En México, abusos y violaciones en contra de quienes protestan; “gobierno responde con pulsiones autoritarias”

Por: Edgar Rosas / 11 septiembre, 2015

¡Dale Like, comparte y deja tus comentarios!

(11 de septiembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- En los últimos años la intención del gobierno por erradicar la protesta social se ha visto de manera más evidente a través de acciones como el propósito de establecer leyes que inhiban esta clase de actos o simplemente la utilización de la represión a través de la fuerza para desarticular esta clase de expresiones.

Sobre el tema, este miércoles el Frente por la Libertad de Expresión y la protesta Social, conformado por 11 organizaciones de la sociedad civil, presentó el informe “Control del Espacio Público 3.0”, en el cual da cuenta de cómo en el último año -desde abril de 2014-  se ha presentado una tendencia para impedir y reprimir cualquier intento de protesta social.

En este sentido, el informe detalla que esta tendencia a detener las protestas sociales se ha manifestado, entre otras cosas, por la intención de diversos gobernantes de impulsar marcos normativos para “controlar a la sociedad”.

Establece que lejos de brindar una solución a la problemáticas que son denunciadas con la protesta social, el Estado busca imponer un mecanismo de represión.

“La evidencia muestra una tendencia preocupante hacia el impedimento y represión de la protesta social. Dicha tendencia se manifiesta principalmente por un marcado rechazo a las expresiones sociales de denuncia y exigencia, por el impulso de disposiciones normativas que expresamente buscan regularlas, por la imposición de medidas de restricción y sanción al ejercicio ciudadano de derechos, así como por la criminalización de quienes participan en ellas. Lo anterior puede constatarse a partir de la ocurrencia de diversas violaciones de derechos humanos en contextos de manifestación y protesta social”, sentencia el documento.

De igual forma, señala que el Estado, ante la protesta social como una forma de evidenciar los agravios, busca controlar esta clase de expresiones críticas, pues son vistas como amenazas por parte de los que ostentan el poder.

“La protesta pública es la manifestación más visible de una situación que no ha sido atendida o resuelta eficazmente (…) La realidad se hace presente en las calles y plazas públicas: impunidad, corrupción, violencia, despojos de bienes comunes, tortura, desaparición forzada, por mencionar algunos temas (…) El gobierno federal mantiene una posición reacia que niega de forma reiterada la gravedad de las circunstancias por las que atraviesa el país, y que lejos de ver en estas y otras condiciones una prioridad para la agenda nacional, concentra su acción para el control, la regulación y la represión de cualquier expresión crítica y de descontento social”, expone el informe.

Al respecto, añade que el panorama de represión en contra de la protesta social no ha mejorado desde diciembre de 2012; asegura que esta clase de expresiones sigue padeciendo un contexto de acciones violentas para inhibirlas.

“El panorama de este último año no es diferente al descrito en abril de 2014, para el que recabamos información de diciembre de 2012 a marzo de 2014. Las protestas a través de las cuales la ciudadanía ejerce los derechos a la libertad de expresión, reunión, petición, participación, entre otros, continúan siendo afectadas con incidentes violentos, por ejemplo, las del 8 y 20 de noviembre de 2014 en el DF. Si bien hubo casos aislados de violencia por parte de manifestantes, se documentó la existencia de detenciones arbitrarias, procesamientos injustos, falseamiento de pruebas, uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades e incluso casos de tortura”.

El informe documenta 17 episodios de represión y criminalización durante el periodo de abril 2014 a mayo 2015. En éstas enmarca como caso paradigmático la represión en Puebla del 9 de julio de 2014, hechos en los cuales el menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo perdiera la vida tras ser impactado por una bala de goma, disparada por los cuerpos de seguridad de aquella entidad.

En este conteo de casos, la Ciudad de México resalta como una de las demarcaciones en donde se produjeron una mayor cantidad de hechos represivos y de criminalización de la protesta; Guerrero y Puebla también figuran en este rubro.

Tras analizar esta clase de actos, el informe establece que nuestro país está inmerso en una dinámica de retroceso en cuestión a las libertades y el derecho a la protesta, pues ante la manifestación, la respuesta del gobierno son abusos y violaciones.

“En resumen, prevalece un contexto de retroceso para el ejercicio de libertades y derechos clave para la vida democrática. Aun cuando las manifestaciones y la protesta social siguen siendo la principal vía ciudadana para atraer la atención pública y urgir a la solución de conflictos graves —como la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero—, persiste la comisión de abusos y violaciones por parte de las autoridades de seguridad, tanto del ámbito estatal como federal. Las demandas, lejos de ser atendidas, son respondidas con pulsiones autoritarias de los tres niveles de gobierno, lo cual termina por inhibir, regular y criminalizar estas expresiones”, señala.

Iniciativas para inhibir la protesta social

El informe del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social detalla cada una de las iniciativas que se han presentado tanto a nivel federal, como en los congresos locales con las cuales se busca inhibir la protesta social.

A niveles locales destaca que en cinco estados de la república se han presentado iniciativas que “que atentan contra la libertad de expresión y de reunión. En este sentido, las organizaciones del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social expresan su preocupación “no sólo por la gravedad del contenido sino por la cantidad que han sido presentadas en los Congresos locales; únicamente en el estado de Oaxaca se han registrado cuatro iniciativas que buscan restringir la protesta social”.

En tal sentido, San Luis Potosí, Jalisco, Veracruz y Oaxaca son las entidades señaladas por llevar a sus congresos iniciativas de ley para inhibir la protesta, aunque en ninguna se ha aprobado. No obstante destaca el caso del Distrito Federal, Puebla, Quintana Roo y Chiapas donde ya existen reglamentaciones que inhiben el desarrollo de la protesta social.

En el caso de la Ciudad de México, esta ley- la ley de movilidad- llama la atención en el sentido que establece que aquellos que tengan la intención de protestar deben avisar con 48 horas de anticipación.

“Desde el 1 de diciembre de 2012 y hasta por lo menos el 18 de marzo de 2015, hemos observado un proceso sistemático de violaciones al derecho a la protesta social, a la libertad de expresión y a la seguridad e integridad de las personas que se manifiestan. La lista de agravios es larga y pueden constituir la configuración de un escenario peligroso de retroceso en las libertades democráticas en México”, sentencia el informe.

¡Comenta, debate y comparte!, ¡Romper el cerco informativo, crear conciencia y promover el cambio verdadero, está en tus manos.

¡No te pierdas y comparte mi canal youtube

Por cierto, ¿Ya hiciste tu contribución económica?, ¡Espero tu apoyo para www.tiraderodelbote.com http://ow.ly/qbLIv