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Por: Cecilia Balderas / 21 septiembre, 2015
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(21 de septiembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Al menos nueve organizaciones que integran la Red de Alerta Temprana Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh), presidida por Adrián Ramírez, denunciaron el deterioro de salud que padece Rubén Sarabia Sánchez, dirigente popular poblano mejor conocido como Simitrio, así como el riesgo en que se encuentra su vida por falta de atención médica.
Simitrio, asesor de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre (UPVA), se encuentra preso desde el 19 de diciembre de 2014 en el penal de San Miguel, en la ciudad de Puebla, luego de que un juez penal decidiera revocarle el beneficio de libertad anticipada.
Hace algunas semanas, la radióloga Jaqueline García Martínez le practicó un ultrasonido de abdomen, luego de que la la encargada del área médica del Centro de Readaptación Social (CERESO) así lo solicitara.
Tras conocer de los exámenes, la doctora concluyó que los problemas fundamentales en la salud de Simitrio son: hígado graso con manifestación de cirrosis y bazo crecido al extremo, condiciones que además de alterar sus funciones metabólicas también obstruyen la producción de plaquetas y presionan la vena aorta, lo que agrava los problemas de hipertensión y la presencia de una posible encefalopatía hepática.
El internista, Juan Carlos Vázquez Ávila; el gastroenterólogo, Miguel A. Espinosa Sánchez; el reumatólogo Jorge Rojas Rodríguez y la propia radióloga indicaron que era necesario que a Sarabía se le practicara un estudio de tomografía de contraste y una endoscopia.
Pero los médicos enviados por la Secretaría de Salud de Puebla el pasado dos de septiembre, Jorge García, “urgenciólogo” y Alán Córdova, médico internista, no consideraron necesario que le fuesen realizados dichos estudios de laboratorio, por lo que Simitrio no recibió tratamiento médico alguno, lo que generó que su estado de salud se deteriora aún más, al grado de correr el riesgo de perder la vida ante la posibilidad de un “sangrado de varices esofágicas”.
Ante esta situación, las organizaciones exigieron al gobierno federal, encabezado por Peña Nieto y al de la entidad, al frente del que se encuentra Rafael Moreno Valle, brindar de manera inmediata la atención médica requerida por Sarabia Sánchez – como lo mandatan “Los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, signadas por México- pues su precaria condición de salud se agrava por la diabetes e hipertensión que padece.
Los activistas hicieron un llamado a organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein; al Representante en México de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Esteban Hernández Valencia y al Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, para que en el marco de sus atribuciones, llamen la atención del Estado mexicano sobre este tema y expresen su preocupación por la gravedad de los hechos.
También solicitan que se eviten retardos en la administración de justicia de Simitrio, se garantice el derecho al trabajo a los miembros de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre; el derecho de petición y audiencia con las autoridades estatales y municipales solicitado por los miembros de la UPVA 28 de octubre, así como privilegiar el diálogo con ellos y que no se continúen generando condiciones para la violencia.
Las organizaciones subrayan: “rechazamos profundamente la criminalización de la protesta social y nos manifestamos enérgicamente contra la violación a los derechos fundamentales de los luchadores sociales y de los defensores de derechos humanos en nuestro país”.
Denuncias de los vendedores
Los integrantes de la Unión Popular de Vendedores ambulantes 28 de octubre, denunciaron ser víctimas de acciones represivas impulsadas por parte del gobierno estatal quien ha creado un clima de violencia en su contra, además de mantener su negativa al diálogo, lo que ha generado la dilación en la solución de los conflictos.
Los comerciantes tenían previsto reunirse el pasado 17 de septiembre con Mario Rincón González, titular de la Secretaría de Gobierno Municipal, con el objetivo de llegar a acuerdos para que les permitiera regresar a sus puestos de trabajo y destrabar el conflicto; sin embargo, el funcionario pospuso el encuentro y los espacios tradicionalmente otorgados a la organización fueron repartidos entre otros vendedores.
Los vendedores exigieron que se cancelen las órdenes de aprehensión en contra de otros dirigentes de la UPVA 28 de octubre, Rita Amador López y Xihuel Sarabia Reyna, además de que les sean devueltas sus áreas de trabajo en el mercado “Miguel Hidalgo”, de las que fueron desalojados con violencia por la policía estatal y civiles armados.
Entre las organizaciones que exigen la intervención de dependencias del orden nacional e internacional destacan: la Fundación Diego Lucero A.C.; la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México, (AFADEM-FEDEFAM); la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, (ANAD); el Observatorio Nacional de Prisiones México, (ONP México); la Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos, (RUMODH); el Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo A.C.; la Asociación de Derechos Humanos del estado de México, (ADHEM); el Comité de Familiares de Personas desaparecidas en México; Alzando Voces y el Comité de Defensa de Derechos Humanos CHOLOLLAN.
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