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Enfatizó que se trata de una reforma penal que busca proteger los intereses de la mayoría de los mexicanos en lugar de cuidar a quienes quieren lastimar a la gente, como en ocasiones lo hacen algunos funcionarios corruptos.
"Debemos insistir en que el estado que guardan las instituciones de justicia, particularmente en ciertas entidades federativas, es sumamente preocupante. La actitud de muchos gobernadores es de un absoluto e irresponsable desdén. Siguen siendo un gran obstáculo a la implementación de la reforma", declaró Martí García.
El empresario no paró ahí, sino que remarcó: "Y es que el problema real es que esos políticos son de miras muy cortas. No se han dado cuenta que los ciudadanos hemos cambiado, que el país es otro".
Esta clase de gobernantes, subrayó, asumen las propuestas de reforma como una amenaza a su proyecto político. A lo que en realidad se oponen, debe decirse, es al bienestar de los mexicanos.
Aseveró que no hay capacidad para entender que el país es primero, porque lo asumen como un motín. "Digámoslo así, el país y nosotros, nuestro bienestar y futuro como nación "están secuestrados por los intereses de una clase política con un ADN profundamente antidemocrático".
En su discurso dentro del IV Foro Nacional Sobre Seguridad y Justicia, detalló que de las 32 entidades federativas, en 18 no se ha aplicado la reforma, a pesar de que ya se cumplió la mitad del plazo marcado en la Constitución.
Martí García dijo que no se trata de un problema de recursos económicos, porque existen fondos federales que tan sólo en el año ascendieron a 440 millones de pesos para implementar la reforma y, por lo tanto, ese no puede ser el pretexto.
Martí García hizo ver que estamos a la mitad del plazo marcado por la Constitución para la implementación total de la reforma y sólo se ha hecho en tres estados, en ocho se ha aplicado de manera parcial, en cinco ya se aprobó el nuevo Código de Procedimientos Penales y en cuatro más se hará a partir del próximo año.
Enfatizó que se trata de una reforma penal que busca proteger los intereses de la mayoría de los mexicanos en lugar de cuidar a quienes quieren lastimar a la gente, como en ocasiones lo hacen algunos funcionarios corruptos.
Asimismo, reconoció los avances institucionales que han tenido algunas dependencias, como la Procuraduría General de la República (PGR) o la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para aplicar el nuevo sistema.
Además, hizo un llamado al Congreso de la Unión para que apruebe las reformas pendientes, como la Ley de Amparo y el nuevo Código de Procedimientos.
Con información de Informex