Decisión política que PGR eliminara evidencias que vinculaban a funcionarios con desaparición de normalistas

Por: Cecilia Balderas / 8 septiembre, 2015

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(08 de septiembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Tras la presentación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) –designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- sobre la desaparición de los 43 normalistas ocurrida en septiembre de 2014 y que pruebas y testimonios científicos echaran por tierra la “verdad histórica” del extitular de la Procuraduría General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam, en la que básicamente dio por muertos a los jóvenes al asegurar que habían sido asesinados e incinerados, el coordinador del PRD en San Lázaro, Francisco Martínez Neri, anunció que su grupo parlamentario promoverá un juicio político contra el cansado exprocurador, por falsear la investigación.

“El país está al revés; en vez de que la autoridad correspondiente procure justicia, lo que señala la investigación independiente es que la PGR distorsionó los hechos, destruyó pruebas y sobre todo, que es científicamente imposible sostener que los estudiantes hayan sido calcinados en el basurero”, argumentó Martínez Neri.

El exrector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) sostuvo que aunque Murillo Karam dejó de ser parte del gabinete federal, aún goza de fuero, por lo que lo primero que debe hacer el Legislativo es despojarlo de éste para iniciar el proceso penal; consideró que la intensión de la administración encabezada por Peña Nieto de ordenar se realice otro peritaje independiente es insuficiente ante las mentiras que se les dijeron a los familiares de los estudiantes desaparecidos y a la sociedad en general.

Decisiones políticas, corrupción…ineficiencia

El coordinador del sol azteca en el Senado de la República, Miguel Barbosa, declaró que desde el inicio de la investigación sobre el caso “hubo una decisión política para que la PGR eliminara evidencias que vincularan a integrantes y servidores públicos del gobierno del estado de Guerrero y del gobierno federal y para hacer a un lado las evidencias que vincularan al Ejército mexicano en estos acontecimientos, así como para crear una verdad formal que llevara a los familiares de las víctimas a aceptar el destino horroroso de que hubieran sido calcinados sus hijos”.

Sin embargo, el político poblano afirmó que las conclusiones presentadas por el GIEI no tienen ningún valor jurídico hasta que sean admitidas como parte del expediente de la investigación.

Alejandro Encinas declaró que el informe presentado desnuda y evidencia el nivel de corrupción y descomposición de las instituciones públicas del país, pues acreditó que autoridades de los tres niveles de gobierno mintieron, alteraron y ocultaron información.

“No solamente se ocultó la existencia de un quinto autobús, sino que además, en todos los casos, se ocultó la presencia en flagrancia de cuerpos policiacos; decían que no contaban con información, pero a través del C4 contaron en tiempo real con información, todos los órdenes de gobierno. El gobernador del estado y el procurador fueron omisos. El 27 Batallón además tenía información de inteligencia militar y fue testigo, sin haber intervenido, de la agresión de que fueron víctimas los estudiantes. Deben fincarse responsabilidades”, dijo el senador.

El exjefe de gobierno de la Ciudad de México consideró que no se requiere mandar a hacer otros peritajes, sino de que la autoridad, por fin, aplique la ley y sancione a los responsables que van desde los autores materiales e intelectuales, hasta las autoridades que fueron omisas, mintieron, ocultaron información y a las que quisieron dar carpetazo a la investigación sin contar con evidencias claras de lo sucedido.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Angélica de la Peña, dijo estar “muy preocupada” por la ineficiencia de las instituciones mexicanas y agregó que la PGR tendría que constituir una unidad o fiscalía especializada –con la opinión y anuencia de los familiares de las víctimas y de organizaciones no gubernamentales- para que retome el caso sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa desde su origen, mismo que estaría obligado a no descartar ninguna línea de investigación.

La legisladora sostuvo que lo primero que debe hacerse para dar “certidumbre a la investigación”, es llamar a cuentas a Murillo Karam y a los funcionarios que bajo su responsabilidad estuvieron involucrados en la investigación, pues algunos de ellos aún se encuentran en la PGR.

“Lo que hoy estamos demostrando con este informe es la ineficiencia que tenemos también de no atender lo que la reforma del 2008 nos ha mandatado; seguimos inscritos en la investigación previa cuando eso ya está derogado en la Constitución, fundados en la confesión que ha dado verdaderamente dramáticos sus resultados, perniciosos resultados”, sostuvo de la Peña.

Para el próximo miércoles se tiene prevista una reunión entre las comisiones de Derechos Humanos y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales del Senado con los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes para hablar del informe presentado el pasado domingo sobre el caso Ayotzinapa.

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