La voluntad mayoritaria en las urnas será favorable a la corriente progresista. (Guillermo Fabela)

Los problemas se agravaron por la incompetencia de Calderón, pero también por la voracidad de la burocracia dorada que encabeza

La firma del Pacto de Civilidad por parte de los cuatro candidatos a la Presidencia de la República, a iniciativa del Consejo Coordinador Empresarial, no habrá de servir de mucho si la oligarquía ligada a poderosos intereses trasnacionales está decidida a no permitir que la democracia se apuntale en México. Porque en el fondo del asunto no es la voluntad de los abanderados partidistas, sino la fuerza de los intereses creados la que determinará si se respeta o no la voluntad popular manifestada en las urnas. Mucho menos relevancia tiene que el Instituto Federal Electoral (IFE) haya dado su aval al documento donde quedó sellado el compromiso, pues en los hechos ha demostrado no tener capacidad para obligar a las dirigencias de los partidos a actuar con estricto apego a la ley.

           

A lo largo de los tres meses de campaña, el IFE ha recibido cientos de pruebas de las maniobras ilegales de coacción del voto, principalmente por el PRI, sin que haya hecho nada efectivo por evitar estas prácticas. La impunidad ha sido el sello distintivo del proceso, lo que demuestra la necesidad ineludible de reformas de fondo en los órganos electorales que garanticen plena legalidad en el quehacer de los partidos. No avanzar en esa dirección contribuirá a que sigamos viviendo en una simulación que frenará mínimos avances democráticos. Así no tiene sentido destinar tan cuantiosos recursos del erario en el sostenimiento de los órganos electorales, si a final de cuentas no sirven más que para “legitimar” una farsa electoral que erosiona la vida cívica en su totalidad.

           

Sin una plena autonomía de los órganos electorales no habrá posibilidad de garantizar respeto a la voluntad ciudadana en las urnas. Se ha venido caminando en reversa desde la creación del IFE en 1991, situación inadmisible que debe ser corregida de inmediato una vez que entre en funciones el nuevo Congreso. Con todo, lo importante es que el Legislativo tenga la fuerza suficiente para hacer valer una auténtica división de poderes, por encima de intereses creados, como los que ya se prestan a actuar en contra de los intereses del país, por ejemplo la telebancada que tiene asegurada su presencia por la vía plurinominal.

           

Aunque a final de cuentas lo que estará en juego los próximos años es el futuro de México como nación soberana. Apuntalar la marcha dependerá de que se respete el voto de las mayorías, que seguramente será a favor de quien represente con más credibilidad la defensa de los intereses patrios. Ya vimos cómo hace seis años fue burlada la voluntad popular, por la firme coacción de la oligarquía, fiel aliada de grandes intereses trasnacionales que no aceptan la posibilidad de ver reducidas sus altas tasas de ganancias. Se impusieron los intereses creados, con un enorme costo para el país luego de un sexenio de violencia, inseguridad y mayor pobreza. Felipe Calderón demostró fidelidad absoluta a esos grandes intereses, situación que no debe repetirse porque la sociedad nacional tendría que pagar terribles consecuencias.

           

La situación del país no está para soportar más presiones oligárquicas dirigidas a reducir la de por sí magra parte de la renta nacional que le toca a las grandes mayorías. Es vital revertir esta tendencia, porque sin una elemental justicia social no habrá posibilidades de que México sea dueño de su destino. Se iría sumiendo cada vez más en una descomposición irreversible que daría al traste con las instituciones democráticas y se impondrían “soluciones” extralegales, con gran violencia y derramamiento de sangre. Esto es lo que debiera tener muy presente la cúpula empresarial, pues finalmente hasta ella saldría perjudicada con un Estado de excepción.

           

Un verdadero Pacto de Civilidad no depende de la firma de los candidatos, sino del compromiso de la oligarquía con el futuro del país. En realidad, lo que tendría un valor muy trascendente en este momento sería la firma de los grandes dirigentes de la oligarquía comprometiéndose a no obstaculizar el desarrollo de las instituciones democráticas. Esto sí sería una firme garantía de que el proceso electoral del domingo se ajustaría a imperativos de limpieza, transparencia y legalidad incuestionables. Si esto se hubiera hecho hace seis años nos habríamos evitado enormes sufrimientos y el dramático deterioro de las instituciones del Estado. Se actuó firmemente en defensa de intereses creados, no de la sociedad nacional, y ya vimos lo que ocurrió durante el sexenio más sangriento y empobrecedor de que se tenga memoria.

           

Los problemas se agravaron por la incompetencia de Calderón, pero también por la voracidad de la burocracia dorada que encabeza. Sin embargo, tal experiencia podría incluso magnificarse aún más si no se respeta la voluntad mayoritaria en las urnas, que seguramente será favorable a la corriente progresista, como se evidenció durante el transcurso de la campaña. Esto porque la gente, incluso la más desinformada y enajenada por la televisión, no es masoquista ni suicida. Quiere un cambio de fondo en el rumbo del país, favorable a la sociedad en su conjunto, no sólo a una minoría que mientras más tiene más quiere y, lo peor, que sirve sobre todo a intereses extranjeros, como lo demostró con creces el actual “gobierno”.

Guillermo Fabela - Opinión EMET

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