El fantasma del fraude recorre el territorio nacional. (Lilia Arellano)

Mucho tiene que ver el hecho de que se denuncian delitos electorales, presuntamente se investigan, pero no pasa nada.

Sí, firmaron. Sí, se comprometieron a respetar los resultados de las elecciones de este domingo. Sí, suscribieron el “Compromiso por México”. Sí, aseguraron que van a respetar las decisiones de las instituciones en la materia, rechazar la violencia y la coacción del voto. Sí, manifestaron su disposición para que la jornada electoral del 1 de julio se realice de manera pacífica y con total apego a la ley. Enrique Peña Nieto, candidato presidencial del PRI-PVEM, y Andrés Manuel López Obrador, del PRD-PT-Movimiento Ciudadano, quienes se dieron la mano al arribar al IFE; así como Josefina Vázquez Mota, del PAN, y Gabriel Quadri de la Torre, del Panal, estamparon su rúbrica. Entonces, ¿por qué prevalece la desconfianza, la incertidumbre, el sospechosismo, la duda, la inseguridad sobre lo que habrá de acontecer el día 2 de julio? ¿Por qué sigue latente el riesgo de descalificaciones y violencia tras el proceso electoral? ¿Por qué el fantasma del fraude recorre el territorio nacional?

La firma del compromiso por la civilidad tuvo como “testigos de honor” a María Elena Morera de Causa Común; a Gerardo Gutiérrez Candiani, del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); y a representantes de la Unión de Voceadores y el secretario general del sindicato de ASA, Fernando Perfecto. Los cuatro candidatos presidenciales al firmarlo, como lo señaló con precisión el presidente consejero del IFE, Leonardo Valdés, se comprometieron a instar a sus correligionarios a que los comicios transcurran en un ambiente de “civilidad y tranquilidad”; expresaron su confianza en los representantes de casilla; se opusieron al uso de recursos públicos y programas sociales para coaccionar el voto; y rechazaron todo acto de violencia que inhiba la participación ciudadana en el proceso electoral… Y sin embargo…

Los electores en México siguen sin creer en la autonomía de los organismos electorales y en la imparcialidad del gobierno federal como consecuencia de la actuación de éstos durante los 90 días que duraron las campañas electorales. Elevan las cejas en señal de desconfianza cuando los funcionarios del calderonismo aseguran que garantizarán que la jornada electoral se lleve a cabo en condiciones de “seguridad, paz social y normalidad”, de conformidad con el convenio firmado entre el Instituto Federal Electoral y la Secretaría de Gobernación, en diciembre pasado. A José Alejandro Luna Ramos, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), no se le cree cuando dice que a pesar de que este año se espera una mayor cantidad de inconformidades, el organismo a su cargo está debidamente preparado para resolver cualquier conflicto, pues en esta ocasión serán tres y no dos los magistrados quienes se encarguen de calificar el proceso electoral.

¿Será porque durante el periodo de campaña electoral (del 30 de marzo al 25 de junio de 2012), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fapade) inició 555 averiguaciones previas en materia de delitos electorales y no ha pasado nada, a pesar de que el Instituto Federal Electoral (IFE) y la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Fepade, institución responsable de la procuración de justicia penal electoral, incrementaron el despliegue de infraestructura y de personal en todo el territorio nacional, para estas elecciones concurrentes, federales y quince estatales? ¿Por qué no se cree a las autoridades electorales cuando dicen que las acciones llevadas a cabo por la Fepade garantizan una actuación pronta y expedita en materia de procuración de justicia penal electoral, bajo un esquema de coordinación y colaboración con el IFE?

Mucho tiene que ver el hecho de que se denuncian delitos electorales, presuntamente se investigan, pero no pasa nada. Un ejemplo destacable es el hecho de que el IFE detectó e investiga presuntamente 9 mil 924 tarjetas con un monto fondeado de 70 millones 815 mil 534 pesos pertenecientes a la cuenta que una persona moral de carácter mercantil contrató con Banca Monex. El PAN acusó al PRI de usar esta cuenta para pagar a sus “operadores electorales”, que presumiblemente “compran” votos para Enrique Peña Nieto. Los panistas sostienen que el dinero de esas cuentas proviene de aportaciones privadas al PRI, lo que constituye una violación a la ley. No obstante, la Comisión de Quejas y Denuncias del IFE determinó no congelar la cuenta, por lo que ésta sigue operando, porque, dijo, no existen elementos que comprueben que con este dinero se comprarían o compran votos. Lo único que se hizo fue que la Unidad de Fiscalización del IFE ordenó dar vista a la Fepade para que se investigue la posible comisión de un delito. Eso fue todo.

Las denuncias sobre los oscuros convenios con empresas televisivas y otras empresas dedicadas a la publicidad y propaganda, comprobados una y otra vez, y los cuantiosos recursos utilizados por candidatos presidenciales para sus traslados y logísticas, particularmente los operados por el candidato priísta, duermen el sueño de los justos y no preocupan mayormente a las autoridades electorales ocupadas únicamente en que el mar de irregularidades antes, durante y después de los comicios del 1 de julio no despierte al México bronco, por lo que están concentradas en tratar de quitarle todos los argumentos posibles a Andrés Manuel López Obrador para que no tenga elementos visibles de inconformidad que deriven en acciones violentas o de resistencia civil en caso de que no gane la elección presidencial, a pesar de que presuma contar con la mayoría de votos.

Esas violaciones a las leyes electorales, comprobables, no preocupan los organismos electorales, a pesar de que descalifican la certeza e imparcialidad de los comicios. El propio consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, admite que “hoy, si una campaña de un diputado, senador o de un candidato presidencial rebasa el tope de campaña –como todo parece indicar ya lo hizo Enrique Peña Nieto- la sanción es para el partido político. Es una sanción económica, son multas. Pueden ser muy elevadas, pero no tiene consecuencias sobre el hecho de que si ese candidato ganó la elección, rinda protesta y ocupe la posición para la que fue postulado”, es decir, “haiga sido como haiga sido”. La pregunta entonces es: “¿en el fondo para que sirve una unidad de fiscalización en el IFE de los recursos de los partidos políticos, si se limita a imponer sanciones económicas a partidos políticos pero no afecta el resultado de la elección?

Lilia Arellano - Opinión EMET

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