#LeyFayad: amenaza y retroceso; de nueva cuenta el PRI va por control de la red

Por: Redacción Revolución / 1 noviembre, 2015

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(01 de noviembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- El martes pasado, el senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por Hidalgo y expresidente municipal de Pachuca, ciudad capital de dicha entidad, presentó una iniciativa de ley titulada: “Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos”, que ha sido fuertemente criticada, entre otras cosas, por haber sido redactada en coordinación con la Secretaría de Gobernación (Segob), cuyo titular es otro hidalguense: Miguel Ángel Osorio Chong, y con el visto bueno de la Policía Federal.

A decir del legislador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Virgilio Caballero, el Grupo Hidalgo -al que pertenecen ambos políticos además del extitular de la Procuraduría General de la República (PGR) y también extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el cansado Jesús Murillo Karam- trabaja en paralelo al Grupo Atlacomulco de Peña Nieto, con el objetivo de legitimar y legalizar “un Estado autoritario y militar”.

Entre las críticas más arduas son las hechas a ciertas partes del articulado que propone el hidalguense; por ejemplo:

Artículo 16:

“A toda persona que, sin la autorización correspondiente o excediendo la que le haya sido conferida, acceda, intercepte, interfiera o use un sistema informático, se le impondrá una sanción de uno a ocho años de prisión y multa de ochocientos a mil días de salario mínimo vigente.

Artículo 17:

“A todo aquel que dolosamente destruya, inutilice, dañe o realice cualquier acto que altere el funcionamiento de un sistema informático o alguno de sus componentes, se le impondrá una sanción de cinco a quince años de prisión y multa de hasta mil días de salario mínimo vigente”.

Artículo 21:

“A quien, a través de medios informáticos, acose, hostigue, intimide, agreda o profiera cualquier forma de maltrato físico, verbal o psicológico en contra de usuarios de Internet, de forma reiterada y sistemática, se le impondrá una pena de seis meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a ochenta días de salario mínimo vigente”.

“El artículo 11 obliga a cualquier empresa de telecomunicaciones (como Telmex, Movistar, AT&T) y cualquier proveedor de servicios en Internet (como Google, Facebook, Twitter, Uber) a entregarle a las “policías cibernéticas” cualquier información que requieran de cualquier usuario y colaborar con ellas en lo que ellas consideren necesario. Sin autorización judicial, sin ningún control o salvaguarda contra el abuso”, explica Luis García de la R3D.

Amenaza…

La organización Artículo 19 advirtió que la iniciativa de Fayad “supone graves riesgos para las libertades en internet de los ciudadanos mexicanos” por atentar contra los derechos a la libertad de expresión, privacidad y acceso a la información, además de promover sanciones físicas por la realización de “actividades legítimas en internet, e incrementa las capacidades de vigilancia de los cuerpos policiales”.

“Respecto a la libertad de expresión, impone restricciones ilegítimas a este derecho y considera que las actividades como “[…] el periodismo digital, la publicidad y las opiniones, mensajes o elementos vertidos en redes sociales” pueden derivar en menoscabos del patrimonio, la reputación, el honor o la actividad profesional de alguien”, explica la organización.

Por si fuera poco, en el artículo 3, fracción, II hace alusión al término “terrorismo informático”, que sanciona con cárcel cualquier “difusión de información con el objetivo de causar pánico y desestabilización de la paz pública”, lo que abre la puerta a la penalización de cualquier persona que comparta contenidos críticos al gobierno que puedan ser considerados este delito.

“Consideramos que este proyecto de ley marca un severo retroceso en las libertades de los mexicanos y las mexicanas, y que una iniciativa de este tipo debe pensarse desde el inicio con una perspectiva incluyente y considerando el respeto a la privacidad, a la libertad de expresión, al acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas y la proporcionalidad de las sanciones”, sostuvo la organización.

No es la primera vez…

Sin embargo, la denominada #LeyFayad no es el primer intento por “regular” la red.

En abril de 2014, también se generó un debate respecto a la iniciativa en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, presentada por Peña Nieto, pues diversos académicos alertaron sobre la posibilidad de que parte del articulado permitiera a las autoridades intervenir en el control de la red.

En esa ocasión, el Artículo 145 proponía que servidores de Internet podrían “bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario, cuando medie orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad”.

En el 197 se pretendía explicitar la facultad de “bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes”.

En esa ocasión, Mony de Swaan, expresidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones advirtió que “los artículos necesitarán una redacción precisa y menos abierta a interpretación…Veo un riesgo de censura. Ese margen de interpretación es peligroso”, dijo entonces.

Raúl Trejo Delarbre, expresidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, declaró en diversos foros y medios de comunicación que la “indefinición de ciertas zonas grises” podría dar pie a temer que la ley fuera propicia para un “presidencialismo autoritario”.

El experto en seguridad, Alejandro Hope, señaló en un foro realizado en el Senado de la República que “el problema fundamental de esta ley es que parece no haber control judicial. Hay un problema claro de redacción”.

La atención mediática que se le dio a esta iniciativa, además de los fuertes cuestionamientos realizados por expertos, académicos y otros estudiosos del tema, lograron que se modificara el articulado de la ley; sin embargo, otra vez el “nuevo PRI” echa a andar la caballada para tratar de controlar y limitar una red que, hasta ahora, se ha caracterizado por su pluralidad.

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