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Militares que ejecutaron a 6 sacerdotes jesuitas han sido detenidos para su posible extradición a España

Por:  / 6 febrero, 2016
Presentación21
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(06 de febrero, 2016).- En noviembre de 1989, los jesuitas españoles Segundo Montes, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Armando López, Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López fueron ejecutados con disparos en la cabeza tras ser puestos de rodillas en el jardín de la casa en la que vivían dentro del  campus de la Universidad Centroaméricana.
Un coronel, dos tenientes, un subteniente y cinco soldados del batallón de élite Atlacatl fueron procesados por la masacre, pero en 1991 un jurado absolvió a siete de los acusados. Otros dos se beneficiaron en 1993 de una amnistía decretada por el presidente Alfredo Cristiani (1989-1994), pocas horas antes de la publicación de un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, que responsabilizó a los altos mandos militares del asesinato de los jesuitas.
Este viernes 5 de febrero, elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), acompañados de agentes de la Interpol en el país, llegaron a las viviendas de militares acusados por el asesinato de los sacerdotes jesuitas, ocurrido el 16 de noviembre de 1989, y capturaron a tres de los 17 requeridos en un proceso abierto en la Audiencia Nacional de España.
La captura sucede un mes después que el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional reiterara la vigencia de una alerta roja con difusión internacional contra los militares a la Interpol. El 5 de enero, Velasco envió una copia de la órdenes de captura a la PNC para que estas se hagan efectivas en territorio salvadoreño. Velasco ya había emitido una orden de captura a mediados de 2011, pero en agosto de ese año los militares lograron refugio en un cuartel de la Fuerza Armada Salvadoreña.
Fue  pasadas las 9 de la noche de este viernes, que Lisandro Quintanilla, abogado de 13 de los 17 militares, confirmó a medio de comunicación El Faro que la PNC realizó allanamientos y que “la única persona que tengo claridad que ha sido capturado es Tomás Zárpate de Castillo”, dijo. Fuentes policiales también confirmaron la captura del subteniente José Antonio Ramiro Ávalos Vargas y del coronel Guillermo Alfredo Benavides, exdirector de la Escuela Militar.
La PNC desplegó un fuerte operativo en la Colonia Arce de la capital, cercana al Estado Mayor de la Fuerza Armada salvadoreña y conocida como la “colonia de los militares”. En la zona, la policía bloqueó las salidas de las viviendas de los requeridos con carropatrullas, pero según declaró Quintanilla, en ese lugar no se efectuaron más detenciones: “si no los han encontrado es porque no están en sus viviendas”, dijo.
Quintanilla declaró que desconoce si ya han sido capturados el resto de los militares, hacia dónde serán trasladados, ni bajo las órdenes de cuál juez serán remitidos. Cerca de la medianoche, familiares de uno de los capturados en el municipio de Colón, La Libertad, acudieron a las instalaciones de la División Central de Investigaciones de la Policía para preguntar por su pariente. Los familiares, que no quisieron identificarse ni dar el nombre del detenido, denunciaron maltrato durante el allanamiento, que la PNC no mostró la orden de captura y pidieron un trato justo.
Las órdenes de captura giradas desde España responden a un proceso abierto en contra de los militares, éste sería el primer paso que España necesitaba que se llevara a cabo antes de pedir una extradición a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) salvadoreña. Sin embargo Quintanilla ha dicho que la extradición “no procede”.
Los militares, que ocuparon altos cargos en la jerarquía militar durante la guerra, formaban parte de un grupo conocido como “La Tandona”. Y ha sido una jueza de Estadios Unidos quien determinó que un excoronel salvadoreño puede ser extraditado a España para responder al cargo por su supuesta participación en la planificación de la masacre de los seis sacerdotes jesuitas.
La jueza magistrada federal Kimberly Swank consideró procedente la extradición de coronel retirado Inocente Orlando Montano Morales, una decisión que supone un paso importante en los esfuerzos para juzgar a los cargos militares salvadoreños por la muerte de los religiosos, la mayoría de los cuales eran españoles.
Un magistrado de la CSJ explicó que el procedimiento a seguir consiste en que la PNC deberá remitir a los militares a la CSJ, y la Corte Plena (compuesta por 15 magistrados) deberá designar un juez administrador del proceso. Una vez que España solicite la extradición, la Corte Plena deberá deliberar si esta procede o no.
“Ahora estamos por fin en un juego de valientes. Cara acara. Ahora la Corte tendrá que responder y cabe la posibilidad de que por fin se pueda resolver sobre el fondo de una solicitud de extradición”, declaró vía telefónica, desde Estados Unidos, Almudena Bernabeu, abogada del Centro para la Justicia y la Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés), la organización querellante en el caso abierto ante la Audiencia Nacional de España.
Si se confirman que la PNC ha admitido la alerta roja como una orden de captura, esto significa cumplir con la legalidad internacional y saca el caso del ámbito de lo político, del que hace tiempo debió salir, y lo lleva por fin al terreno hasta ahora inexplorado de lo jurídico”, añadió la abogada, quien dijo estar emocionada y “sorprendida” con la noticia del operativo de capturas.
“Dispongo reiterar a las autoridades de El Salvador de las órdenes de detención de entrega que se encuentran en vigor de Inocente Orlando Montano, Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, Francisco Elena Fuentes, José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Óscar Mauricio Amaya Grimaldi, Antonio Ramiro Ávalos García, Ángel Pérez Vásquez, Tomáz Zarpate Castillo, José Alberto Sierra Ascensio, Guillermo Alfredo Benavides, Joaquín Arnoldo Cerna Flores, Carlos Mauricio Guzmán Aguilar, Héctor Ulises Cuenca Ocampo, y Óscar Alberto León Linares”, se lee en el documento, con fecha del 4 de enero.
Hace dos semanas, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos falló en contra del exdirector de la PNC, Mauricio Ramírez Landaverde (hoy ministro de Justicia y Seguridad), por no cumplir con su trabajo para capturar a los militares. Montano fue detenido en 2011, en el estado de Virginia, donde residía, con cargos por fraude migratorio. El militar mintió en la información que presentó a las autoridades para renovar su Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). En 1989, cuando ocurrió el crimen de los jesuitas, Montano era el viceministro de seguridad pública durante el gobierno de Alfredo Cristiani.
La jueza determinó que hay indicios suficientes de que Montano participó en la planificación del crimen de lesa humanidad, y dejó claro que su eventual responsabilidad debe ser determinada por la Audiencia Nacional de España.
Con esta decisión, será la primera vez en la historia de El Salvador que un tribunal civil juzgue a altos oficiales del Ejército y según fuentes judiciales, el jurado deberá ser seleccionado por sorteo, utilizando las nóminas del Registro Electoral. Una fuente judicial, que requirió el anonimato, calculó que por lo menos pasarán dos meses antes de que se pueda formar el jurado.
En aquel hecho, también fueron asesinadas la cocinera de los religiosos, Elba Ramos, y su hija, Celina, de 16 años, salvadoreñas. La matanza perpetrada en las instalaciones de la Uca, cercana a la Escuela Militar, se dio cuando en el país regía un toque de queda para controlar una de las más grandes ofensivas de la guerrilla.
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