Aprueban minuta que suspenderá derechos y garantías; “cheque en blanco para que EPN haga y deshaga”: Morena

Por: Redacción Revolución / 30 marzo, 2016

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(30 de marzo, 2016. RevoluciónTRESPUNTOCERO).- La tarde de este martes,  la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados aprobó una minuta a partir de la cual, se modificará el artículo 29 de la Constitución. De este modo, se ‘regulará’ la  suspensión de garantías en caso de “invasión, perturbación grave de la paz u otro que ponga a la sociedad en peligro”. Esta modificación significa la restricción o suspensión de derechos y garantías en el país.

Los diputados respaldaron -en una aplastante mayoría en la que PRI, PAN, PRD, PVEM, PES y Panal votaron a favor y Movimiento Ciudadano se limitó a “abstenerse”- la minuta enviada el 9 de diciembre pasado por el Senado, argumentando que “es preferible contar con un mecanismo que regule la atribución presidencial de suspender garantías en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública u otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto”.

Tal y como sucedió con la ‘Ley Atenco’ – la ‘Ley para Regular el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México’ que criminaliza la protesta en dicho estado-  La bancada delMovimiento de Regeneración Nacional (Morena) fue el único partido que votó en contra.

Y es que la llamada ‘Ley para regular decretos de suspensión de derechos y garantías’ establece que “para garantizar las condiciones de estabilidad necesarias que permitan la protección de todos y cada uno de los derechos fundamentales, en ciertas ocasiones es necesario suspender o restringir algunos de ellos”. De esta manera, “la perturbación grave de la paz pública o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto” será parte de lo que dará pie a la suspensión de derechos.

En la minuta, no se descarta que los derechos humanos sean suspendidos. A pesar que establece que serán los derechos patrimoniales, los derechos reales, los derechos personales, los derechos de crédito, los derechos de autor o los derechos de propiedad intelectual “ los que se han pensado como más factibles de suspender o restringir durante los estados de excepción”,  advierte: “ahora bien, no es descartable que ciertos derechos humanos puedan ser suspendidos o restringidos en su ejercicio pero, en todo caso, deberá existir una razón legítima fundamentada en principios democráticos orientados a la protección integral de los derechos humanos”.

Según un comunicado emitido por la Comisión, esta norma -de 34 artículos y dos transitorios- precisa que esto “sólo procederá en casos de Invasión (entrada, sin autorización, de fuerzas armadas de otro país a cualquier parte del territorio) y de Perturbación Grave de la Paz Pública (situaciones de violencia que alteren la estabilidad social y pongan en riesgo la integridad, seguridad o libertad de la población y que representen una amenaza a la capacidad de las instituciones del Estado para hacerles frente).

“También, en situaciones de Grave Peligro o Conflicto (circunstancias excepcionales que generen afectaciones a la población por factores de orden sanitario, ambiental, climático, químico o físico, o bien, por acciones que los expongan a emergencias o desastres, sean de origen natural o antropogénico).

El Presidente de la República deberá someter a consideración del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, en su caso, el proyecto de decreto para declarar una restricción o suspensión. Estas soberanías tendrán que considerar el caso de obvia y urgente resolución, votarlo en un plazo no mayor a 48 horas y convocar a sesión extraordinaria, de ser necesario”. Asimismo la Suprema Corte de Justicia, por su parte, deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad y validez de los decretos.

En ‘defensa’ de dicha medida, la priista Mercedes del Carmen Guillén Vicente dijo que  “reúne los estándares internacionales de derechos humanos, de tal forma que organismos con representación en México, como el Alto Comisionado de la ONU, están absolutamente convencidos de que el documento se encuentra dentro de los parámetros”.  Cesar Alejandro Domínguez Domínguez, del mismo partido, dijo que se trata de un “avance significativo en el momento en que estamos viviendo actualmente”, ya que “permite cuidar las garantías y los derechos humanos, además de que da pie a un círculo virtuoso en el que participan todos los Poderes de la Unión”.

Los perredistas y panistas también celebraron, ejemplo de ello fue Ulises Ramírez Núñez, quien justificó esta ley diciendo que “los actos terroristas que se observan en varias partes del mundo han trastocado la forma de cómo debemos vivir y regular nuestras convivencias” y que “países como Francia, han solicitado a organizaciones internacionales aplicar el Estado de excepción”.

La bancada de Morena, sin embargo, enfatizó los riesgos de dicha medida: “Lo manejan tan general, ¿cuándo va a ser, a perturbar la paz pública?, ¿una marcha, una manifestación? ¿cuándo? No especifica, ¿cuándo va a ser? Cuando los mexicanos decimos: no estamos de acuerdo con las medidas que están tomando, entonces estás perturbando la paz pública”, dijo Rocío Nahle, coordinadora del partido, quien no dejó de apuntar que la aprobación de esta minuta significa “entregar el poder absoluto al Presidente para suspender derechos y garantías en los casos que se estipulan en la norma, es un cheque en blanco para que haga y deshaga en este país, que es de los que tiene mayor violación a los derechos humanos”.

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