Indígenas que viven en pobreza extrema han sido encarcelados por no permitir despojo de sus tierras en Chiapas y Tabasco

Por: Emma Martínez / 15 octubre, 2015

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(15 de octubre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- En el municipio de Ixtapangajoya, Chiapas, colindante con Teapa, Tabasco, habita desde 1973 un grupo de campesinos e indígenas choles y tzotziles, en un promedio de 285 hectáreas denominado ‘Doctor Rafael Pascacio Gamboa’, el cual ha sido catalogado como  con de “muy alta marginación”, y con “presencia indígena dispersa” de acuerdo al catalogo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) 2013.

Dicha población tiene su asentamiento en las laderas de los cerros, en una zona de alto riesgo, ya que constantemente hay desprendimientos de rocas de distintas dimensiones. Uno de los casos más sobresalientes ocurrió el año pasado cuando una roca de poco más de 10 toneladas, cayó y destruyo parte de las casas, pese a esto las autoridades no han querido oficializar que la comunidad se encuentra en una región de alto riesgo.

Aquel sitio no es apto para las viviendas, y solamente cuenta con un centro de salud que no tiene personal, y una pequeña escuelita de CONAFE, carentes del resto de servicios públicos incluidos la energía eléctrica. La principal vía de acceso es una vereda sinuosa de 2 kilómetros, que se tiene que atravesar para llegar a la carretera Ixtapangajoya. Ese es el mismo recorrido que deben realizar a pie, para obtener agua, cargando los recipientes desde donde se encuentra el único arroyo, que en época de lluvia suministra agua turbia no apta para el consumo humano, hasta sus hogares.

Este grupo se compone de aproximadamente 20 familias, pero en el otro extremo del predio, ubicado a 40 minutos (a pie), se encuentra otro grupo de alrededor de 15 familias que pertenecen al mismo poblado, en iguales condiciones materiales y económicas. En ambos casos el total de sus habitantes, muchos de ellos analfabetas y de la tercera edad, se dedica a las labores agrícolas, en terrenos escarpados y pobres para dicha actividad, los ingresos son complementados con trabajos eventuales en las fincas plataneras o su empleo como jornaleros en ranchos vecinos.

Aún así la situación sigue siendo paupérrima, porque los ingresos en la primera actividad son escasos y en la segunda el salario es mínimo por los costos de traslado y los tiempos de trayecto hasta las plataneras.

“Pareciera que la miseria que padece esta población no se termina, ya que están encerrados en un conflicto por las tierras que por su colindancia con Teapa, Tabasco han provocado un severo problema. Ellos desde hace décadas mantienen la gestión de regularización del predio de 285 hectáreas, el grupo en el 2012 hizo la solicitud a la entonces Secretaría de la Reforma Agraria para la regularización, cuando ellos hacen esa solicitud ya militando nuestra organización, se inicia el proceso sin mayor problema, así fue como la Dirección de la Propiedad Rural de la oficina de Terrenos Nacionales, de la hoy Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), asignó un folio a la solicitud de los campesinos, dando paso al deslinde, lo que significa que por fin las tierras serían oficialmente suyas”, explica a Revolución TRESPUNTOCERO Juan Jiménez López, representante del Movimiento Social Democrático Independiente de Tabasco.

Lo anterior generó preocupación y molestia, ha decir por Jiménez López, a un grupo de ‘caciques’ de Tabasco, encabezado por Raymundo Cano Brindis y José Mollinedo, quienes pelean una parte de esas 285 hectáreas que el grupo de indígenas ha solicitado durante muchos años.

“Al ver que el proceso era favorable para estos campesinos, estos dos personajes llevan a cabo un operativo, acompañados de policías estatales de Tabasco, quienes con violencia entraron al predio para desalojar a las familias, quienes se replegaron después de presenciar la quema de una casa, ese fue primer acto de represión que vivieron los compañeros.

Pocos meses después detuvieron a tres compañeros, entre ellos una compañera mujer y los acusaron de distintos delitos, no había pasado ni un mes cuando fueron por otro compañero y al poco tiempo hubo otro operativo, ahora con mayor agresividad, ingresaron en el poblado se metieron a las casas y detienen a un compañero, siendo ya cinco las personas que este mes cumplen dos años de no obtener justicia. Las acusaciones son por delitos del fuero común en dos causas penales diferentes, asociación delictuosa, daños en pandilla y despojo en plantilla”, afirma Jiménez López.

Ellos son María Luisa Ruiz Ruiz, de 52 años de edad; Julio Cesar Carrera Álvarez, de 62 años; Marcos Martínez Méndez, de 46 años; Cornelio López Rodríguez, de 26 años y Pedro Muñoz Méndez, de 62 años.

Aunque la organización ha aportado la documentación que soporta que sus compañeros son inocentes y que por solicitar la regularización de sus terrenos de forma legal fueron hostigados con la cárcel, no ha sido tomada en cuenta para su liberación. Sin embargo, han continuado con el proceso referente a las tierras, el cual también ha tenido distintos obstáculos; “obtuvimos un primer deslinde, aunque los encargados de éste en SEDATU Chiapas, realizaron un contubernio con los caciques y viciaron y corrompieron el proceso a manera que ellos salieran favorecidos, por lo cual, como organización impugnamos el resultado y se logró un segundo deslinde, el cual llegaría en dos o tres meses, es decir a mediados de 2014, pero esto no ha sucedió hasta la fecha, han puesto una serie de pretextos para que esto no se lleve acabo”, asegura Jiménez.

Esto aun cuando un grupo de representantes viajó a las oficinas de la dependencia en la Ciudad de México y demostró con una serie de pruebas, entre ellas fotografías, que los trabajadores de SEDATI, favorecían a los nombrados ‘caciques’, porque gozaban de incentivos, como ejemplo dieron cuenta de la asistencia a fiestas, comidas y viajes en autos de lujo, propiedad de estos dos personajes, con ello se demostró “el nivel de corrupción es solapado por gobiernos estatales de Chiapas y Tabasco”, con lo cual consiguieron el despido de los trabajadores, pero no el avance del caso.

Lo cual ha derivado en manifestaciones constantes en Chiapas, en Tabasco y el Distrito Federal, tanto por la liberación de sus compañeros, como por la liberación de las tierras, “sabemos que cuando esto último pase, no habrá ningún tipo de delito que perseguir en nuestros compañeros y podrán salir libres, es por ello que no descartamos próximas acciones tanto locales, como a nivel federal, con respecto a la dependencia para que agilice los trámites y de por solucionado este problema”, comenta Jiménez.

Aunque hace un año la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso de Tabasco, emitió un exhorto al gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI); el Comisionado Nacional para el Diálogo con las Comunidades Indígenas, de la SEGOB; la Procuraduría General de la República; así como las Procuradurías de Justicia de los Gobiernos de los estados de Tabasco y Chiapas y el Tribunal Superior de Justicia de Tabasco, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, agilizaran los trámites, el cese al hostigamiento en contra de los familiares de los detenidos, el esclarecimiento de los hechos que se les atribuyen y la liberación de los cinco miembros indígenas choles y tzotziles del Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI-CNPA MN), la comunidad sigue encontrado lentitudes, retrasos e incluso omisiones de algunas de las dependencias.

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