Tortura funciona como rutina del poder en México; legislación crea incentivos perversos para reproducirla: expertos

Por: Edgar Rosas / 25 septiembre, 2015

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(25 de septiembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- La tortura en México “se ha enraizado en las instituciones encargadas de procurar justicia”, así lo han afirmado diversos organismos de la sociedad civil que han dado seguimiento al tema y que hoy en día avalan lo expuesto por el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Méndez, quien afirma que en el país este fenómeno es generalizado.

Sobre el tema, Ernesto López Portillo, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), afirmó que en la actualidad la práctica de la tortura es utilizada por parte de las corporaciones policiacas como un método de investigación, que incluso se ha configurado como una rutina del poder policial en México.

Al presentar el tercer informe de resultados de la Campaña Nacional para Prevenir la Tortura-iniciativa emprendía por Insyde desde el 2012- López Portillo también aseguró que hoy en en día a pesar que hay cientos de casos de tortura, no existen culpables sancionados.

“Como antecedente debemos decir que Insyde ha confirmado que las instituciones policiales en general en México padecen crónica debilidad en sus sistemas de rendición de cuentas. El conflicto que buena parte de la policía mantiene con los DD.HH, es en parte consecuencia de la debilidad de sus sistemas de rendición de cuentas. Según todas las fuentes de información disponibles, la policía en México utiliza la tortura como medio de investigación. Insyde confirma que la tortura llega a funcionar como rutina de poder policial (además que) el sistema penitenciario también es un espacio de reproducción amplia de la tortura”, manifestó.

En este sentido, agregó que la legislación vigente es uno de los elementos que contribuye a que los casos de tortura denunciados permanezcan en la impunidad. Además, agregó, México no puede mejorar en materia de derechos humanos sin frenar la utilización de la tortura.

“La legislación aplicable sustantiva y procesal se ha colocado como parte del problema, creando incentivos perversos que reproducen la impunidad de la tortura.  Lo mismo sucede con los procesos y diseños institucionales de las autoridades que están a cargo de investigarla. Además el subregistro oficial de la tortura y la impunidad con la que esta se mantiene se retroalimentan de manera recíproca.

“México no puede conciliar su relación con los derechos humanos sin contener la tortura y demostrarlo así con evidencia empírica. La contención de la tortura requiere la creación de múltiples herramientas especializadas. La reforma penal y la reforma de DD.HH. crea incentivos para la implementación progresiva de dichas herramienta y la campaña (nacional contra la tortura) contempla una estrategia política que rompe las barreras de entrada institucional, justamente mediante la provisión de esas herramientas”, señaló.

Aunado a esto el director de Insyde dio algunas cifras sobre la tortura en los últimos años. Dijo que de 2006 a 2014 se presentaron 8,784 quejas por tortura ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), además que este mismo organismo emitió 80 recomendaciones por este fenómeno entre 2001 y 2014. También señaló que entre 2006 y 2013, 140 casos de tortura se mantuvieron abiertos. De manera particular subrayó que a pesar que existe un gran número de denuncias por el delito de tortura, de 2005 a 2013 sólo existieron cuatro sentencias y entre 2006 y 2016 una sanción.

Por lo anterior, añadió: “decimos y hoy repetimos, en México encontramos torturados pero no podemos encontrar y menos sancionar a quienes torturan”.

La Campaña Nacional para Prevenir la Tortura

“La campaña es una acción colectiva encaminada a proveer instrumentos especializados para prevenir, investigar, sancionar y reparar la tortura e impulsar acuerdos de implementación sostenible. Esta acción colectiva involucrar actores independientes y autoridades del Estado”, así lo explicó Ernesto López Portillo.

El directivo de Insyde señaló la importancia de visibilizar el fenómeno de la tortura. Dijo que para poder avanzar en la erradicación y prevención del fenómeno primero debe ser contemplado y no marginado del panorama nacional y de la discusión publica, así como lo han tratado de hacer las autoridades mexicanas.

“Estamos construyendo la red de interlocución a nivel nacional que identifique la tortura como un tema de la agenda pública. Hemos dicho, y la propia teoría de las políticas públicas lo reconoce así, que un problema que no se menciona en el espacio público es un problema que no existe en la agenda pública. El primer y más importante logro de la campaña es la interlocución amplia y sostenida en 17 entidades, que refieren a la tortura como un problema que en efecto existe.

