El mensaje que envía EPN a la tropa y a los oficiales del Ejército es que podrán seguir haciendo lo que quieran: Ferri

Por: Antonio Aranda / 19 mayo, 2016

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(19 de mayo. Revolución TRESPUNTOCERO).- El 30 de junio de 2014, el Ejército mexicano envío un boletín informativo donde daba cuenta de la muerte de 22 presuntos sicarios al servicio del narcotráfico como consecuencia de un enfrentamiento con fuerzas castrenses en Tlatlaya, Estado de México.

Sin embargo gracias a las investigaciones del periodista español Pablo Ferri, reportero de la revista Esquire que encontró a un testigo de los hechos, se descubrió cinco semanas después que el convoy militar ejecutó extrajudicialmente a una parte de los 22 presuntos sicarios.

Por los hechos descritos un juez federal dictó auto de formal de prisión contra siete militares involucrados en la matanza de Tlatlaya (un teniente y seis soldados) sin embargo a la fecha seis ya obtuvieron su absolución a pesar que instancias como el mismo Consejo de la Judicatura Federal llegó a expresar públicamente que había suficientes pruebas para iniciar un juicio a nivel federal respecto a la presunta responsabilidad de los implicados y por ello determinó el ingreso en prisión de un teniente y seis soldados.

En este contexto el pasado 17 de mayo el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, coadyuvante en el caso, informó por medio de un comunicado que el magistrado del Sexto Tribunal Unitario en el Estado de México, Adalid Ambriz Landa, decretó la libertad de los tres soldados que enfrentaban un proceso penal en el fuero civil por homicidio calificado y encubrimiento, en la modalidad de alteración y modificación ilícita de vestigios del hecho delictivo, entre otros. Después de esta decisión, la totalidad de los elementos militares que participaron en los hechos del 30 de junio de 2014 en Tlatlaya están libres.

Aunque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también determinó en su Recomendación 51/2014 la existencia de la ejecución arbitraria de por lo menos 12 o 15 personas, la resolución tomada 13 de mayo de 2016 y dictada dentro del expediente 247/2015, sostiene que si bien “alguien privó ilegalmente de la vida a los civiles; no se podía determinar la probable responsabilidad de los militares procesados, pues se requerían de mayores elementos probatorios”.

Peña Nieto se juega su prestigio con Tlatlaya

Para el cuerpo jurídico del Centro Pro la decisión evidencia un Poder Judicial de la Federación poco efectivo para el juzgamiento de los casos graves relacionados con las violaciones a los derechos humanos, pero también muestra la responsabilidad de la Procuraduría General de la República en la realización de una acusación deficiente.

En este sentido coincide la opinión de Pablo Ferri, el periodista que destapó el caso ante la opinión pública. En entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO comenta que “la PGR no ha hecho su trabajo, a la par, el juez ha marcado un estándar muy alto para aceptar las pruebas, los abogados dicen que si los jueces aplicaran ese estándar para todos los casos todos los delincuentes estarían libres”.

Aunque la resolución del magistrado Ambriz no es definitiva y puede ser impugnada por las víctimas reconocidas en el expediente la acción jurídica corresponde la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la cual debe asesorar a las familias sobre la posibilidad de interponer el recurso correspondiente de amparo.

“Hay que esperar, pero considerando que los tres militares acusados no están sujetos a proceso y que los otros cuatro también fueron liberados evidentemente es que no hay, ni habrá justicia. La voluntad política de la PGR será determinante para continuar el caso”, señala el periodista.

Pero la falta de justicia para las víctimas no es la única, el Centro Pro informó que para Clara Gómez González, sobreviviente y testigo de la matanza, la resolución evidencia la falta de acceso a la justicia en México y abre un camino de preocupación en torno a su seguridad y la de su familia.

“Aunque Peña Nieto se juega su prestigio en este asunto eso no significa que la PGR haga bien su trabajo. Y no se juega su prestigio sólo por eso sino que como gobierno civil tiene que ser capaz de proceder contra un poder fáctico como son los militares, incluso tiene que mirar hacia arriba, a la cadena de mando que ordenó, que posibilitó atacar a civiles armados con ánimos asesinos”, señala Pablo Ferri.

El mensaje es impunidad

Ante la absolución de estos tres militares implicados en esta matanza la pregunta que surge en las organizaciones de la sociedad civil es ¿será Tlatlaya otro caso de impunidad? Al respecto Pablo Ferri opina, “el mensaje que envía el gobierno de Peña Nieto a la tropa y a los oficiales es que podrán seguir haciendo lo que quieran”.

Una lectura paralela a la del periodista español, la ofrece Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, quien considera que este caso reseña todas las violaciones graves que los militares realizan en contra de la sociedad civil.

“Es un mal precedente, es una señal grave y con las reformas al código penal militar no solo el Estado niega la voluntad y el deseo popular que el Ejército regrese a sus cuarteles, sino que les ofrece la posibilidad de abatir delincuentes. Todo esto es una señal contrastante con el discurso de los altos mandos de las fuerzas armadas que dicen respetar los derechos humanos”, precisó el activista y académico a Revolución TRESPUNTOCERO.

CNDH pedirá a PGR revisión del caso

Después de conocer la decisión de absolver a los tres militares implicados en el caso Tlatlaya el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, señaló públicamente que pedirá a la PGR tomar en cuenta la información integrada en el informe de la CNDH que acredita los delitos.

Cabe señalar que además de la CNDH, otras 16 organizaciones sociales también evaluaron el fallo del magistrado Adalid Ambriz, del Sexto Tribunal Unitario en el Estado de México, y consideraron grave la resolución pese a las pruebas contundentes contra los miembros del Ejército mexicano.

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