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La Procuraduría General de la República reservó como confidencial un expediente penal que involucraría al consorcio constructor ARA y a las administraciones de Enrique Peña Nieto y de Eruviel Ávila Villegas. En la investigación, peritos de esa dependencia habrían acreditado que el gobierno estatal autorizó la construcción de viviendas en un terreno contaminado con metales pesados, como plomo y arsénico, en niveles que ponen en riesgo la salud humana
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