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La popularización de brigadas de búsqueda de desaparecidos es reflejo del hartazgo de los familiares: activista

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(23 de agosto, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- “El calvario que hemos vivido las familias con hijos desaparecidos, la desesperación que los servicios médicos forenses del país estén rebosantes de cuerpos sin identificar y la falta de un banco de datos de ADN son algunas de las cosas que han derivado en la popularización de las brigadas de búsqueda, pero estas no son más que el reflejo del hartazgo de los familiares con desaparecidos.
Siempre hemos priorizado la búsqueda de nuestros desaparecidos primero en vida y después sin vida. Este hartazgo ha hecho que las familias salgan, hasta el día de hoy no tenemos resultados porque la autoridad en su incompetencia lejos de ayudarnos obstruye el trabajo ciudadano”, fue lo que María Guadalupe Fernández Martínez, quien busca a su hijo José Antonio Robles Fernández desaparecido en Monclova, Coahuila, desde hace siete años, espetó a las diversas autoridades que participaron en el foro de discusión en torno a la Ley General Contra la Desaparición Forzada, convocado por el programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.
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La respuesta de María Guadalupe fue principalmente para Eréndira Cruzvillegas Fuentes, titular de la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Procuraduría general de la República (PGR) quien en su ponencia aseguró que “para la procuradora (Arely Gómez González) el tema relativo a la desaparición de las personas es un tema prioritario. A través de la PGR ha sido fundamental abrirnos a los mecanismos de participación de la sociedad civil. Pensar en una iniciativa de ley evidencia que es fundamental partir de sus necesidades para tener la certeza de que se hagan las cosas bien”.
La activista también señaló que el actual Registro Nacional de Desaparecidos no es confiable ni mucho menos la base de datos de ADN “porque aunque hay indicios, cuerpos, restos por donde quiera, no se nos dice nada. No se confronta con los ADN de las víctimas que hemos repartido por las instituciones.
“Estamos cansados, se ha hablado del registro y la base de datos desde hace mínimo tres años y no tenemos certeza, por eso necesitamos esta ley urgente que como bien se dijo fue una recomendación del Comité para la Desaparición Forzada de la ONU, en la evaluación de México desde febrero de 2015”, precisó Fernández Martínez.
En su oportunidad Marcia Aguiluz, Directora programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) detalló a Revolución TRESPUNTOCERO que México carece de un modelo adecuado de búsqueda de desaparecidos desde el ámbito institucional, la especialista propuso que nuestro país debe poner su mirada en el caso colombiano.
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“En la mayoría de los países los órganos de búsqueda tienen participación civil, Argentina, Uruguay, El Salvador y Colombia todos los mecanismos creados prevén que haya una representación de sociedad civil. Por ejemplo, las abuelas de la Plaza de Mayo son parte de la comisión de búsqueda. Eso es importante porque no se puede prever un mecanismo que no tenga participación de las víctimas y de la sociedad civil organizada.
“Los requerimientos de información son otro elemento que debe considerarse, así como la creación de un banco de datos genéticos que en México es todo un reto. En Colombia hay comisiones de búsqueda para casos específicos, además de un mecanismo urgente de búsqueda, un mecanismo del cual habría que analizar su función, pues no es para determinar responsabilidades penales.
“En Guatemala este año se aprobó un mecanismo de búsqueda de mujeres desaparecidas; todavía no se implementa pero propone que si los agentes estatales no brindan información pueden ser sometidos a sanciones penales, pero la ley autoriza para que se suspenda del cargo de forma inmediata a cualquier funcionario que obstaculice la investigación o que se niegue a dar información”, detalló Marcia Aguiluz.
Para los especialista del foro la participación efectiva en términos de la toma de decisiones, no es solo parte de los derechos, sino también de la legitimidad de los mecanismos, por eso es un tema muy importante la integración de los familiares a los organismos de búsqueda.
Prevención es la clave
Marcia Aguiluz mencionó que la prevención es fundamental evitar las desapariciones, por ejemplo en México está pendiente la creación del registro de detenidos, sobre todo cuando son detenidos por agentes estatales o federales. “México debe mejorar y fortalecer este registro para efecto de cumplir efectivamente esta labor, algo que no ha sucedido. Si los agentes reportaran instantáneamente las detenciones sería un mecanismo de prevención ideal de las desapariciones forzadas”, puntualizó Aguiluz.
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En el mismo tema Michael Chamberlain, Subdirector del Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, dijo a Revolución TRESPUNTOCERO que “es necesario distinguir la tarea de la búsqueda, de la investigación del delito. En la mayoría de los casos prima la investigación del responsable, su captura y su procesamiento antes que la búsqueda de la persona desaparecida.
“Debemos distinguir que la metodología a adoptar es diferente y deben ser dos instancias distintas, un tanto basados el modelo de Colombia. La búsqueda de personas vivas debe distinguirse de la búsqueda de personas muertas. La ley pretende un enfoque de búsqueda en vida y eso nos hace evidentemente voltear a ver la problemática de la trata de personas, puesto que la desaparición de personas vivas, en su gran mayoría estará atrapadas en estas redes”.
A manera de conclusión David Fernández Dávalos, rector de la Universidad Iberoamericana mencionó que la instauración de una figura jurídica que sirva para dotar de una participación activa a los familiares de las personas desaparecidas resulta congruente con el andamiaje jurídico de nuestro país.
“El Plan Nacional de Desarrollo reconoce las violaciones a los derechos humanos y la necesidad de restablecer el vínculo de confianza entre la ciudadanía y las corporaciones policiales. De una interpretación armónica de dicho plan y la propuesta para la implementación de una Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, se desprende que está última amalgama todos los objetivos en una misma institución.
“La desaparición forzada de personas implica la intervención de autoridades y particulares. Paradójicamente, en múltiples casos existe una participación activa o pasiva de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad ciudadana. En este sentido el principio de confianza entre personas e instituciones no solo se ha erosionado sino que se invierte; las autoridades se han convertido en una fuente de desconfianza y riesgo para la sociedad en general”, reflexionó el académico.

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