El mejor camino, la anulación. (Guillermo Fabela)

 

El pueblo no tiene por qué aceptar resultados electorales conseguidos ilegalmente

No hay otro camino que la anulación de las elecciones, a fin de evitar que el país caiga en un tobogán de inestabilidad social, que agravaría una realidad de por sí muy dramática. Con su postura el PRI y su abanderado, Enrique Peña Nieto, de negar todas las acusaciones sobre los burdos delitos electorales que cometieron antes y durante el proceso electoral, pretenden consumar una imposición a todas luces inaceptable.

De ahí la responsabilidad histórica que tienen los órganos calificadores del proceso, pues en ellos recaería la culpabilidad de lo que pudiera ocurrir si no actúan conforme a la norma constitucional. Sería muy grave que se aferraran a convalidar un proceso viciado de origen, como lo demuestran las pruebas acumuladas por los abogados del Movimiento Progresista que presentaron el juicio de inconformidad ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Mientras no se puedan invalidar las pruebas que demuestran las ilegalidades en que incurrió el PRI, la elección no podrá ser legal, confiable y transparente, como lo demanda la Constitución General de la República. En consecuencia, sería una insensatez que Peña Nieto pretendiera tomar posesión de la primera magistratura del país en un clima de creciente repudio ciudadano, que será mayor de aquí a diciembre, no sólo contra éste, sino contra Felipe Calderón por el rotundo fracaso de su gestión. La frustración que le deja a la sociedad mayoritaria el “gobierno” del panista, sería un acicate para repudiar con más fuerza al priísta.

Con el informe del Senado estadounidense presentado el pasado jueves, se confirma lo que muchos en México hemos venido sosteniendo: que la “guerra” de Calderón contra el crimen organizado ha sido un rotundo fracaso. Así lo reconoce el análisis elaborado por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado que preside el demócrata John Kerry. Puntualiza el documento que la “estrategia anticrimen centrada en combatir a los capos ha sido ampliamente criticada por colocar en segundo plano las necesidades de seguridad de los mexicanos”. Menos mal que lo reconocen, aunque demasiado tarde, después de que la nación se enlutó con tanta violencia.

Otros seis años de igual o más violencia, con Peña Nieto en Los Pinos, serían insoportables. Sin embargo, esto es lo que sobrevendría con absoluta certeza una vez que pusiera en marcha su “programa de trabajo”. Lo pondría en marcha de inmediato, con el propósito de tener todo el sexenio, de acuerdo con sus patrocinadores, para curar las heridas que seguramente se abrirían en la población mayoritaria, afectada por nuevas medidas draconianas y antidemocráticas, como la imposición de IVA a medicinas y alimentos, aumentos mensuales a las gasolinas, decrecimiento de los salarios reales, más acelerado empobrecimiento por la entrada en vigor de la reforma laboral que liquidará los escasos derechos que aún tienen los trabajadores.

Las consecuencias que tal situación tendría en la relación bilateral con Estados Unidos las deben tener muy bien estudiadas en Washington, por eso el Senado estadounidense considera que llegó el momento de dar un giro a la “guerra” de Calderón, a efecto de parar tanta violencia y así evitar la ola de migrantes indocumentados que generaría una descomposición mayor del tejido social en México, como así habría de suceder con el regreso de los salinistas al poder.

En entrevista con “La Jornada”, Peña Nieto critica a Andrés Manuel López Obrador porque dice que “no está a la altura del cambio democrático de México”. ¿Dónde está ese cambio que sólo él y sus partidarios ven? La verdad es que cada vez nos alejamos más de la democracia como sistema de gobierno, porque la oligarquía se ha encargado de reducir los espacios de participación de la sociedad en el Estado. Ya ni siquiera los tienen quienes en el pasado se beneficiaron con el corporativismo, con la notable excepción de líderes al servicio del grupo en el poder como Elba Esther Gordillo y Carlos Romero Deschamps, aunque en realidad los beneficios no llegan a sus gremios, como en el pasado.

El pueblo no tiene por qué aceptar resultados electorales conseguidos ilegalmente, mal haría López Obrador en cruzarse de brazos y aceptar de manera fatalista la continuación de un sistema corrupto y canalla, fundado en componendas con grupos de interés que sólo buscan medrar con los bienes de la nación, como es del dominio público. Afirma Peña Nieto, al final de la entrevista citada, que “México no puede proyectar falta de civilidad hacia el mundo”. ¿Entonces por qué se empeña en asaltar el poder por encima de la voluntad mayoritaria de la población? Vale tal señalamiento porque seguramente más de la mitad de los votos que dice el PRI le dieron el triunfo, no fueron conseguidos legalmente. El TEPJF deberá confirmarlo, si su actuación se apega a la Carta Magna.

Guillermo Fabela - Opinión EMET

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