México: imperio del narcotráfico. (Lilia Arellano)

 

Ante los más recientes hechos de violencia relacionada con las actividades electorales, como el asesinato de Edgardo Hernández Corzo a manos del candidato priísta a la alcaldía de Villaflores, Chiapas, Ulises Grajales

En el centro de un conflicto armado que ha dejado más de 80 mil víctimas derivadas de la “guerra contra el narco” detonada por Felipe Calderón, y en medio de escándalos de corrupción, impunidad, ligas de políticos encumbrados con capos del narcotráfico, más de 77 millones de mexicanos elegirán el próximo 1 de julio a un nuevo Presidente de la República, 300 diputados de mayoría relativa, 200 de representación proporcional, 64 senadores de mayoría relativa, 32 de primera minoría y 32 de representación proporcional. Dentro de estos procesos electorales existen varias entidades en riesgo por el poder que ejercen actualmente las organizaciones criminales como Los Zetas, La Familia Michoacana, los cárteles del Golfo, de Sinaloa, de Tijuana, Los Negros o Los Templarios, y en éstas destacan Veracruz, Nuevo León, Sinaloa, Michoacán, Durango, Guerrero, Tamaulipas, Baja California Sur, Nayarit y Coahuila.

Dentro de una Nación empantanada por la violencia, donde uno de los principales desafíos para el próximo gobierno federal es precisamente el vencer la impunidad de la que gozan principalmente los integrantes de su corrupta clase política, los mexicanos habrán de renovar también los gobiernos de los estados de Yucatán, Jalisco, Tabasco, Guanajuato, Morelos y la jefatura de gobierno del Distrito Federal, además de elegir a los integrantes de los poderes legislativos locales y, en su mayoría ayuntamientos y delegaciones en el caso de la capital de la República. Adicionalmente, los estados de San Luis Potosí, Colima, Campeche, Sonora y el Estado de México, renovarán congresos y gobiernos municipales.

Ante los más recientes hechos de violencia relacionada con las actividades electorales, como el asesinato de Edgardo Hernández Corzo a manos del candidato priísta a la alcaldía de Villaflores, Chiapas, Ulises Grajales; de la ejecución del candidato perredista a diputados por el Distrito 14 de Guerrero, Margarito Genchi, así como los ataques al convoy del candidato presidencial del PRI-PVEM, Enrique Peña Nieto, el Consejo General del IFE conminó a los actores políticos a suscribir un pacto de civilidad que garantice la seguridad de candidatos presidenciales, a diputados y senadores, y demás cargos de elección popular y evite hechos de violencia lamentables.

Fresca en la memoria de los consejeros electorales y de la ciudadanía en general está aún el asesinato el 28 de junio de 2010, del candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, quien fue emboscado junto con su comitiva el carretera federal 70, tramo Soto La Marina-Ciudad Victoria, perpetrado presuntamente por “Los Zetas”. O el asesinato, el 21 de noviembre de 2010, del ex gobernador de Colima, Silverio Cavazos, quien fue ejecutado al salir de su casa en la capital de ese estado. También, el homicidio del sobrino del gobernador del Estado de Chihuahua, César Duarte Jáquez, en un presunto secuestro el 15 de julio de 2010. Asimismo, el “levantón” del alcalde de Santiago, Nuevo León, Edelmiro Cavazos Leal, quien fue secuestrado por un comando armado el 16 de agosto de 2010 y cuyo cadáver fue localizado dos días después.

No podemos dejar de mencionar el ataque, el 15 de febrero de 2011, a dos agentes de Inmigración y Aduanas de EU en una carretera de San Luis Potosí, y en el que murió uno de los agentes, y que desató toda una cacería por parte de sus compañeros contra el cártel de Los Zetas. Otro ataque que llamó mucho la atención de la opinión pública nacional fue el que se desarrolló el 20 de agosto de 2011 a las afueras del Estadio de Torreón durante el partido Santos contra Morelia, el cual tuvo que ser suspendido al minuto 40, cuando los jugadores y el árbitro se refugiaron a los vestuarios y los espectadores corrieron también a resguardarse.

PROCESO ELECTORAL EN RIESGO

Todo este panorama nos señala que no sólo el adecuado desarrollo del proceso electoral está en riesgo y, por lo tanto, la credibilidad de sus resultados, sino incluso la gobernabilidad general del país ante un proceso democrático fallido. Las saldos de la guerra calderonista contra el narcotráfico son por demás graves, no sólo por las decenas de miles de muertos, huérfanos y viudas, así como de desaparecidos y desplazados, sino por el costo global que ha tenido para la nación.

Además, los cárteles del narcotráfico ni siquiera han podido ser debilitados a pesar de las frecuentes detenciones de “capos” realizados por la autoridades federales y difundidos por la administración federal con bombo y platillos. Las estadísticas indican que las organizaciones criminales se han fortalecido, principalmente el cártel de Sinaloa, debido a que las incursiones en los territorios que controla han sido contadas y los golpes en su contra son pocos, además de que los sicarios pertenecientes a esta organización que logran ser detenidos en su gran mayoría vuelven a ser puestos en libertad.

