Estado mexicano brutalmente torturador y homicida; facilita levantones y desaparición forzada: Penagos

Por: Emma Martínez / 24 septiembre, 2015

¡Dale Like, comparte y deja tus comentarios!

(24 de septiembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Jorge Antonio Parral Rabadán laboraba como administrador de la plaza de cobro PC-30 de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) en el Puente Internacional localizado en Ciudad Camargo, Tamaulipas. En este sitio fue secuestrado por un comando armado de la delincuencia organizada. Durante el rapto también fue robado su automóvil.

Parral Rabadán había realizado un gran número de solicitudes de protección a CAPUFE, en las cuales aseguraba que la creciente ola de violencia de ese lugar, en algún momento, provocaría el robo, muerte o secuestro de alguno de los trabajadores que ahí se encontraban sin protección alguna.

Un par de días después y sin que este hecho se relacionara con el secuestro de Parral Rabadán, el Ejército dio a conocer que en aquel lugar hubo un enfrentamiento entre miembros de la SEDENA y un grupo de delincuencia organizada en el rancho “El Puerto”, en Nuevo León, durante el cual “fueron abatidos tres sicarios”. Según sus informes, en ese lugar fueron detenidas cuatro personas y rescatadas siete presuntamente secuestradas, quienes fueron trasladadas ilegalmente a declarar a las instalaciones de la 7a Zona Militar.

A la par del suceso anterior, la familia de Parral Rabadán exigió a CAPUFE presentar una denuncia ante la PGR en Reynosa, Tamaulipas, la cual se hizo hasta 48 horas después de la presión de los familiares. La PGR, sin embargo, comunicó a los familiares que no investigaría el paradero de su familiar para no exponer a sus elementos a ser víctimas de la delincuencia organizada. Fue así como la familia de Parral Rabadán acudió́ a otras instancias con la finalidad de encontrar ayuda para buscar a su ser querido. Durante dos meses sostuvieron entrevistas con diversos funcionarios de dependencias gubernamentales, tales como la Dirección General de CAPUFE, la Secretaría de Gobernación, la Agencia Federal de Investigaciones, la Policía Federal y la Presidencia de la República. En ninguna de estas instancias se logró la finalidad deseada.

Sin embargo, los familiares de la víctima no dejaron de lado la investigación e insistieron en ella. Hicieron su propia averiguación de hechos y recurrieron a la SEIDO, dependencia que después de meses atrajo la investigación del secuestro y desaparición de Parral Rabadán. Los resultados eran los mismos: retrasos en las averiguaciones y nulas explicaciones. La familia decidió entonces proporcionar distintos datos a la dependencia, uno de estos fue el número de averiguación previa relacionada con el vehículo particular de la víctima. Así, después de varios meses, por fin se dio cuenta del paradero de Parral Rabadán.

La SEIDO determinó que una de las tres personas que fueron abatidas por elementos de SEDENA en el rancho “El Puerto” no era un sicario sino Jorge Antonio Parral Rabadán, quien fue víctima de una abuso de la fuerza y ejecución extra judicial a manos del Ejército Mexicano.

Para la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), misma que da a conocer este caso con documentos en poder de este medio, existió un contubernio entre SEDENA, PGR y SEMEFO, derivado de la ocultación de la identidad de Parral durante poco 11 meses a pesar de haber encontrado su vehículo particular y sus identificaciones oficiales en el lugar de los hechos. Esto según consta en la averiguación previa AP26/2010/III/2.

Días después de su ejecución, Parral Rabadán fue enviado a una fosa común, intentando desaparecer cualquier rastro para encontrarlo. CAPUFE nunca apoyó a los familiares en su búsqueda de justicia y no ha cumplido las obligaciones laborales que tiene con Parral Rabadán.

Al tiempo, pese que se asegura que siguen abiertas las investigaciones del caso, no han sido contundentes para esclarecer los hechos y para dar con los responsables de la ejecución y desaparición forzada del Parral Rabadán (incluso después que el Ejército fuera obligado a declinar su competencia en favor de la SEIDO). La escasa labor realizada ha sido por presión e incluso aportación informativa de los familiares. El Ejército ha negado toda clase de información, incluso, alterado la escena del crimen.

Como este caso, la CMDPDH acompaña y representa siete casos sobre desaparición forzada, sin embargo, en ninguno de ellos se ha sentenciado a alguna persona por la Comisión del delito de desaparición forzada. Tampoco se han localizado ni buscado de manera inmediata ni adecuada a las personas desaparecidas, y en la mayoría de los sucesos, no se conocen las verdaderas condiciones y circunstancias de la desaparición. Además, muchas de las investigaciones hechas por las Procuradurías que investigan los casos, han sido deficientes y las victimas muchas veces son las que aportan elementos o inician la búsqueda de sus familiares desaparecidos.

