Gobierno de EPN ha abandonado la política de prevención de la violencia; reduce presupuesto a Pronapred: OSC

Por: Edgar Rosas / 26 febrero, 2016

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(26 de febrero, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- “En el caso de Arturo Escobar, existe una presión por parte de los allegados del ex vocero del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para que no se le investigue conforme a derecho. Es preocupante porque con ello México pierde una gran oportunidad de combatir la corrupción y la impunidad.”

Así lo manifestaron las organizaciones integrantes de la Coalición Ciudadana por la Prevención Social de las Violencias, quienes lamentaron que en el caso de Arturo Escobar el pacto de impunidad se mantenga.

En conferencia de prensa, manifestaron su preocupación por la falta de información sobre el proceso que las autoridades llevan en contra del exsubsecretario de Prevención del Delito. Aseguraron que la justicia en el país es selectiva, y que la negativa para girar orden de aprehensión a Escobar, lo demuestra.

“En el caso Escobar se está perdiendo una gran oportunidad de combate a la impunidad y a la corrupción. Algo que hemos señalado desde el inicio es la presión contra el fiscal (Santiago Nieto) y contra la juez (Rosa María Cervantes, quien negó la orden de aprehensión); nos parece que el caso debe tomar un camino meramente judicial y no político”, aseguró Carlos Cruz, integrante de Cauce Ciudadano.

El activista consideró que las presiones vertidas contra el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade)-son parte de “articulaciones mafiosas”. Consideró que esta clase de actitudes por parte de la clase política  para evitar el desarrollo de una investigación no se pueden seguir dando en México.

“Nos parece que esta forma de actuar de los grupos políticos en México, en algunos países se conoce como parte de estas articulaciones mafiosas.  Lo que vemos es que la presión que se ejerce hacia la FEPADE, hacia su titular, el nivel de amenaza -que también dibuja una amenaza velada contra la juez- es justamente lo que no puede seguir pasando en el país. Los fiscales y los jueces deben tener la oportunidad de hacer un ejercicio en libertad, y democracia. Tenemos que generar las condiciones para que aquellos que están al frente de estas áreas tengan esa posibilidad de hacerlo sin miedo a recibir algún tipo de daño en su integridad personal, o patrimonial, o en términos de su trabajo”, expuso.

Cruz enfatizó que se debe permitir al fiscal y a la juez responsable “desarrollar un ejercicio de justicia y que no sólo sea un proceso de presión política por parte del PVEM en contra de estos funcionarios”.

“Hay una presión mediática, un mecanismo de desprestigio contra el fiscal. Esa presión no solo tenía una dirección con el fiscal, también tenía una manera de hacerle ver a la juez qué iba a enfrentar si emitía la orden de aprehensión (…) Esa es la forma mafiosa de actuar; así actúa la mafia: golpea al fiscal de manera tal, que el juez sabe perfectamente que no puede proceder y no puede girar una orden de aprehensión”, dijo.

En este sentido; Enriqueta Cepeda, integrante de INCIDE Social, aseguró que no hay duda de la presión en contra de la FEPADE, misma que llevo a este organismos a no impugnar la decisión que negó la orden de aprehensión a Arturo Escobar.

“Preocupa sobre manera la falta de información sobre qué ha sido del juicio contra Arturo Escobar. Si bien no nos sorprende la decisión de la juez  Rosa María Cervantes -sobre declarar improcedente la orden de aprehensión en contra de Escobar- no deja de ser un hecho que cuestiona la ética con que operan nuestros servidores públicos.

“Nuestro derecho a la información no se ha cumplido, puesto que solicitamos a la PGR la versión pública del pliego de consignación de Arturo Escobar, y a la juez la versión pública de su resolución  y se nos ha negado”, detalló.

En este sentido, la defensora expuso que el “enfriamiento” en la investigación contra Arturo Escobar, así como el silencio de la FEPADE, no es más que “la consecuencia directa de la campaña de amedrentamiento y desprestigio en contra del fiscal, Santiago Nieto”.

“La Política de prevención de las violencia ha sido abandonada”

Las organizaciones integrantes de la Coalición Ciudadana por la Prevención Social de las Violencias señalaron que tras la salida de Arturo Escobar de la subsecretaria de Prevención, las problemática dentro del Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred) se mantienen.

Señalaron que en la actualidad el programa para prevenir las violencias se encuentra paralizado, entre otras cosas, porque aún no hay titular de la Subsecretaria de Prevención; además que el presupuesto se ha reducido y los lineamientos del Pronapred se publicaron tardíamente.

“Es preocupante que un programa cuya implementación es urgente tenga una reducción tan significativa de su presupuesto -22% en comparación con el 2015-. Mientras tanto el gasto destinado a los partidos se mantiene; ahí se ven las prioridades del Estado mexicano”, denunció la Coalición.

Advirtieron de la posibilidad de que sea designado como titular de esta instancia una persona no apta para el puesto, como lo fue Arturo Escobar.

“Ya son tres meses que Arturo Escobar salió de la subsecretaría por las acusaciones en su contra. Ya llevamos tres meses sin un responsable de una política toral para México, que es importante ante los graves problemas de violencia.

“Lo lamentable es que se vislumbra la posibilidad que lleguen personajes de dudosa calidad moral e incluso con dudosas competencias para ejercer el cargo. Llamamos a que no suceda, no podemos seguir asignando en puestos tan importantes como este desde lo político o improvisando. Eses es el  llamado a EPN  y a Miguel Ángel Osorio Chong, para que designen a una persona competente”, dijo Alfredo Peña, representante de México Unido Contra la Delincuencia.

Aunado a lo anterior, las diversas organizaciones expresaron su preocupación ante un posible uso electoral del Pronapred. Dijeron que de cara a las elecciones de 2016, el riesgo de que el programa y sus recursos sean utilizados con fines proselitistas aumenta.

“Hay un abandono del gobierno de Enrique Peña Nieto a la política de prevención de las violencias; y esto se puede observar por la falta de interés para designar a un subsecretario con reconocidas capacidades técnicas y solvencia moral, así como a la disminución del presupuesto, que es la mitad de lo que se le designa a los partidos.

“La preocupación que tenemos las OSC es que el nombramiento del titular de la Subsecretaria de Prevención tenga relación con el uso con fines políticos del Pronapred, porque los perfiles que se están mencionando, están vinculados a los partidos, lo que releva la tentación que hay en el gobierno federal de utilizar la política de prevención con fines proselitistas”, apuntó Alfonso Celestino de INCIDE Social.

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