Después del fraude. (Lenia Batres Guadarrama)

 

Simplistas, señalaban que si la compra del voto no estaba prevista como causal de nulidad en la ley, no se le podía invocar para demandar la anulación de la elección.

Sólo hay dos escenarios posibles posteriores al fraude electoral del primero de julio: insurgencia pacífica, anulación de la elección y nuevo sufragio o resistencia civil pacífica en un sexenio podrido más…

1. Insurgencia pacífica, anulación de la elección y nuevo sufragio

Serviles “analistas” del régimen, unos priistas como Jorge Alcocer, otros periodistas como Pedro Ferriz o Alan Arias Marín, estuvieron insistiendo en estos días posteriores a la jornada electoral en que las elecciones presidenciales no se pueden anular.

Simplistas, señalaban que si la compra del voto no estaba prevista como causal de nulidad en la ley, no se le podía invocar para demandar la anulación de la elección. Según ellos, además, no es posible documentarla. Indicaban, asimismo, que si el principio constitucional de la libertad del voto no estaba establecido en la ley electoral como causal de anulación tampoco era recurrible.

Afortunadamente, los principios de defensa jurídica garantistas, que sitúan a las normas constitucionales como derecho aplicable, afortunadamente han ido ganando espacio en el derecho sustantivo, sobre todo internacional.

Finalmente, este jueves, Andrés Manuel López Obrador presentó la demanda de invalidez de la elección presidencial con base en la información que Morena, el Movimiento Progresista y mexicanos en general estuvieron entregando a convocatoria expresa.

La demanda se basa en la compra de votos con dinero en efectivo, tarjetas para la obtención de mercancías, despensas, materiales de construcción, fertilizantes y otras dádivas; el uso de recursos de procedencia ilícita ejercidos para ese fin; la compra de publicidad con la modalidad de encuestas hechas a modo, y el pago de la estructura para ejecutar este plan. Todo ello, rebasando el tope de gasto de campaña en más de 4,000 millones de pesos. Además, se documenta la introducción ilegal a las urnas de boletas marcadas a favor de Peña Nieto.

En la demanda se prueba la compra de cerca de cinco millones de votos. López Obrador señalo que tan sólo en el Estado de México, Veracruz y Chiapas se adquirieron alrededor de dos millones de votos y destacó que las zona pobres del país fueron las que, atípicamente, registraron la mayor participación electoral y en las que, justamente, el PRI obtuvo la mayor cantidad de votos.

En resumen, la demanda sustenta que la compra y manipulación de millones de votos no otorga certeza al proceso electoral en su conjunto y acredita la violación al párrafo segundo del artículo 41 de la Constitución, que establece que las elecciones deben ser libres y auténticas. Y en ese tenor se demanda la invalidez de la elección presidencial. Su efecto, obviamente, es la nulidad misma de la elección.

En cuanto a la argumentación jurídica que se sostuvo, vale la pena comentar que el equipo que elaboró la demanda, para responder a los argumentos limitativos que trataron de desestimar la viabilidad de la nulidad de la elección presidencial, argumentó que existían dos vías para anular el resultado: la nulidad y la invalidez.

El objetivo era poner el acento en el cuestionamiento amplio de la elección en su conjunto y no en la cuantificación de irregularidades en casillas específicas a que obligaba situar la impugnación en la nulidad.

Si bien las reformas electorales de 2007 introdujeron la nulidad de la elección presidencial (Art. 56, inciso h de la Ley General del Sistema de Medios de impugnación en Materia Electoral) en su artículo 75 impuso la necesidad de documentar violaciones muy específicas. Sólo el inciso k de ese artículo señaló una causal un poco más amplia: la existencia de “irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma”.