El doctor en sociología y especialista en criminalística, Rodrigo Penagos, afirma en entrevista para este medio que “El Estado mexicano (brutalmente torturador y homicida), aplica de forma ya común la doctrina del desaparecido, teniendo solamente dos intenciones: una será propiciar o causar la muerte del capturado y otra, su tortura con algún propósito ulterior. En ocasiones es culpable directo o culpable por omisión, sin embargo en ambas situaciones el propósito es demostrar que tienen el poder y lo pueden usar en contra de la sociedad. No importa las facilidades que tengan para esclarecer un caso, si es del pueblo nunca lo harán y más si en la misma situación son doblemente culpables”.

A su vez asegura que el Estado en su totalidad y desde sus distintas esferas de poder, facilita los levantones, desaparición forzada, homicidio, tortura y tratos crueles, producto de siglos de permitírselo: “la sociedad ha contribuido por medio de la aceptación de estos hechos, ha crear fuerzas que son capaces de asesinar a sangre fría a plena luz del día, frente a varios testigos, o levantar jóvenes que solamente transitaban por la calle, o a disparar a personas y asegurar que eran narcotraficantes, o que a su vez estos los usen de escudos humanos sin que, en medio de una absurda guerra contra el narco, nadie haga nada por ellos, nada que no sea revictimizar”.

“Se podría pensar “¿dónde pasa eso?” o “seguro aquí eso no va pasar y es una exageración”, pero, sucede en el norte con los jóvenes a quienes inculpan de delincuentes y los grandes medios de televisión e impresos se encargan de exhibir, cuando eran unos trabajadores que se les atravesó la corrupción e impunidad de las fuerzas armadas. Pasa en el sur a los indígenas y pasa en el centro a los periodistas y en todo el país a toda la sociedad que no tiene ni el dinero, ni el poder para salvaguardarse de la misma delincuencia que el gobierno solapa”.

El sociólogo también asegura que el elevado número de secuestros y delitos, con similitudes a las desapariciones forzadas, son cometidos por grupos del crimen organizado. Sin embargo, actualmente la sociedad ha desechado que sean los únicos que puedan provocar este delito, pues no todas las personas desaparecidas han sido secuestradas por grupos del narcotráfico actuando de forma independiente,

Por el contrario, la participación del Estado en las desapariciones forzadas es  imprescindible y está totalmente presente en el país. Existen numerosas organizaciones civiles nacionales e internacionales que han dado cuenta de un sinfín de casos en donde el hecho ilegal se realiza con apoyo directo o indirecto de algunos funcionarios públicos, pero los  mandatarios del poder callan porque su costo político es muchísimo más importante que la vida de cualquier mexicano (mucho más si es pobre y/o indígena).

“Tenemos un Estado que aborrece a su población, las mismas autoridades federales han dado a conocer que el 92 % de los delitos cometidos en México catalogados como desaparición forzada o secuestro, se encuentra en  el fuero  local y no federal. Estas mismas autoridades sostienen que mientras las licitaciones federales están bien equipadas, y cuentan con personal profesional y entrenado, las locales son débiles y con menor desarrollo profesional, además de no contar con muchos recursos humanos y financieros. Aunque a la hora de impartir justicia ninguna de las dos son eficientes, mucho menos si se trata del pueblo”, asegura Penagos.

La CMDPDH ha evidenciado que, hasta la fecha, el Estado mexicano no cuenta con investigaciones adecuadas ni efectivas en materia de desapariciones forzadas. Lo anterior ha generado una altísima cifra de impunidad, al tiempo que ha obligado a los familiares de las victimas de desaparición forzada, iniciar y emprender las investigaciones en la búsqueda de sus familiares. Es el gobierno quien debería elaborar protocolos encaminados a la búsqueda inmediata e investigación de los casos de desaparición forzada, así́ como capacitar al personal de las procuradurías que participan en la investigación de dichos casos. Deben también investigar, procesar y sancionar (tanto penal como administrativamente) a los ministerios públicos federales y locales, así́ como a sus superiores jerárquicos por no llevar a cabo investigaciones y procesos penales diligentes que tengan por objeto llevar a juicio a los responsables de haber cometido el delito de desaparición de personas.

¡Comenta, debate y comparte!, ¡Romper el cerco informativo, crear conciencia y promover el cambio verdadero, está en tus manos.

¡No te pierdas y comparte mi canal youtube

Por cierto, ¿Ya hiciste tu contribución económica?, ¡Espero tu apoyo para www.tiraderodelbote.com http://ow.ly/qbLIv