Calderón será protegido por Peña Nieto... pero no por mucho tiempo. (Guillermo Fabela)

 

México es burlado por una mafia que busca preservar sus privilegios, aunque con ello ponga en grave riesgo la gobernabilidad del país en los meses venideros

La visita de Enrique Peña Nieto a Los Pinos, para tener una entrevista de más de una hora con Felipe Calderón, es una violación a la normatividad electoral, en tanto que el abanderado priísta está impugnado por un cúmulo de irregularidades que en un país democrático serían motivo para anular la elección. Sin embargo, como la oligarquía tiene prisa en que el ex gobernador mexiquense releve al panista en la silla presidencial, la autoridad electoral se ha prestado de manera por demás indigna a validar un proceso que culminó de manera fraudulenta, por lo que una vez más el pueblo de México es burlado por una mafia que busca preservar sus privilegios, aunque con ello ponga en grave riesgo la gobernabilidad del país en los meses venideros.

Así se confirma que las cúpulas del binomio PRI-PAN siempre tuvieron un acuerdo para formalizar en los hechos un bipartidismo conservador que le cierre a las fuerzas progresistas la posibilidad de acceder al poder por medios pacíficos. Con todo, existen mecanismos institucionales para evitar que los salinistas cumplan sus propósitos antidemocráticos, sin caer en provocaciones que serían el pretexto que buscan para desatar una represión inédita. Por lo pronto, está visto que los comicios siempre fueron una farsa indispensable para cumplir con el mandato constitucional. Los argumentos del Instituto Federal Electoral (IFE) así lo corroboran.

En su informe circunstanciado, que remitió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), reitera que el juicio promovido por el candidato de las fuerzas progresistas, Andrés Manuel López Obrador, “no actualiza supuestos de nulidad”. Puntualiza que, “suponiendo sin conceder que las 6 mil 294 probanzas presentadas por la coalición acreditaran una forma de presión al electorado, no evidencian que dicha circunstancia haya sido determinante en el resultado de la votación”. Cuando mucho, concluye, “ello será motivo de una sanción administrativa y no alguna causa de invalidez de la elección presidencial, como lo pretende el incoante”.

En vez de haber avanzado en seis años en materia democrática, estamos peor ahora, pues las pruebas que demuestran de manera fehaciente las graves irregularidades que cometió el PRI antes y durante los comicios, son inexistentes para el IFE. Así se garantiza impunidad para los delincuentes electorales, con lo que se cancela toda posibilidad de cambios democráticos por medios pacíficos. Aun así, las fuerzas progresistas no deben entrar al juego rudo al que están invitando los representantes de la oligarquía, sino actuar dentro de los cauces que brinda el propio sistema, para derrotar sin violencia a los violentos, pues entrar a ese juego significaría justificar una represión extraordinaria, para la que ya están preparados.

Esta dramática situación debe ser un acicate para trabajar con más firmeza en la organización ciudadana, con el fin de preparar una resistencia pacífica muy amplia y de largo alcance. Porque finalmente la razón histórica la tiene el pueblo, no la mafia apátrida cuyo único interés es mantenerse en el poder para medrar y agrandar sus privilegios, incluso a costa de enajenar los bienes nacionales en beneficio de intereses extranjeros. El neoliberalismo no puede ni debe ser eterno, de hecho ya está de salida porque mantenerlo más tiempo, a costa de seguir humillando a las clases mayoritarias y liquidando los derechos de los trabajadores, equivaldría a poner en grave riesgo el futuro del planeta, cuando de por sí presenta problemas de todo tipo que ya son un pesado lastre para las nuevas generaciones.

En este momento no importa que Calderón y Peña Nieto hayan llegado a acuerdos convenientes para ambos, que según ellos les permitirán apuntalar un bipartidismo de largo alcance, porque las contradicciones sociales, económicas y políticas irán en aumento en los meses venideros, lo que anulará tales acuerdos. El PRI no querrá cargar todo el tiempo con los problemas que heredará del PAN, porque sufriría un desgaste sumamente acelerado, así que se vería obligado a romper una alianza que dejaría de convenir en cuanto creara más problemas que soluciones, al estar “gobernando” sólo para apuntalar los intereses de la oligarquía y del grupo salinista.

Calderón podrá abandonar Los Pinos sabiendo que será protegido por su sucesor, tal como deben haberlo acordado, pero dicha protección no será duradera en cuanto los problemas que deje comiencen a desfondar el “gobierno” de Peña Nieto. Se verá obligado a demostrar a la nación que tiene una mínima voluntad política para enfrentar una realidad que lo pone a prueba. La prisa que tienen ambos para que la transferencia del poder culmine pronto, es una demostración de la gravedad de los compromisos que hicieron. Sin embargo, incluso con la complicidad de las autoridades electorales, es preciso que la nación cierre filas en torno al objetivo de impedir se realice un nuevo fraude, cuyas consecuencias para los mexicanos serían irreparables. Es el colmo que ni siquiera guarden las formas.

Guillermo Fabela - Opinión EMET

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