Más que vigentes y activos siguen las organizaciones criminales de los hermanos Beltrán Leyva, de los llamados Caballeros Templarios, de La Familia, el cártel del Golfo, el cártel de Juárez, el cártel de Sinaloa, Los Negros, el cártel de Tijuana y Los Zetas, cuyas estructuras no han podido ser desmanteladas y su poderío económico y militar se ha fortalecido y reta la fuerza de combate del Ejército, la Marina y la Policía Federal en muchas regiones.

El hecho de que se mantengan con una gran fortaleza se debe a que su estructuras económicas, financieras y de lavado de dinero no han podido o no han querido ser tocadas en el país, y los expertos en la materia señalan que anualmente ingresan a México entre 25 mil y 40 mil millones de dólares, que son integrados sin grandes dificultades a la estructura económica formal.

Sólo en Estados Unidos si les han dado serios golpes, como la reciente detención de cabecillas de Los Zetas y el desmantelamiento de empresas de caballos de carreras en ese país. Además, el suministro de armas provenientes del vecino país del norte sigue su flujo sin que haya podido ser detenido. Es más, las investigaciones sobre el escándalo del operativo “Rápido y Furioso”, respecto al trasiego “controlado” de armas a México, sólo ha quedado en eso, pues las investigaciones no han avanzado.

Otra muestra del fracaso de la estrategia seguida a lo largo del sexenio lo es sin duda el hecho de que, según funcionarios de inteligencia de EU, el cabecilla más poderoso del narcotráfico en el país, Joaquín “El Chapo” Guzmán, controla ahora las codiciadas rutas para trasladar estupefacientes a través de Ciudad Juárez, Chihuahua, y que éste jefe criminal está ganando la guerra de las drogas en México. No hay que dejar de observar que las ciudades fronterizas de Ciudad Juárez y el Paso, Texas, constituyen uno de los cruces principales de las drogas hacia Estados Unidos.

Las acciones emprendidas por la administración calderonista han sido cuestionadas desde diferentes sectores de la población que han destacado que las acciones militares y policiales de la Federación coincide con un aumento en el número de violaciones a los derechos humanos. Los crímenes cada vez más violentos y salvajes ligados al crimen organizado, han logrado que varios estados del país figuren entre los más violentos a nivel mundial. La saña inaudita con que son cometidos los ajusticiamientos por parte de sicarios al servicio de los cárteles del narcotráfico los ha llevado a alcanzar una gran notoriedad a nivel mundial. Las estadísticas señalan que el 10 por ciento de las víctimas caídas en esta guerra, son personas sin ninguna relación con el crimen organizado o los cárteles de la droga.

Los estados que más han resentido los daños directos y “colaterales” de la guerra al crimen organizado son Chihuahua, particularmente Ciudad Juárez, considerada la ciudad más violenta del mundo, Sinaloa, Michoacán, Veracruz, Durango, Nuevo León, Guerrero, Tamaulipas, Baja California, Nayarit y Coahuila. Pero el conflicto también se resiente en el resto de las entidades como Hidalgo, Aguascalientes o Tabasco, donde los ataques a las poblaciones civiles ya no causan asombro, aunque si mantienen el miedo, la incertidumbre y el temor entre los ciudadanos de esos estados, que mantienen fresca en la memoria los cobardes ataques que han resentido, y que se mantienen totalmente impunes, lo que ha llevado a observadores internacionales a señalar a México como un “Estado fallido”:

Destacan entre otros, en Morelia, Michoacán, los ataques con granadas en pleno centro de la ciudad durante la celebración del 15 de septiembre de 2008, en donde resultaron 9 personas muertas y 32 heridos… La matanza de jóvenes en Ciudad Juárez, Chihuahua, a principios de febrero de 2010, en donde fallecieron 13 adolescentes… La muerte de dos estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el 19 de marzo de 2010, durante un enfrentamiento entre el Ejército y un grupo de sicarios… También en esa capital estatal, el ataque de un grupo armado de “Los Zetas” contra las instalaciones del Casino Royale, que fueron quemadas y en donde fallecieron 52 personas… La ejecución de 75 migrantes centro y sudamericanos, cuyos cuerpos fueron localizados en fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas… El asesinato de 24 personas en el municipio de Ocoyoacac, Estado de México, cuyos cuerpos fueron localizados en septiembre de 2008… La ejecución de internos de un centro de rehabilitación en la ciudad de Chihuahua el 11 de junio de 2010… El asesinato de 12 agentes federales que viajaban en un autobús en una carretera del estado de Michoacán, el 14 de junio de 2010.

Los ataques, ejecuciones, asesinatos y ajustes de cuentas no han cesado a lo largo de la administración de Felipe Calderón, que se ha esforzado desde el año pasado por ocultar la magnitud de la tragedia nacional que detonó su fallida estrategia contra las organizaciones criminales, en cuya tarea ha sido ayudado por los embates que los criminales han llevado a cabo contra los medios de comunicación y sus trabajadores, a muchos de los cuales les ha costado la vida el revelar datos y nombres de narcotraficantes. El último caso sucedió apenas hace unas horas y se refiere al reportero policial Víctor Báez Chino, quien fue asesinado en la madrugada del jueves y su cuerpo localizado a menos de dos cuadras del palacio de gobierno de Veracruz, en la capital de esa entidad.

Lilia Arellano - Opinión EMET

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