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Por: Lilia Arellano / 30 septiembre, 2015
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De nuevo uno de los principales miembros del gabinete de Enrique Peña Nieto desperdició la oportunidad de hablar bien de la gestión del hombre que, manifestándole plena confianza, lo designó en una de las áreas que son pilares de buen gobierno. Lejos de establecer tristes realidades, pero también de la forma en la que lo adverso se puede cambiar, se lanzaron responsabilidades para quienes menos facultades tienen para la toma de decisiones y los que, además, ni siquiera son escuchados: nosotros, los ciudadanos.
Así que las ópticas con las que se mira al país van de un extremo a otro y los reclamos se hicieron patentes, incluyendo aquellos que hablan de la sobrepoblación de las cárceles y de la forma tan lenta y salpicada de injusticias y corrupción con la que actúan los del Poder Judicial. Quedó claro, con la comparecencia de Miguel Ángel Osorio Chong, que no hay remedio para la inseguridad y que el sistema penitenciario todavía vivirá peores tiempos con penosas fugas incluidas. Eso sí, dijo que hay una gran coordinación con las Entidades de la República, con los gobernadores aunque, de ahí, debe tener claro que no saldrá la nominación para la sucesión.
Uno de los rubros bajo su responsabilidad del que no dio cuenta en su comparecencia ante los senadores de la República Osorio Chong, es el de las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales, tortura y ataques a periodistas y defensores de los derechos humanos. Ayotzinapa, Apatzingán, Tlatlaya, entre otros, son casos aún sin resolver. Durante la glosa del Tercer Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto, mientras el hidalguense insistía ante los legisladores federales que los índices de criminalidad han ido disminuyendo en esta administración, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunciaba que las cifras del gobierno mexicano sobre desapariciones forzadas, enfrentamientos con fuerzas militares y denuncias por tortura son insuficientes.
Dos cristales diferentes para observar la realidad nacional vimos este viernes. Uno de color de rosa presentado por el responsable de la política interna y aspirante a la candidatura del PRI a la Presidencia de la República; el otro más transparente pero que deja ver una realidad totalmente distinta, es el que muestran los legisladores de oposición y los integrantes de la CIDH, que señala la falta de cifras certeras en cuanto a las personas muertas en el país y heridas en enfrentamientos con las fuerzas militares.
Que ocultan una vergonzosa realidad nacional, que tienden una cortina de humo sobre el número creciente de desapariciones forzadas. Que exhibe las descoordinación entre los tres niveles de gobierno para hacer prevalecer el Estado de derecho y combatir la impunidad imperante. Que oculta los caos de tortura, que ignora los crecientes casos denunciados.
El color rosa oficial se torna grisáceo y hasta negro luego de las reuniones de los integrantes de la CIDH con funcionarios de la PGR y de la Secretaría de Gobernación, en donde se revisaron avances de la investigación de los 43 normalistas de Ayotzianapa y la protección de los derechos humanos. También después de la lamentable comparecencia de
Osorio Chong en la Cámara alta, en donde peor librado no podía salir.
Osorio Chong en la Cámara alta, en donde peor librado no podía salir.
James Cavallaro, primer viceministro de la CIDH, sostiene que la PGR maneja la cifra de 12 mil personas que denunciaron tortura en los penales federales el año pasado, pero en los estados las cifras faltan y además hay opacidad en cuanto a qué sucede cuando se levanta una denuncia. Se desconoce si hay investigación, si se identifica a los responsables, si hay castigos. Para tal efecto, integrantes del pleno de la CIDH iniciaron una visita de trabajo en el país para observar la situación que prevalece en materia de derechos humanos, sobre todo en tema de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, lo que sucede con periodistas y defensores de los derechos humanos.
Carvallo destaca que el gobierno mexicano reconoce que hay violaciones a los derechos humanos en el país. Cifras oficiales manejan más de 20 mil personas desaparecidas en los últimos años. Los integrantes de la CIDH tenían programado reunirse con el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, y con el mandatario electo, Héctor Astudillo, así como con el procurador del Estado, con víctimas y miembros de la sociedad civil, familiares de los normalistas de Ayotzinapa, y con el grupo “Los otros desaparecidos”. Tenían contemplado viajar también a Tabasco, Nuevo León, Coahuila y Veracruz.
Ya se verá si el gobernador que sustituyó a Ángel Aguirre Rivero está dispuesto a revelarles que según los planes del titular de SEGOB había que sacar a sangre y fuego a los de la escuela normal, cerrarla sin importar el saldo sangriento que esto dejaría ante la rebeldía que se levantaría en todo el poblado.
Los senadores de oposición, al establecer el posicionamiento de los partidos políticos en el Senado de la República, a excepción de la senadora priísta Cristina Díaz Salazar, dieron un repaso completo y censuraron la política interna desarrollada por la administración de Enrique Peña Nieto y operada por Miguel Ángel Osorio Chong. Desde diferentes ángulos, los legisladores de oposición, principalmente perredistas, petistas y panistas, censuraron la ola de violencia que resiente el país, la ausencia de Estado de derecho, las violaciones a los derechos humanos, la prevalencia de la corrupción y la impunidad del país, las masacres en diversas regiones, los miles de desaparecidos, las ejecuciones extrajudiciales y los ataques a periodistas y activistas y defensores de derechos humanos.
