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Ante la denuncia de irregularidades en la investigación, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos anunció que investigará posibles torturas y allanamientos por parte de la fiscalía del estado.
Los padres de los cuatro menores asesinados la semana pasada en el municipio de Tacotalpa fueron a devolver ayer a la residencia oficial del gobernador 80 mil pesos en efectivo que el mandatario les entregó el lunes, tras señalar que quieren que haya justicia y no que pretendan pagarles por la muerte de sus hijos.
Teresa Álvarez Pérez y Anita Gómez Pérez, madres de los menores, contaron frente a la prensa el dinero que traían en los sobres –20 mil por cada niño-- y luego caminaron junto con medio centenar de personas desde la Procuraduría de Tabasco hasta la quinta Grijalva, donde fueron atendidas afuera por el director de Gobierno, Leonardo García, quien se negó a recibir el dinero.
Álvarez Pérez, madre de los menores Blanca, Gustavo y Jesús Gutiérrez, exigió justicia y castigo a los verdaderos responsables.
“Aquí venimos a dejar el dinero que nos dio el gobernador, no queremos nada, queremos justicia para cuatro niños, tres que se me murieron a mí y el de la vecina, no queremos nada, por eso venimos a dejarle eso”, dijo.
“No queremos dinero, queremos que se siga investigando hasta lo último”, añadió.
A esto, el gobernador Andrés Granier Melo respondió ayer mismo en entrevista que jamás pretendió pagar por la vida de los menores sino que fue una ayuda para los gastos funerarios.
“Son gente de lo más humilde, yo hablé con ellos, el dinero fue de apoyo para los gastos funerarios, estuve yo presente, no se los entregué, pero estuve presente en una reunión de 8 o 9 gentes, para apoyo funerario nada más, pero en ningún momento tratamos de devolverle la vida a cambio de dinero”, indicó.
El encuentro entre Granier y los deudos se realizó el lunes en el Palacio de Gobierno de Tabasco. El mandatario también rechazó que su administración esté inventando culpables y acusó que hay grupos que quieren politizar el caso.
“La justicia va a imperar sobre todas las cosas, lo único que quiero dejar muy claro es que jamás voy a permitir que politicen un hecho lamentable”, sostuvo.
Además de esto, también los familiares de los cinco detenidos se manifestaron ayer acusando que los quieren utilizar como “chivos expiatorios” para cerrar el caso.
“Los culpan porque los señala según la gente de una colonia y porque agarraron la mochila de una de las hermanas de ellos para pasarla como si fuera de los niños, pero todos son inocentes y quieren que se declaren culpables”, manifestó Óscar Martínez Méndez, hermano de uno de los detenidos.
Ante la denuncia de irregularidades en la investigación, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos anunció que investigará posibles torturas y allanamientos por parte de la fiscalía del estado.
En tanto, los cinco sospechosos fueron consignados ayer ante un juez, aunque extraoficialmente se supo que el señalado como autor intelectual se negó a admitir los hechos.
Revista EMET - Milenio