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Por: Cecilia Balderas / 30 diciembre, 2015
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(30 de diciembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- A pesar que la tendencia internacional es reconocer y generar jurisprudencia respecto al fenómeno de maternidad subrogada, en el Senado de la República, la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mely Romero Celis, presentó una iniciativa de ley que pretende “prohibir que se disponga el cuerpo humano con el propósito de realizar la gestación por sustitución” y además, sancionar a quienes participen en el procedimiento, lo promuevan o favorezcan.
Para la senadora originaria de Colima, la propuesta para modificar la Ley de Salud es necesaria, pues implica tomar medidas para “preservar los derechos humanos de nuestras mujeres y de nuestros niños”; sin embargo, los argumentos expuestos ante el Pleno de la Cámara Alta no incluyeron estudios o cifras oficiales respecto a un hecho que, si bien aún no tiene reconocimiento jurídico, es una realidad en nuestro país.
Romero Celis argumentó que a consecuencia de la falta de legislación en la materia, nuestro país es percibido a nivel internacional como “el paraíso de la maternidad subrogada…un lugar en el que la explotación de mujeres con fines reproductivos se lleva a cabo de manera legal, según las normas de algunos estados”.
“Es una mina de oro, así lo consideran, porque resulta que la renta de vientres en México es 70% más barata que en Estados Unidos y en otros países, incluyendo el viaje recreativo y turístico que se les prepara a las playas de Cancún a todas las parejas interesadas en buscar a una madre sustituta…Esta es una práctica que de hecho se ha convertido en un negocio multimillonario”, sostuvo la legisladora en tribuna.
La priista afirmó que en nuestro país la contratación de vientres incluye una “contraprestación económica” entre 10 y 150 mil pesos, cuando en otros países oscila entre 30 y 45 mil dólares.
“Esta es una práctica que en principio se puede entender como altruista, sobre todo para apoyar a aquellas parejas que desean tener algún bebé y que no pueden lograrlo; sin embargo, al haber de por medio una contraprestación económica, se ha convertido en una industria multimillonaria. Lo reitero. Sobre todo, se ha generado una problemática singular que es la que tiene a muchas mujeres y niños, inclusive en una situación lamentable”, dijo.
La otra perspectiva
Tres semanas más tarde, el cuatro de noviembre, en la Cámara de Diputados se presentó una iniciativa sobre el mismo tema, pero abordado desde un punto de vista totalmente diferente.
Maricela Contreras, diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), propuso modificaciones a la misma Ley General de Salud, pero para garantizar que existan relaciones más justas y humanas, en lugar de negar la realidad del fenómeno de gestación subrogada –como una técnica de reproducción asistida- o peor aún, dijo, “utilizar la ley como medida de represión en el ejercicio de los derechos”.
En su exposición, la legisladora explicó que la reproducción asistida ya se realiza en instituciones de salud pública y de la iniciativa privada de nuestro país; sin embargo, no se cuenta con una regulación que proporcione certeza a todos los involucrados en el procedimiento como al personal médico, quienes recurren a ella y los menores que nacen a consecuencia del mismo, pues persiste un vacío legal sobre la afiliación y la protección de los derechos fundamentales.
“Tomar la decisión de ser madre o padre a través de la reproducción asistida es multifactorial y va desde la causa de infertilidad. Si hablamos de esto, en México existen alrededor de un millón y medio de parejas que tienen problemas para concebir”, explicó Contreras.
La exdelegada de Tlalpan argumentó que la gestación subrogada ya está regulada en países como Inglaterra, Francia, Italia, Costa Rica y España, por lo que la legislación en la materia va enfocada a garantizar el derecho de las personas a procrear, pero también a regular este tipo de prácticas para hacerlo a través de ciertas prerrogativas y límites.
“México ya no puede permanecer ajeno a esta regulación, máxime que actualmente la práctica médica de gestación subrogada ha empezado a extenderse por todo el país y se regula de manera aislada como es el caso de Tabasco y Coahuila”, pero subrayó que toda ley es perfectible y agregó que las modificaciones a la Ley General de Salud pretenden dar certeza jurídica a los derechos reproductivos –consagrados en la Constitución- y al ejercicio a la libertad de decisión para ejercer la paternidad con pleno respeto al principio de igualdad.
La legisladora agregó que es necesario entender que la construcción social sobre el concepto de familia ha cambiado, por lo que es necesario incluir en la ley antes mencionada, un capítulo denominado “Gestación subrogada”, en el que se plasme el concepto de este tipo de maternidad y se establezca qué las técnicas de reproducción asistidas, deben garantizar el respeto a la dignidad humana e interés superior del menor, pues se plantea que estas deben realizarse sin fines de lucro para ambas partes.
La iniciativa propone incluir obligaciones para los médicos tratantes como el secreto profesional, asesoramiento médico a todas las partes explicándoles riesgos, alcances y la formalización del acuerdo ante un notario público.
Se especifica que para la gestación subrogada, la mujer gestante no debería haber tenido un embarazo en un año y que no se podrá gestar a través de técnicas de producción asistida en más de dos ocasiones, lo que a su juicio, “evita que esta práctica se realice con fines de lucro o pueda dar pie al tráfico de personas” y para evitar el lucro, se propone establecer reglas para la certificación de los nacimientos de este tipo.
“En suma, esta propuesta busca regular la realidad y no evadirla. La gestación subrogada es una opción para garantizar el derecho a ejercer la maternidad o la paternidad; no debemos negar esta posibilidad”, dijo Contreras.
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