Avances que los expertos han tenido en el caso Ayotzinapa, una amenaza al gobierno de Peña

Por: Sergio Rincón / 11 abril, 2016

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(11 de abril, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa aseguraron que de no ser por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como la colaboración de otros especialistas externos, no se hubiesen conocido los datos que contradijeron a la llamada “verdad histórica” del caso Iguala.

El próximo 30 de abril concluirá la estancia del equipo que asiste la investigación; sin embargo, durante más de un año, el acoso en su contra fue constante por medio de filtraciones, acusaciones y desvío de información.

Desde su llegada en marzo de 2015, los expertos se enfrentaron a las filtraciones de la prensa sobre las investigaciones del caso Iguala, de manera específica los documentos relacionados con las declaraciones de probables responsables. El GIEI informó en aquel entonces que se trataban de averiguaciones previas y que, al menos existían 12 investigaciones abiertas de forma paralela a las pesquisas del expediente del homicidio de seis personas y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.

Si bien el gobierno mexicano ha declarado disposición a la colaboración y a tomar en cuenta los avances de los expertos de la CIDH, también ha faltado “sistemáticamente” a los acuerdos en torno a la labor conjunta firmada en enero en Washington, Estados Unidos, denunció el grupo.

Melitón Ortega, vocero del movimiento de familiares que piden la aparición con vida de los jóvenes y padre del normalista Mauricio Ortega Valerio, dijo a Revolución TRESPUNTOCERO que los avances que los expertos han tenido en el caso Ayotzinapa, han supuesto una amenaza al gobierno que encabeza Peña Nieto.

“El grupo de expertos y el movimiento de Ayotzinapa representan la piedra en el zapato de Peña Nieto, por eso le urge que ya se vayan. Por eso existe esa campaña de descalificación al grupo, al trabajo; por ejemplo, al no permitir que no se ejecuten las nuevas líneas de investigación que se han propuesto”, dijo Ortega.

Melitón informó que en la CIDH, la comisión de padres, organizaciones civiles y el propio gobierno mexicano, firmaron que la colaboración de los expertos seguiría mientras estuviera abierto el caso.

“(Miguel Ángel) Osorio Chong dice que ya el 30 de abril se culmina el tiempo de investigación del grupo y que se debe retirar. Pero Osorio Chong no tiene la decisión sobre el grupo de expertos, quien la tiene es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El convenio dice en uno de los puntos que mientras el caso de Ayotzinapa no se resuelve, no se esclarece, no se termina todo el proceso, no puede retirarse este grupo”, detalló.

Las investigaciones del GIEI, entre otros avances, determinaron que los jóvenes no fueron quemados en el basurero de Cocula, Guerrero. Sumado a ello brindaron nuevas líneas de investigación relacionadas con un autobús que pudo ser el detonante de la agresión a los estudiantes y que la Procuraduría General de la República (PGR) no consignó en el expediente.

A principios de este mes, los expertos de la CIDH anunciaron que la Procuraduría General de la República faltó a los acuerdos de confidencialidad y el previo acceso a la información de las víctimas, pues el primero de abril, la institución que preside Arely Gómez dio a conocer los resultados de un tercer peritaje de fuego realizados en el basurero de Cocula, Guerrero, lugar donde según la versión oficial, fueron calcinados los 43 normalistas.

El peritaje dio más datos a los avances del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), los cuales se conocieron en febrero pasado; es decir, no se trataba de información nueva, pero el manejo que le dio la PGR rompió con los acuerdos firmados en la CIDH, no se privilegió a las víctimas, además que finalmente no se proporcionaron conclusiones.

“Los acuerdos firmados en Washington ante la CIDH señalan que la comunicación de aspectos relacionados con las victimas sería en primer lugar con ellas. Estas cuestiones, no son formalidades, como dicen algunos medios, sino medidas de confianza. Sin ellas no hay credibilidad y no hay posibilidad de trabajo común”, dijeron.

Otro episodio relacionado con la información se dio en septiembre de 2015, cuando la Procuradora Arely Gómez González provocó confusión respecto a los resultados que brindó el Laboratorio del Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck, Austria. Lo que el informe decía, y que replicó textualmente la funcionaria, es que las muestras analizadas no correspondían a Jhosivani Guerrero de la Cruz.

Sin embargo, a la fecha en medios de comunicación se sigue hablando del reconocimiento del joven normalista porque Gómez replicó datos técnicos de manera textual. Hasta ahora, la Procuraduría General de la República no ha aclarado que en el examen de ADN por método mitocondrial, las muestras arrojaron una “evidencia moderada”, pues tenían 78 puntos de verosimilitud con Jhosivani.

Expertos en el tema explicaron a Revolución TRESPUNTOCERO que ningún laboratorio puede determinar el reconocimiento -lo cual implicaría una figura jurídica-, puesto que sólo se limita a dar porcentajes y cuando existe un grado alto de verosimilitud (arriba de mil puntos) emite una postura, pues se trata de una “evidencia muy sólida”.

Christian Mariscal Ramos, catedrático de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), comentó a Revolución TRESPUNTOCERO que la información que dio la Procuradora fue un “plan con maña”, pues la institución cuenta con personal capacitado que pudo haber transmitido de forma eficaz los resultados genéticos.

Por otra parte, tanto en medios de comunicación como en redes sociales se han expuesto supuestos procesos penales, fraudes, acusaciones y demás conflictos contra los cinco expertos independientes. Incluso hubo una demanda -la cual no procedió- contra Emilio Álvarez Icaza Longoria, Secretario General de la CIDH, relacionada con el presupuesto destinado a las labores del equipo independiente.

El pasado 22 de marzo la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR inició una averiguación previa contra Álvarez por “conducta antisocial” en el caso Ayotzinapa.

La demanda fue interpuesta por el Consejo Ciudadano, quien acusó a Emilio Álvarez de haber cometido fraude al Gobierno mexicano por un millón 250 mil y 2 millones de dólares al no cumplir con el acuerdo en el que, como parte de la investigación del caso Iguala, “la CIDH enviaría a México como expertos a personas probas, pero los cinco integrantes del GIEI son todo lo contrario”.

Finalmente la PGR descartó la denuncia. Esto luego que decenas de organizaciones se solidarizaron con el grupo de expertos y pidieron al gobierno mexicano frenar las acciones de descrédito y hostilidad contra los representantes de la CIDH. Inclusive expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidieron al gobierno de México respaldar a los investigadores independientes.

Alejandro Valencia Villa (Colombia), Ángela Buitrago (Colombia), Francisco Cox Vial (Chile), Claudia Paz y Paz (Guatemala) y Carlos Martín Beristaín (España) fueron elegidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 16 de enero de 2015.

Según el acuerdo, firmado por padres de familia de los normalistas, organizaciones civiles y el gobierno mexicano, el mandato del grupo abarcaría las siguientes actividades: “elaboración de planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas; análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales; y análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014”.

El próximo 24 de abril, será la fecha en que el GIEI entregará su informe final sobre el caso Ayotzinapa, donde habrá también recomendaciones al Estado mexicano.

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