Calderón a la PGR: Una broma macabra de pésimo gusto. (Lilia Arellano)

 

El fracaso de la segunda administración federal surgida de las filas del Partido Acción Nacional en esta materia es de una exorbitante magnitud.

Una broma macabra de pésimo gusto fue la propuesta de conocida candidata presidencial para que Felipe Calderón fuera, en caso de ganar ella la Presidencia de la República, el titular de la Procuraduría General de la República. Una verdadera tragedia para la justicia mexicana sería que se concretará esa remota posibilidad a la luz de los hechos más recientes: el asesinato de dos policías federales ejecutados por sus compañeros en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, evidencia la permeabilidad y corrupción de las fuerzas federales, sin dejar de considerar que forman parte de una larga lista de más de 71 mil homicidios dolosos a lo largo de la actual administración federal, cuyo fracaso en la procuración de justicia explica el saturamiento de cárceles y juzgados penales, que llevó ya al Consejo de la Judicatura Federal a resolver que a partir de este lunes, y por tiempo indefinido, los cuatro juzgados penales adscritos a las cárceles federales de Nayarit y Veracruz, dejaran de aceptar nuevos casos debido a que están totalmente saturados, como consecuencia de que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, a cargo del cuestionado Genaro García Luna, no ha asignado espacios para abrir nuevos tribunales.

El fracaso de la segunda administración federal surgida de las filas del Partido Acción Nacional en esta materia es de una exorbitante magnitud. En diversos puntos de la geografía nacional todos los días hay baleados, decapitados, colgados, desmembrados, encajuelados, con tiro de gracia, con narcomensajes, incinerados, deshechos en ácidos y desenterrados de narcofosas, homicidios perpetrados con las características propias del narcotráfico y el crimen organizado. La administración de Felipe Calderón ha optado, más que por reducir el desbordado nivel de violencia, por ocultar sus trágicos resultados escondiendo la información del número total de víctimas, directas, indirectas y “daños colaterales” de la guerra contra los cárteles de la droga desatada desde el inicio de su administración, que ha propiciado una peligrosa debilidad del Estado mexicano el cual en estos momentos no tiene capacidad de investigar, acusar y procesar los homicidios.

Irracionalmente, el actual inquilino de Los Pinos ha dedicado las últimas semanas, que coinciden con la fase última de las campañas por la Presidencia de la República, a destacar la “necesidad” de seguir en el próximo gobierno la batalla contra las organizaciones criminales aplicando la misma estrategia para combatir a los cárteles de la droga y la inseguridad, la cual ha fracaso totalmente. Lo peor es que también ha ocupado el tiempo para dejar claro que no se arrepiente de nada e intentar convencer que era indispensable el haber sacado a los solados de los cuarteles para combatir a los narcotraficantes, aún y cuando éstos no contarán con las facultades legales para realizar esta labor, para la cual tampoco estaban capacitados, lo que llevo a un sinúmero de violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos comunes.

EJECUCIONES DE PERIODISTAS

Poco o nada le ha interesado a la administración federal actual el número de asesinatos y también poco o nada se ha hecho por esclarecerlos. En esta masacre han quedado 52 periodistas y 11 más han desaparecidos. El calderonismo llevo a México a ser el país más peligroso del mundo para el ejercicio del periodismo, por encima incluso que Irak. En lo que va de las gestiones federales panistas al menos 93 comunicadores han sido victimados y desparecidos. También han sido ejecutados al menos 63 defensores y luchadores sociales. Comandos armados, grupos paramilitares y policías y militares estarían implicados en los “operativos” para terminar con la vida de quienes impulsan la democracia, la justicia y la equidad en el país, de acuerdo con las pocas investigaciones que se han realizado. Ni los compromisos de las autoridades federales y estatales ni las medidas cautelares dictadas por el sistema de justicia han evitado las ejecuciones de luchadores sociales, que han sido etiquetadas chapuceramente como parte de las bajas en la guerra contra el narcotráfico. En México el 98 por ciento de los delitos queda impune y la inmensa mayoría de las víctimas ya ni siquiera los denuncia.

La corrupción de las fuerzas policíacas federales quedó una vez más de manifiesto con el caso de los policías ejecutados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y no han encontrado la forma de ocultarlo, aunque lo intentaron, sin duda alguna. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, a cargo de García Luna, fue forzada por la presión de la opinión pública a dar a conocer los rostros y nombres de los policías federales supuestamente integrantes de una red de narcotraficantes que operan en el aeropuerto y que habrían dado muerte a sus compañeros el lunes pasado. El jefe de la División de Seguridad Regional, Luis Cárdenas Palomino, informó el jueves que se trata de los agentes Daniel Cruz García y Zeferino Morales, quienes participaron directamente en los homicidios, así como del jefe de ambos, Bogard Felipe Lugo de León. La SSP ofreció una recompensa de 5 millones de pesos para quien dé informes que lleven a la captura de los presuntos responsables, al tiempo que informó que integró unidades especiales para detener a los tres policías federales.

Otro caso reciente sin resolver que deja descubierto la colusión de fuerzas federales con los cárteles del narcotráfico es el relativo a la investigación que se les sigue a los generales Tomás Ángeles Dauahare, ex subsecretario de la Defensa Nacional y Roberto Dawe González, general brigadier en activo, detenidos el pasado mes de mayo por elementos de la Procuraduría General de la República, a cargo de Marisela Morales, y arraigados mientras se indagan sus presuntos nexos con la delincuencia organizada. La funcionario prometió este viernes que “en breve” se definirá la situación jurídica de los dos generales arraigados y rechazó que haya más investigaciones contra otros cinco militares.

Otros casos más sin resolver que revela dicha podredumbre en la que están coludidos los poderes públicos con organizaciones criminales, son las investigaciones contra los ex gobernadores de Tamaulipas Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, a quienes se les investiga por presuntamente expropiar inmuebles y venderlos a sus presuntos prestanombres, quienes habrían construido fraccionamientos de alta plusvalía con dinero de el cártel del Golfo y de Los Zetas. El caso aparentemente no avanza y se encuentra empantanado por el hecho de que la averiguación deriva de denuncias anónimas, de afectados y de un testigo protegido, quien sostiene ser integrante de Los Zetas, y que declaró que su banda gozaba de la protección de los gobiernos tamaulipecos. Desde hace dos años, Eugenio Hernández compareció por la investigación que realiza la PGR en su contra por delincuencia organizada, delitos contra la salud y enriquecimiento ilícito.

Lilia Arellano - Opinión EMET

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