EPN es el principal opresor; desde hace 7 años es el responsable del intento de despojo: poblador Xochicuautla

Por: Edgar Rosas / 9 septiembre, 2015

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(09 de septiembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Desde el año 2008, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, los intentos de despojo en contra de la comunidad indígena de San francisco Xochicuautla han sido un elemento permanente. Hoy, a siete años, esta intención de quitar las tierras a los pobladores no ha cesado, y en cambio, desde el gobierno federal se ha iniciado una “embestida” que pretende consolidar el proyecto carretero Toluca-Naucalpan.

“El principal opresor en estos momentos y causante de lo que ha estado sucediendo desde hace siete años es Enrique Peña Nieto (…) desde hace siete años iniciamos una lucha sin igual, primero cuando Peña Nieto era gobernador del Estado de México, y hoy como presidente de la República”, estas fueron las palabras de José Luis Fernández, integrante de la comunidad de San Francisco Xochicuautla, uno de los tantos afectados por este intento de llevar el trazo del proyecto carretero sobre el bosque y territorio de la comunidad otomí.

Al rendir su testimonio en el juicio ciudadano a Peña Nieto, José Luis recordó que desde 2008 el gobierno ha intentado por diversos medios quitar la propiedad de las tierras a los habitantes de San Francisco Xochicuautla. Detalló que uno de estos se realizó vía el padrón agrario.

“Al darnos cuenta de lo que estaba sucediendo, que estaban ya derribando árboles, abriendo brecha, y haciendo trazo, decidimos iniciar asambleas como lo hacemos las comunidades indígenas, por usos y costumbres, en donde participa la mayoría de la comunidad. En esas asambleas se decidió que ese proyecto carretero no podía pasar por nuestro territorio, analizamos la gravedad de la obra porque implica la destrucción completa del medio ambiente, el desvió e interrupción de mantos acuíferos. Sin embargo, el gobierno al darse cuenta que por nuestras decisiones no podían pasar, decidieron implementar el padrón agrario”.

Sobre el padrón agrario, Fernández lo calificó como una medida que sólo ha servido al gobierno para legalizar los despojos en agravio de muchas comunidades indígenas. Recordó que las autoridades intentaron utilizar este padrón agrario -en donde se encuentra registrado una minoría de la comunidad- para avalar el proyecto.

“(Es) un padrón que se rige por la ley agraria, y que ha quedado claro para muchas comunidades indígenas y campesinas que resistimos en contra del gobierno, que la ley agraria sólo ha servido para legalizar los despojos de nuestras comunidades, porque al implementar ese padrón, es un padrón hecho a modo, en donde una minoría decide por la comunidad y que no representa a la mayoría de la comunidad. Pero que además cuando deciden el paso del proyecto por nuestro territorio, lo deciden 109 gentes de más de 7 mil 500 habitantes que somos, ese es el famoso padrón agrario; para votar por el paso del proyecto carretero pagaron 40 mil 410 pesos a cada comunero del padrón”, explicó.

El habitante de Xochicuautla añadió que en este periodo el hostigamiento por parte de las fuerzas del orden ha sido una constante. Además de las amenazas de que “encerraran a los revoltosos”.

“Decían que van a detener a los revoltosos o a los agitadores (…) ha habido represión en contra de nuestros compañeros: mujeres, niños, ancianos. Hasta la fecha llevamos 22 compañeros detenidos en este proceso de lucha; 14 compañeros en mayo de 2013 y ocho en noviembre de 2014. Esa es  la desviación de poder del Estado mexicano, del gobierno del Estado de México y del federal en contra de las comunidades indígenas”, detalló.

José Luís Fernández recordó que la comunidad de Xochicuautla ganó diversos recursos legales que pusieron un freno a la construcción de la obra. Asimismo reiteró que ante la organización, y tras verse impedido por la comunidad, Enrique Peña Nieto emitió el decreto expropiatorio el pasado 9 de agosto bajo elementos poco sólidos, pues en el texto se dio por cierto que se realizó una consulta a la comunidad de Xochicuautla cuando la realidad es otra.

“Al darse cuenta de nuestra organización, de que jurídica y legalmente y de manera social, hemos ganado y no tienen justificación para estar trabajando en nuestro territorio, Peña Nieto emite el 9 de agosto el decreto de expropiación.

Aun así no estamos dispuestos a que ese proyecto pase por nuestro territorio. Quiero decirles a todos que estén pendiente, que nuestra lucha está firme. Que es cierto que resistimos por nuestro territorio pero también estamos luchando y resistiendo por bosques y agua y eso es un patrimonio de todos, es por eso que pedimos que estén atentos y se involucren en esta resistencia, que las comunidades indígenas no sólo resistimos para nosotros (…) por eso denunciamos al presidente desde que era gobernador como ahora, porque se han cometido violaciones a nuestros Derechos Humanos e indígenas”, dijo.

Expresó que a la fecha instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han tomado una posición parcial, favoreciendo al gobierno y a la empresa encargada de la construcción, en este caso una filial del Grupo Higa.

“Dos días antes de emitir el decreto de expropiación, (el gobierno) hace una represión fuerte donde se van contra mujeres, niños. Hemos integrado el recurso de queja en la CNDH, pero tal parece que todas las instituciones son parciales en favor del gobierno y la empresa. La CNDH decía que iba a valorar nuestra queja para que nos pudieran hacer una consulta válida, y nosotros decimos que esa consulta ya no la hacemos nosotros, ya no estamos en tiempo de consultas; una consulta que dice en el decreto que se consultó a nuestras autoridades cuando no es cierto, otra gran mentira del gobierno federal.

Es importante que estén atentos, al pendiente de nuestra lucha y resistencia, y que esta denuncia queda firme, y la vamos a seguir haciendo”, enfatizó.

“Frente al modelo económico neoliberal, los pueblos resisten”

Desde la perspectiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos Para Todas y Todos” (RED TDT), el modelo neoliberal impuesto en México es uno de los grandes incentivos de los despojos que afectan a los pueblos y comunidades.

En su agenda política 2015-2020, la Red TDT afirma: “Frente al modelo económico neoliberal que se intenta consolidar como hegemónico a nivel mundial, las comunidades, organizaciones y centros de derechos humanos buscan hacer una defensa integral de la tierra y el territorio. El acoso de las empresas nacionales y transnacionales respaldadas por el gobierno para apropiarse de los bienes naturales y energéticos de los territorios comunitarios, tanto de pueblos originarios como mestizos, en el campo y la ciudad, se enfrenta y busca destruir el sentido identitario-cultural de vida que une a las comunidades y pueblos con sus territorios ancestrales”.

Además añade: “La defensa de la tierra y el territorio se da en todos los rincones del país, siendo más visibles los conflictos socio ambientales en las comunidades indígenas y campesinas, pero sin perder de vista que en las zonas urbanas los espacios públicos y los proyectos de infraestructura constituyen también violaciones a los derechos humanos así como una invasión al derecho a la decisión de lo que buscamos como desarrollo para nuestra vida”.

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