Quien de manera más clara y siguiendo muy puntualmente todas las interrogantes que han surgido entre la población hizo su exposición fue el senador Alejandro Encinas. El ex perredista refutó con hechos y datos concretos la afirmación presidencial de que “es un hecho que la violencia está disminuyendo en México”. Citó que “los homicidios cometidos en menos de tres años de su gestión superan la cifra de 47 mil 988 homicidios, cifra superior en 14 mil 671 homicidios a los registrados durante los seis años de la absurda guerra contra el crimen organizado impulsada por Felipe Calderón”.Agregó que “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió 500 denuncias de violaciones a derechos humanos en México, el mayor número registrado en el continente americano en 2014.
Información que dio a conocer la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, indican que la PGR registró 23 denuncias por tortura en 2006, para octubre de 2014 la cifra se disparó a 2 mil 55 denuncias”.
Información que dio a conocer la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, indican que la PGR registró 23 denuncias por tortura en 2006, para octubre de 2014 la cifra se disparó a 2 mil 55 denuncias”.
Encinas también se refirió a los ataques a periodistas. Dijo que en el sexenio anterior se documentaron mil 92, con un promedio anual de 182 ataques. “En los primeros años de esta administración, se han cometido 656 agresiones, con un promedio de 328 ataques”, subrayó el legislador opositor. También reprobó que en el poder judicial prevalezca la corrupción y la impunidad, y que se desestimen los conflictos de interés, “como –dijo- lo acredita la parafernalia que enmarcó el mensaje presidencial, donde la primera fila estuvo ocupada por los principales protagonistas de los escándalos presidenciales, los empresarios de Higa y OHL, Armando Hinojosa y José Andrés de Oteyza, beneficiarios de los millonarios contratos y concesiones públicas, cómo diciendo: “háganle como quieran””.
Críticas destacadas y contundentes también fueron las del petista Manuel Bartlett Díaz y las perredista Dolores Padierna y Layda Sansores. El ex secretario de Gobernación y ex mandatario poblano le cuestionó si la administración de Peña Nieto seguiría con su estrategia preelectoral de atacar a Andrés Manuel López Obrador. Osorio Chong lo negó pese a que hace apenas unas horas su jefe llevó al tabasqueño hasta la tribuna de la ONU, manifestando de pasadita su ignorancia sobre el significado de “populismo”, y dijo que el gobierno no lo ha hecho y no lo hará (¿????). Padierna y Sansores censuraron la ola de violencia, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y demás violaciones a los derechos humanos y la fallida política migratoria aplicada contra los centroamericanos que cruzan el país en busca del sueño americano en los Estados Unidos.
Las legisladoras opositoras también cuestionaron el nombramiento del militante del PVEM, Arturo Escobar, como subsecretario de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la SEGOB, que ha sido descalificado no sólo por los partidos de oposición sino por organizaciones civiles y no gubernamentales que incluso se han negado a tener tratos con él. Dolores Padierna retó a Osorio Chong a que “si no puede con la responsabilidad, renuncie”. Lo cual, obviamente, no hará ya que ni siquiera lo intentó cuando la fuga del “chapo” y el ridículo que esto significó.
PÉSIMO MANEJO ECONÓMICO
El senador Alejandro Encinas amplió sus críticas al terreno económico y refutó la afirmación de Peña Nieto en el sentido de que “la aceleración de nuestra economía se debe al dinamismo del mercado interno, a partir de un mayor consumo de las familias mexicanas”. Recordó que la estimación de crecimiento económico estimado para este año era de 3 por ciento, aunque difícilmente superará el 2 por ciento. En tanto, se desploma el peso frente al dólar y se reducen las reservas internacionales del Banco de México en 10 mil 240 millones de dólares.
Reprobó la continúa caída del poder adquisitivo de los salarios. Subrayó que conforme al Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, de 1987 a la fecha, el salario mínimo ha registrado una pérdida acumulada del poder adquisitivo en 79.6 por ciento, toda vez que a lo largo de la presente gestión la canasta básica aumentó 20.66 pesos, mientras el salario mínimo se incrementó sólo 2.53 pesos.
También censuró el acelerado endeudamiento del país en esta administración. Dijo que la deuda neta total del sector público ascendió a 7 billones 979 mil millones de pesos, cifra superior en 2 billones 87 mil millones de pesos al saldo registrado en diciembre de 2012. Es decir, en sólo dos años y medio, el gobierno de Peña Nieto aumentó la deuda en un poco más del 35 por ciento (7.8 por ciento del PIB). Además, el gobierno pretende obtener en los próximos tres años 50 mil millones de pesos a través de la colocación de bonos en la Bolsa Mexicana de Valores, para financiar con cargo al ramo 33, las obras de mantenimiento en 32 mil planteles educativos, lo que significará una merma en los ingresos de estados y municipios.
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