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Por: Cecilia Balderas / 22 abril, 2016
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(22 de abril, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- El diputado Virgilio Caballero criticó que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), privilegie la concesión de frecuencias radioeléctricas en favor de los sectores comerciales y por encima de las demandas de comunidades indígenas -en particular luego de las solicitudes que les fueron negadas a vecinos de las comunidades de San Bernardino Tlaxcalancingo y Santa María Sacatepec, en Puebla- lo que ahonda la situación de desventaja en que se encuentran estas poblaciones.
“El Instituto pide la ‘competencia efectiva’, como razón de ser de la asignación de frecuencias, misma que se refiere a la competencia comercial que es puesta por encima de las necesidades y el derecho de las comunidades indígenas a expresarse y a buscar nuevas formas de comunicación entre sí y con el resto del país”, subrayó el vicecoordinador de los diputados de Morena en San Lázaro, durante la reunión de Comisiones Unidas de Comunicaciones y Radio y Televisión.
En un punto de acuerdo presentado por Caballero y por el diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, ambos de Morena, explicaron que en febrero de 2015, la comunidad náhuatl de San Bernardino Tlaxcalancingo -municipio de San Andrés Cholula- solicitó al IFT una concesión de radiodifusión de uso social; sin embargo, el seis de abril, el Instituto le informó que no existía disponibilidad espectral en dicha zona, aunque no justificó de manera técnica su resolución.
Ante la negativa, la comunidad promovió un juicio de amparo –que quedó asentado en el expediente número 1312/2015- y solicitó que se hiciera un peritaje para comprobar que no había disponibilidad espectral, por lo que la autoridad judicial accedió a la petición. El IFT designó un perito propio; sin embargo, la comunidad no pudo ofrecer un perito particular por falta de recursos económicos.
El peritaje del Instituto menciona que hay dos estaciones ya reservadas, la 90.9 de FM y la 104.3 FM, pero no dio a conocer mayor detalle de los concesionarios, por lo que la comunidad acusó al órgano de proteger frecuencias de uso comercial, con la aplicación de las “separaciones mínimas” contenidas en la disposición técnica IFT-002-2014 y para justificar sus dichos respecto a que no hay disponibilidad espectral para la región cholulteca.
Curiosamente, el perito designado por la Procuraduría General de la República (PGR), a petición de la autoridad judicial, se negó a realizar los estudios correspondientes argumentando que dicha dirigencia correspondía a los quejosos o al Instituto mismo.
A pesar de que el Primer Juzgado en Materia Administrativa Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones determinó que el perito oficial debe ampliar el estudio y dictamen, a la fecha no se han presentado esos resultados.
En noviembre de 2015, la comunidad de Santa María Zacatepec -municipio de Juan C. Bonilla, Puebla- también perteneciente a la región Choluteca, solicitó le fuera asignada una frecuencia, pero el IFT también negó la petición.
A finales del mismo mes, San Bernardino Tlaxcalancingo y Santa María Zacatepec presentaron un expediente conjunto para obtener una concesión de uso social indígena. Actualmente, el trámite sigue abierto.
Sin libertad…
Los diputados argumentaron que aunque las radios comunitarias e indígenas son una herramienta para la organización social, para el fomento de la cultura, lengua y tradiciones, desde julio de 2014 -cuando entró en vigor la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión- decenas de radios comunitarias han sido desmanteladas y sus locutores amedrentados bajo el argumento de que operaban en la ilegalidad.
“Los casos de la comunidad náhuatl de San Bernardino Tlaxcalancingo y del pueblo de Santa María Zacatepec, son un ejemplo del freno a la libertad de expresión, al derecho a la información y al derecho a comunicar impuesto por la autoridad competente”, expusieron los parlamentarios en el texto y señalaron que los requisitos técnicos y la falta de recursos, son algunos de los obstáculos a los que las comunidades indígenas deben enfrentarse para poder operar una radio de manera formal.
Actualmente, la región choluteca recibe 17 señales en Frecuencia Modulada; de este total, 12 son comerciales, cuatro públicas y una religiosa. Ninguna funciona como radio comunitaria o indígena a pesar de que, como señala la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el IFT debe resolver la solicitud de concesiones con criterios objetivos, transparente, no discriminatorios y proporcionales.
La misma legislación señala que el Instituto tiene por obligación reservar 10% de la banda de radiodifusión sonora de FM -que va de los 88 a los 108 MHz- para las concesiones de uso social como radios comunitarias e indígenas; además, también está obligado a prestar asistencia técnica para facilitar que las comunidades solicitantes cumplan con los requisitos.
Aunque legisladores de las comisiones arriba citadas aprobaron solicitar al IFT información sobre los detalles técnicos por los que argumenta que no existe disponibilidad espectral en la región cholulteca, que revise la viabilidad de otorgar las solicitudes y que cumpla los criterios para la administración y concesión del espectro radioeléctrico para estaciones comunitarias e indígenas, la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Lía Limón, presidenta de la Comisión de Radio y Televisión, advirtió que el exhorto al organismo no implica que se vayan a dar las frecuencias.
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