Ejidatarios que se oponen a la construcción de basurero tóxico en su comunidad son acusados de despojo

Por: Redacción Revolución / 18 octubre, 2015

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(18 de octubre, 2015).-  Acusados por despojo de inmueble, al menos dos de los integrantes del movimiento en contra del confinamiento de residuos peligrosos en General Cepeda, Coahuila recibieron este viernes citatorios para una audiencia judicial.

En julio pasado, Revolución TRESPUNTOCERO dio a conocer que con amenazas, sabotajes a reuniones pacíficas, dádivas y división entre los habitantes de General Cepeda, uno de los municipios más pobres de Coahuila, autoridades federales, estatales y el empresario Daniel Calvert buscaban imponer la construcción de un basurero tóxico.

De concluirse el Centro Integral para el Manejo de Residuos Industriales (Cimari), de la empresa Sociedad Ecológica Mexicana del Norte, filial de Grupo Ecolimpio, que cuenta con accidentes industriales en su historial, se confinarían metales pesados y lodos impregnados con hidrocarburos, a tan sólo 2.5 kilómetros del poblado más cercano.

En su lucha contra el basurero tóxico, los habitantes del poblado han padecido la indiferencia de las autoridades locales y el tráfico de influencias ha decir por ellos, además de la presencia de policía estatal y municipal a manera de intimidación. Los citatorios son el más reciente recurso en contra del pueblo, aseguran los integrantes del movimiento, firmados por Olga Deyanira Fuentes Ramos, Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral de Saltillo, los documentos fueron entregados en el ejido Noria de la Sabina.

En ese ejido cepedense, desde el 6 de octubre pasado un grupo de campesinos mantienen bloqueada la entrada al predio donde hasta ese momento se construía el Cimari. Los documentos fueron dirigidos a Pedro Hernández Delgado, ejidatario de Noria de la Sabina, y a Pedro Vielma Rodríguez, comisariado Ejidal de San Antonio del Jaral, otra de las comunidades que se oponen al confinamiento por considerar que contaminará la tierra y el agua de la región.

Los imputados fueron citados a una audiencia inicial el lunes 19 de octubre a las 11:00 horas. De acuerdo al documento están acusados del delito de despojo de inmueble y se les advierte que de no presentarse se podrá girar una orden de comparecencia en su contra.

“Yo no voy a ir porque no he hecho nada malo, no he cometido ni un error, no he robado ni matado, ni nada”, expresó Pedro Vielma, “nosotros estamos defendiendo nuestras tierras, porque nosotros ahí vivimos, ¿y para dónde vamos a agarrar si nos van a contaminar todo?”.

“Que vengan aquí ellos, que se presenten aquí en el terreno, nosotros qué tenemos que ir a hacer en las oficinas de ellos”, dijo por su parte Pedro Hernández, “nosotros estamos peleando nuestro terreno por eso estamos aquí”. Los campesinos expresaron que se trata de una forma de intimidación, pero afirmaron que no los harán claudicar en su lucha.

“Somos muchos”, manifestó Hernández, “yo no me mando solo, manda la gente, somos 20 ejidos a quienes nos van a perjudicar por lo pronto, ya después van a ir contaminando más ejidos”.

Los campesinos insistieron en que no están invadiendo propiedad privada porque el camino donde se encuentra el campamento se “vendió” de forma ilegal a Javier Calderón, representante de la empresa Sociedad Ecológica Mexicana del Norte (SEMNSA).

El trámite de redestino de las tierras ejidales, donde el camino pasó de ser de uso común a un predio parcelado y bajo la posesión de SEMNSA, se firmó el 31 de agosto de 2014 con el aval de 28 de los 37 ejidatarios de Noria de la Sabina, más del 75 % requerido por la Procuraduría Agraria.

No obstante, los inconformes aseguran que fueron engañados porque no se dijo que serviría para la construcción de un confinamiento de residuos peligrosos y que fueron vendidas 45 hectáreas a 2 mil pesos cada una.

Entre las afectaciones a los 6 mil habitantes más próximos al proyecto, los denunciantes prevén la dispersión de tóxicos por aire, al ser una zona de viento; la contaminación del agua, incluyendo a la presa El Tulillo, en una zona semidesértica en la que los poblados dependen del abastecimiento de pozos artesianos; enfermedades por contaminación que los campesinos no tendrían capacidad de afrontar económicamente, y la pérdida de valor de las tierras y un consiguiente desplazamiento, pues de acuerdo con los pobladores, “ya nadie querría invertir en donde hay un confinamiento tóxico”.

Los denunciantes señalaron que la empresa consiguió el permiso de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) “en lo oscurito”. De la misma forma le fue otorgado el cambio de uso de suelo municipal; está pendiente el permiso de construcción municipal. Además, precisaron, la empresa pasó por alto la consulta previa que debe hacer.

La ley ambiental establece que para poder realizar un proyecto como el Cimari es necesario promover una consulta pública, y que el resumen del proyecto debe publicarse en un periódico de gran difusión. Grupo Ecolimpio lo hizo en un periódico de escasísima circulación, El Heraldo de Saltillo. Así, el 18 de octubre de 2014 la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat otorgó la autorización en materia de impacto ambiental. Hasta ahora, 22 autoridades ejidales han manifestado su oposición al proyecto.

Los ejidatarios han lamentado que México no cuente con regulación estricta sobre residuos tóxicos ni con funcionarios competentes y honestos, además de que por la corrupción existente “lo que hay queda en letra muerta”.

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