Al menos 15 detenidos por caso Ayotzinapa fueron torturados para obligarlos a confesar; Karam, uno de los responsables

Por: Redacción Revolución / 18 abril, 2016

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(18 de abril, 2016. RevoluciónTRESPUNTOCERO).- “A  casi 19 meses de la desaparición de los estudiantes, la versión oficial que hasta ahora sostiene la Procuraduría General de la República (PGR) es que los 43 fueron asesinados y cremados en el basurero de Cocula. La versión se sustenta con testimonios de presuntos miembros del grupo criminal Guerreros Unidos y policías de Iguala y Cocula, quienes habrían confesado su participación en los hechos”. Sin embargo, por lo menos 15 detenidos durante la investigación en el caso Ayotzinapa fueron torturados para confesar su participación en los hechos, imputar a otros y firmar declaraciones prefabricadas.

Los principales responsables de estos hechos fueron; el exprocurador de la República, Jesús Murillo Karam;  el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio  (ambos ofrecieron millonarios sobornos) y el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) Gustavo Salas Chávez. Así lo ha dado a conocer una investigación especial de Proceso con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley y el Fondo para Periodismo de Investigación (FIJ, con sede en Washington).

En dicha investigación -fundada en expedientes judiciales y cartas en poder de dicho medio-  “se encontró que al menos 15 detenidos habrían sufrido violencia sexual –amenazas de violación contra sus familiares y la consumación de algunas de ellas, asfixia, toques eléctricos en genitales y violación– para obligarlos a declarar”.

La violencia sexual, apunta, es “usada como método de tortura para obtener confesiones” y “fue abordada en dos cartas enviadas en febrero y julio de 2015 al gobierno de Enrique Peña Nieto por altos funcionarios de la ONU, a raíz de varios procedimientos especiales ordenados por el Consejo de Derechos Humanos de esa organización, ante las “serias” acusaciones de “detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles e inhumanos y degradantes” por parte de 13 detenidos entrevistados directamente por relatores de las Naciones Unidas”.

La investigación informa que “las víctimas fueron ocho presuntos miembros de Guerreros Unidos: Sidronio Casarrubias, acusado de ser líder del grupo en la región; Gildardo López Astudillo; Felipe Rodríguez Salgado; Patricio Reyes Landa; Agustín García Reyes; Jonathan Osorio Cortés; Marco Antonio Ríos Berber y Raúl Núñez Salgado; así como siete funcionarios de las policías de Iguala y Cocula: Verónica Bahena Cruz, Santiago Mazón Cedillo, Héctor Aguilar Ávalos, Alejandro Lara García, Édgar Magdaleno Navarro Cruz, Jesús Parra Arroyo y Magali Ortega Jiménez”.

Casarrubias denunció ante el juez la tortura y amenazas en su detención, “prácticas que Tomás Zerón, avaló para obligarlo a firmar una confesión prefabricada por la PGR”. Además, semanas después, “afirmó ante el juez en su ampliación de declaración en la causa penal 84/2014, rendida el 25 de febrero de 2015, el entonces procurador Jesús Murillo Karam le ofreció 66 millones de pesos para que le dijera dónde estaban los estudiantes; de no hacerlo, lo amenazaba con que lo iba “a refundir por 80 años en una celda solo””. Dos días después de la denuncia del intento de soborno ante el juez, Peña Nieto removió aMurillo Karam de su cargo.

La víctima también denunció que fue detenido por hombres armados el 15 de octubre, en el restaurante Fogón do Brasil, en Lerma, Estado de México, “junto con tres acompañantes, entre ellos Teresa Rivera Díaz. Lo llevaron a la Ciudad de México, a un edificio que podría ser de la PGR, pues ahí vio a Tomás Zerón”, en un cuarto donde fue llevado narra que alguien se le acercó pausadamente y le dijo al oído “que viene de parte del procurador, que con él puedo arreglar las cosas antes de que sea demasiado tarde” y también le amenazó con “Esta gente te va a hacer que manifiestes lo que se te ordene, porque el procurador lo autorizó”. Entre otras cosas, narró le obligaron a decir que  había sido detenido el 16 de octubre y no el 15, como realmente ocurrió y que antes de llevarlo a la Seido le dijeron: “Pórtate bien y sigue las instrucciones, ya viste que el jefe nos apoya y él personalmente dio la orden”.

Luego de su presentación en la Seido, el exprocurador Murillo Karam, Zerón y el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, salieron a decir en conferencia de prensa que la Agencia de Investigación había logrado la captura de Sidronio Casarrubias, “máximo de Guerreros Unidos”.

Incluso, Karam dijo a los medios que la captura, ayudaría a “resolver el caso de la muerte de seis personas en Iguala y la posterior desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa”.

“Casarrubias no pudo denunciar ante el juez la tortura que sufrió sino hasta el 21 de octubre; aseguró que todo lo dicho en sus dos declaraciones ministeriales era falso”, apunta la investigación.

A principios de noviembre, Murillo Karam convocó a conferencia de prensa para dar por resuelto el caso. Ese mismo día anunció  la detención de Agustín García Reyes, Patricio Reyes Landa y Jonathan Osorio, “cuyos casos de tortura también han sido retomados por la ONU”.  El exprocurador “afirmó que confesaron haber recibido a los estudiantes, haberlos matado en el basurero de Cocula y haberlos quemado; desde entonces, la versión oficial de la PGR no ha cambiado, aunque las pruebas científicas de tres grupos de expertos afirman que eso no sucedió”.

A pesar que la ONU mandó una carta a Enrique Peña Nieto afirmando que la defensa particular de Casarrubias “pudo aportar al juzgado pruebas sobre las agresiones que sufrió y que presenta múltiples síntomas de estrés postraumático y daños físicos” y que la PGR inició la averiguación previa 406/AP/DGDCSPI/14 por el delito de tortura contra quien o quienes resulten responsables, “el gobierno de Peña Nieto reiteró que hay elementos que avalan la detención de Casarrubias”, concluya la investigación.

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