PRI-Monexgate apesta. (Lilia Arellano)

 

González Oropeza confirmó que los 355 juicios de inconformidad presentados por las fuerzas políticas de izquierda impugnan los resultados en 290 de los 300 distritos electorales.

Numerosas investigaciones sobre dinero sucio que presuntamente se utilizó en las campañas electorales federales pasadas también se están realizando en estos momentos en México. El director de Proyectos Especiales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Carlos López Moctezuma, informó este lunes que recibió cerca de 400 solicitudes del Instituto Federal (IFE) para investigar cuentas y romper el secreto bancario, las cuales se recibieron entre los meses de abril y junio de este año, y que involucran a personas físicas, morales y las que se clasifican como políticamente expuestas.

El funcionario de la CNBV aclaró que ellos sólo supervisan el cumplimiento de los controles antilavado de dinero, como en el caso de Monex, por lo que todas las peticiones del IFE y de la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) se remiten de inmediato a los bancos. Subrayó que quien investiga y determina las transacciones ilícitas es la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

A su vez, el consejero electoral del IFE, Lorenzo Córdova, informó que están avanzando en las investigaciones de la Unidad de Fiscalización relacionadas con el caso Monex y otros como el de Soriana. Reportó que la Unidad ya envió requerimientos tanto al grupo financiero Monex como a la tienda Soriana. En días pasados, medios de comunicación de la capital de la República publicaron que el Movimiento Progresista detectó facturas de las cuentas de Grupo Monex, pertenecientes a las empresas Inizzio y Grupo Efra, por un monto total de 179 millones 639 mil 71 pesos, presuntamente relacionadas con tarjetas prepagadas utilizadas para la compara y coacción del voto por parte del PRI.

El movimiento progresista documentó la existencia de 40 facturas. Una de ellas, la número 2535, por 20 millones 232 mil pesos, emitida a favor del grupo comercial Inizzio por concepto de “recompensa corporativo carga de saldo prepago” con fecha 25 de mayo de 2012. Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, señaló que “el PRI-Monexgate apesta y debe aclararlo la Fepade y debe aclararlo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. De tal suerte que hay que tomar lo de Monex como un dicho de una de las partes y que se investigue”. Insistió en que las empresas Inizzio y Efra, vinculadas al caso, al parecer son empresas fantasmas, lo cual pone en duda la inocencia del grupo financiero, y cuestionó: “¿cómo es posible que tan escrupuloso Monex se vincula con empresas de este tipo y hace operaciones de venta de monederos electrónicos o para la compra de despensas con esa magnitud de cerca de 160 millones de pesos?”.

PRESENTA AMLO MÁS DENUNCIAS

Sobre el particular, Andrés Manuel López Obrador no quita el dedo del renglón. Este lunes anunció que presentará una denuncia extra, como prueba superviviente, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre el origen del dinero que utilizó Enrique Peña Nieto en su campaña. El candidato de la Coalición Movimiento Progresista dijo que “le estamos siguiendo la pista al dinero, tenemos elementos para sostener que hubo, para decirlo amablemente, irregularidades graves en todo lo relacionado con el financiamiento de la campaña de Peña Nieto”.

El tabasqueño también informó que el próximo miércoles presentará el “Plan de Defensa de la Democracia y la Dignidad” que contiene cuatro grandes acciones, todas relacionadas con informar a los ciudadanos sobre la compra de votos y las violaciones a la Constitución durante los comicios presidenciales.

Por su parte, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que el Sol Azteca no está detrás del plan de acción impulsado por al menos 300 organizaciones, entre ellas el movimiento #YoSoy132, que busca impedir la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como Presidente de la República. No obstante, dijo que ellos no son “apagafuegos” para estar pidiendo a los jóvenes que den otro cauce a su inconformidad.

Lo anterior porque el pasado fin de semana dichas organizaciones, entre las que se encuentran el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, la CNTE, el SME y el Sindicato de Tranviarios, acordaron un plan de acción contra la “imposición” de Peña Nieto que contempla movilizaciones masivas en todo el país, concentraciones en plazas públicas, caravanas regionales, “liberación” de casetas, toma de medios de comunicación, un boicot contra las tiendas Soriana y brigadas para “concientizar” a la gente, entre otras acciones como impedir la toma de posesión del mexiquense en el Congreso, programada para el 1 de diciembre, a través de un boicot en el palacio legislativo de San Lázaro, con representantes de todos los estados.

Las marchas a lo largo de todo el territorio nacional iniciarán el próximo 22 de julio, lo cual se repetirá el 22 de octubre con la misma consigna: rechazar el triunfo de Enrique Peña Nieto en la elección presidencial. También tiene previsto tomar las plazas de todo el país los días 15 y 16 de septiembre, y respaldar un paro estudiantil a nivel nacional el martes 2 de octubre, aniversario de la matanza de estudiantes de 1968.

EXIGE PRI RESPETO A RESULTADO

Por el lado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se exige respeto a los resultados electorales del pasado 1 de julio. El vicecoordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto, Jorge Carlos Ramírez Marín, advirtió que ninguna protesta o movilización podrá cambiar el resultado de la elección presidencial que dio el triunfo al candidato de la coalición PRI-PVEM. Al comentar las acciones que fueron acordadas durante la Convención Nacional Contra la Imposición, realizada en San Salvador Atenco, Estado de México, el pasado fin de semana, subrayó que “las elecciones han dado ya un resultado que debe respetarse. Es la voluntad de 50 millones de mexicanos”.

El priísta dijo que en su partido se concentran sólo en su estrategia de defensa jurídica y que no tienen ningún plan sobre las eventuales movilizaciones o convocatorias que haga López Obrador o cualquiera de los movimientos que le son afines. También señaló que el equipo jurídico, encabezado por Jesús Murillo Karam, determinó que la defensa de los resultados electorales se hará sólo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por lo que no habrá alegatos públicos en apoyo a su candidato presidencial.

En torno a todo lo anterior, ya el magistrado Manuel González Oropeza advirtió que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sólo podrá modificar el resultado de las elecciones con base en las pruebas que aporten los inconformes y no por la insatisfacción de algún candidato. También admitió que los fallos del órgano jurisdiccional no pueden dejar satisfechos a todos.

González Oropeza confirmó que los 355 juicios de inconformidad presentados por las fuerzas políticas de izquierda impugnan los resultados en 290 de los 300 distritos electorales. Cada uno de los siete magistrados del tribunal tendrá la responsabilidad de analizar 50 impugnaciones y elaborar un proyecto de resolución para cada una de ellas, a fin de que el Pleno de la Sala Superior dicte un fallo.

PAN CON PEÑA NIETO

Por lo que toca al Partido Acción Nacional, su derrotado presidente, Gustavo Madero, reiteró que de confirmarse legalmente el triunfo de Enrique Peña Nieto, la bancada del PAN estará en el Congreso de la Unión el 1 de diciembre para su toma de protesta. Dijo también que es necesario y urgente que se lleve a cabo una reforma política y una electoral, a fin de garantizar procesos democráticos y con mayor equidad.

Quienes también insistieron en la necesidad de realizar en forma urgente reformas fueron los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). A través de su órgano de difusión “La Voz del CCE” pidieron a los legisladores que convoquen a un periodo extraordinario de sesiones para aprobar reformas como la laboral.

Lilia Arellano - Opinión EMET

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