“Estamos insertando a la tortura entre los temas críticos, en la agenda de reforma de la seguridad pública y la justicia penal, porque no era un tema. Estamos diseñando, produciendo, distribuyendo e implementando una plataforma integral de herramientas de calidad (a través de la Campaña Nacional).

López Portillo reiteró que hoy en día la Campaña tiene presencia en 17 estados de la república en donde se trabaja con los funcionarios involucrados en el tema- como los policias- de la tortura para concientizar e implementar estos mecanismos que erradiquen la tortura. Entre las herramientas desarrolladas por la Campaña y que hoy en día se encuentran aplicando se encuentra  la plataforma de capacitación a distancia en derechos humanos y prevención de la tortura.

“Participaciones relevantes con lo que tiene que ver con el sistema de capacitación a distancia: Policía Federal con 664 personas registradas en la plataforma y las comisiones nacional y estatales de DD.HH. con 293 personas registradas. También se encuentran involucrados custodios, esto a petición de la propia CNDH.

“Hemos llegado a 17 entidades, ya sea con actividades de la sociedad civil, autoridades o ambas en cada entidad y  el proceso ha sido diferente. A veces más fácil, otras más difícil, como también a veces es imposible trabajar con autoridades en entidades en materia de tortura”, dijo.

En este sentido reiteró que en algunos lugares como Puebla, Guanajuato, Jalisco y Tabasco, no se puede ni siquiera hablar de tortura. Sentenció que personal de corporaciones policiacas o de comisiones de derechos humanos deben mejorar para atender la tortura.

“El problema de la tortura es un problema enorme. Se ha convertido en rituales de corporaciones policiacas o militares”, dijo.

“Necesario dejar de validar testimonios obtenidas bajo tortura”

Para el juez Carlos Castresana, quien combatiera la corrupción en España y dirigiera la comisión contra la impunidad en Guatemala, para comenzar a erradicar el fenómeno de la tortura es fundamental que las autoridades reconozcan el problema.

“Hay que empezar a reconocer que el problema de la tortura existe para arbitrar las soluciones. En este sentido esta campaña me parece una contribución a la ciudadanía y el Estado de derecho invaluable.  Estos tres años de concientización, capacitación, dirigidos a los actores del problema: a los Ministerios Públicos, a policías, a personal de comisiones de DD.HH., porque donde están los actores del problema es donde se tienen que empezar a construir las soluciones”, señaló.

El juez español enfatizó que para poder frenar el fenómeno de la tortura es necesario que los jueces penales desechen cualquier prueba obtenida bajo tortura. Dijo, además, que es necesario  sancionar a los perpetradores de este crimen y mandar el mensaje que quien utilice esta práctica será castigado.

“Las pruebas obtenidas directa o indirectamente de la tortura tienen que ser declaradas como nulas, tienen que ser rechazadas, consideradas inexistentes, tienen que dictar sentencias absolutorias porque sólo de esa manera los que fabrican el producto (emplean la tortura), que son los policías, empezaran a entender que tienen que trabajar con métodos diferentes.

“(Esto) tiene como destinatarios los jueces penales. Esa tortura existía en España y empezó a desaparecer sólo porque los jueces empezaron a rechazar las pruebas ilícitamente obtenidas. Empezaron a absolver a los acusados contra los cuales la única evidencia que se tenía era su confesión obtenida bajo tortura”, manifestó,

El jurista señaló que las corporaciones policiacas deben empezar a “trabajar bien”, con métodos de investigación científicos, y dejar de lado la tortura como la única forma posible para “obtener resultados”. 

“Tienen que empezar a trabajar bien. Ahora siguen trabajando mal, en buena medida, porque a pesar de hacerlo les sigue dando resultado, cuando ya no les den resultado entenderán que tendrán que cambiar su método de actuación, y puede que no se erradique la tortura pero sí dejará de hacerla endémica, regular, sistemática, rutinaria como método de trabajo en las corporaciones policiales.

“Esa tarea significa concienciar al poder judicial porque al final, en cualquier estado de derecho los jueces y sobre todo los penales son los últimos garantes  de los derechos de los ciudadanos.

Si ellos no asumen esa responsabilidad, si siguen igual que algunos responsables políticos en el negacionismo, esto no se va a solucionar nunca”, dijo.

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