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Cada año el presidente de México, ocho secretarios y la procuradora general de la República cobran, del erario, entre 500 mil y 600 mil pesos por un “bono por riesgo”. Con ellos, otros 2 mil 250 funcionarios de primer nivel reciben la dádiva que “protege” la integridad de quienes supuestamente arriesgan la vida por su labor. Excluidos de la prestación, los más de 100 mil soldados, marinos y policías federales desplegados en ciudades, carreteras, caminos y poblaciones rurales para “enfrentar” a las bandas del narcotráfico. Sólo en este año, el gobierno federal gastará en el “Pago extraordinario por riesgo” 1 mil 130 millones de pesos. A la cúpula de Ejército y Marina, el 70 por ciento del gasto
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