemos a la memoria en esta Tierra Blanca, Susuclumil, lugar de memoria, en este sitio de conciencia en donde el Tribunal Permanente de los Pueblos  escuchó la palabra de hombres y mujeres, sobre los caídos, víctimas y sobrevivientes de la estrategia contrainsurgente implementada por el Estado mexicano en el marco del Conflicto Armado Interno no resuelto en Chiapas”.

Frayba, retoma la tragedia de dicha región, com ejemplo de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en la última entidad del sur del país, cuyas muertes siguen en muchos casos en la invisibilidad.

Recordando que con la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1 de enero de 1994, y en medio de las negociaciones para la búsqueda de una salida política al conflicto armado interno en Chiapas, la violencia en la región aumentó.

El control militar era parte del intento de dominio de la situación por parte del Estado mexicano. Con la puesta en marcha del Plan de Campaña Chiapas 94, el Estado mexicano a través del Ejército mexicano, creó paramilitares delegando en ellos el uso de la fuerza, tolerando, permitiendo y facilitando sus operaciones y mostrando una incapacidad para combatirlos.

Así es como, en la zona Norte de Chiapas, apareció el grupo paramilitar Organización Desarrollo Paz y Justicia (Paz y Justicia) quienes entre los años de 1995 a 1999 cometieron sistemáticamente graves violaciones a derechos humanos, en una región con presencia del Ejército mexicano y la Policía de Seguridad Pública quienes tenían sus campamentos y Bases de Operaciones Mixtas en distintas comunidades, de acuerdo a documentación del Frayba.

Cuyos registros dan a conocer 122 casos en la zona Norte de los cuales 37 fueron desapariciones forzadas y 85 ejecuciones extrajudiciales y más de 4500 personas desplazadas de manera forzada, seguida de detenciones arbitrarias, torturas, tortura sexual, hostigamiento, intimidación, destrucción de propiedades, entre otras, cometidas por el grupo paramilitar Paz y Justicia.

Cabe señalar, que los 122 casos se suman de los registrados en los municipios de Sabanilla 17 ejecuciones y 6 desapariciones; en Tumbalá 5 ejecuciones y 1 desaparecido; en Tila 52 ejecuciones y 26 desapariciones; Salto de Agua 11 ejecuciones y 1 desaparecido. El resto de los casos se desconoce el municipio del hecho.

Este 2016 se cumplen 20 años de impunidad de 52 casos (10 mujeres y 42 hombres) registrados en la zona Norte de Chiapas, siendo el mes de junio de 1996 el más violento con un registro de 33 casos (8 mujeres y 25 hombres).

Frayba afirma que durante estos últimos 20 años, los familiares de víctimas y las víctimas sobrevivientes, han planeado y desarrollado la implementación del Plan de Campaña Chiapas 94 en la zona Norte de Chiapas, donde el principal objetivo es continuar “su lucha por la verdad y la justicia”.

De todos estos casos de violaciones a derechos humanos, existen ocho casos emblemáticos (seis ejecuciones extrajudiciales y dos desapariciones forzadas) presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uno de ellos es el de “Rogelio Jiménez López y Otros (Zona Norte)”. el cual se encuentra en la etapa de estudio de Fondo.

Es por ello que Frayba, reafirma que “el Estado mexicano es responsable de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el grupo paramilitar Paz y Justicia.

Ya que este apoyó o toleró la violación de los derechos humanos de las víctimas y sus familiares, además hasta hoy, el Estado mexicano no ha identificado ni mucho menos sancionado a los autores materiales e intelectuales de tales crímenes”.

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