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AI recordó además la situación de la periodista de asuntos policiacos del diario Zócalo, en Coahuila, Stephania Cardoso, quien está escondida debido a que recientemente denunció que su vida y la de su hijo están en riesgo.
Los recientes asesinatos de dos periodistas en México –uno en Veracruz y otro en Sonora– “constituyen actos criminales de extremo y negativo impacto contra el gremio, que incrementan la dimensión del riesgo en el que ejercen su profesión, lo cual vulnera el ejercicio de la libertad de expresión en el país”, aseveró la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay.
Al respecto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a las autoridades mexicanas a adoptar acciones para detener la ola de violencia contra los reporteros. En tanto, Amnistía Internacional (AI) subrayó que el homicidio del comunicador veracruzano “demuestra que las autoridades tanto a nivel federal como local no han sido capaces de acabar con la impunidad en los casos de ataques a periodistas, ni parecen estar dispuestas a ofrecer protección efectiva”.
Desde Ginebra, Suiza, Navi Pillay manifestó su preocupación por el “dramático” incremento de la violencia contra los periodistas en México. Al inaugurar en esa ciudad europea la 20 sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Pillay señaló que el asesinato el 14 de junio de Víctor Manuel Báez Chino, periodista del portal de noticias www.reporterospoliciacos.mx, en Veracruz; sumado al hallazgo el 18 de mayo en Guaymas, Sonora, del cuerpo sin vida de Marco Antonio Ávila García, reportero del periódico El Regional, luego de ser violentamente secuestrado por individuos armados la víspera en Ciudad Obregón, representan actos criminales contra el gremio.
Según La Jornada, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó estos hechos, expresó sus condolencias a los familiares y colegas de las víctimas y subrayó “la imperativa necesidad de que se desarrollen investigaciones oportunas, exhaustivas, e imparciales sobre estos dolorosos acontecimientos que permitan la más pronta identificación, procesamiento y sanción de los responsables”.
La Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH, por su parte, llamó a las autoridades mexicanas, federales y locales, “a poner en práctica todos los instrumentos jurídicos con los que cuenta para identificar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de este nuevo crimen”.
Manifestó “su profunda preocupación por la repetición de gravísimos ataques contra la prensa en México, en los cuales han sido asesinados durante este año al menos siete trabajadores de medios de comunicación, seis de ellos en Veracruz”.
AI recordó además la situación de la periodista de asuntos policiacos del diario Zócalo, en Coahuila, Stephania Cardoso, quien está escondida debido a que recientemente denunció que su vida y la de su hijo están en riesgo.
“Estos hechos... resaltan la urgencia de implementar la nueva Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que fue aprobada en marzo por el Congreso, pero que aún no ha sido firmada por el Presidente”, lamentó AI.
Redacción EMET
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