Por eso, y dada la persistencia en la omisión del IFE de realizar una fiscalización más eficiente, así como de tomar medidas preventivas para impedir la perversión de la elección, aún no se tienen resultados del impacto de la compra de votos en todo el país. Con cinco millones de votos documentados en la demanda, se aproxima una cifra que pone en duda la equidad, la libertad y la autenticidad de los comicios en su conjunto. De allí que se recurrió a la argumentación de una causal genérica de violación de la elección que ya había utilizado el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en otros comicios para su anulación, que es esta violación a principios constitucionales.

Cabe finalmente agregar al respecto, que queda a salvo la protección que el voto tiene en el sistema internacional de derechos humanos, al que no deberíamos recurrir pero que finalmente se encuentra allí como instancia reconocida ahora plenamente por nuestra Constitución.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 21, numeral 3, señala que la voluntad del pueblo se expresará mediante “elecciones auténticas” que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e “igual” y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la “libertad del voto”.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, indica en su artículo 23, numeral 1, inciso b), que los ciudadanos tenemos derecho a votar y ser elegidos en elecciones periódicas “auténticas”, realizadas por sufragio universal e “igual” y por voto secreto “que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores”.

Es decir, el derecho internacional reconoce los mismos principios de sufragio libre y auténtico cuya violación se alega ahora, con lo que podríamos acudir a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos si el Tribunal Electoral no asume la defensa del sufragio mexicano.

2. Resistencia civil pacífica en un sexenio podrido más

En caso de que la vía legal, de la que todos somos escépticos, falle a favor de la impunidad priista, nos quedará acudir a un sexenio de resistencia más…

Y habrá que presionar y presionar para que no pasen las contrarreformas “estructurales” que el neoliberalismo prianista tiene pendientes en su agenda, y mantener un movimiento como el que estos seis años logró encabezar con audacia y responsabilidad Andrés Manuel López Obrador.

No queremos este escenario. Merecemos el de la esperanza que la trampa del cártel priista no permite a los mexicanos.

Aún no está escrito nada. Pero ya lo estamos escribiendo. El sábado 7 de julio, a una semana de la elección, millones de personas, con convocatoria exclusiva en redes sociales, nos movilizamos en más de 70 ciudades de todas las entidades federativas del país:

Transcribo la lista porque ningún medio de comunicación lo hizo y seguramente será en al menos estas ciudades en las que se vuelva a movilizar la gente este sábado 14:

Aguascalientes: Aguascalientes

Baja California: Tijuana, Ensenada

Baja California Sur: La Paz, Los Cabos

Campeche: Campeche, Ciudad del Carmen

Coahuila: Torreón, Aguaprieta, Saltillo

Colima: Colima

Chiapas: Tuxtla Gutiérrez, Comitán de Domínguez, San Cristóbal de las Casas

Chihuahua: Chihuahua

Durango: Durango, Gómez Palacio

Estado de México: Toluca

Guanajuato: Guanajuato, Celaya, Irapuato, León

Guerrero: Acapulco, Chilpancingo

Hidalgo: Pachuca

Jalisco: Guadalajara, Puerto Vallarta

Michoacán: Morelia

Morelos: Cuernavaca

Nuevo León: Monterrey

Oaxaca: Oaxaca

Puebla: Puebla, Atlixco

Querétaro: Querétaro, San Juan del Río

Quintana Roo: Cancún, Chetumal, Playa del Carmen

San Luis Potosí: San Luis Potosí

Sinaloa: Culiacán

Sonora: Hermosillo, Ciudad Obregón

Tamaulipas: Ciudad Victoria, Matamoros, Tampico

Tlaxcala: Tlaxcala

Tabasco: Villahermosa

Veracruz: Veracruz, Coatzacoalcos, Córdoba, Xalapa, Orizaba, Poza Rica

Yucatán: Mérida

Zacatecas: Zacatecas

Empieza la insurgencia pacífica y con ella la esperanza de obtener la democracia que ganó México en la intención del voto libre el primero de julio.

Lenia Batres Guadarrama - Opinión EMET

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