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Felipe Calderón tiene razón cuando señaló, en el marco de la Cumbre Regional de las Américas del World Travel and Tourismo Council, que las generaciones futuras recordarán su gestión por la guerra contra los cárteles de la droga
Durante una entrevista que ofreció a Peter Greenberg, realizador del documental “The Royal Tour”, en el que el titular del Ejecutivo Federal desempeñó un papel de simple guía de turistas, Calderón se equivoca si cree que será recordado por “el legado” de trabajar para favorecer al pueblo de México. Durante muchos años Felipe Calderón será recordado por los mexicanos, pero en un contexto diferente, más amplio e histórico: durante los últimos 30 años, exactamente en los sexenios de los pseudopriístas Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, y los neopanistas Vicente Fox y Felipe Calderón, México desaprovechó no sólo su potencial de crecimiento, sino que sumió a más de la mitad de la población en la pobreza y la indigencia.
La actual administración federal apenas si registra un crecimiento promedio de 1.8 por ciento del PIB anual, muy por debajo incluso de sus antecesores, y ha contribuido con una generación de 15 millones de pobres adicionales. A lo anterior habrá que sumarle la profunda corrupción de su administración, la ya documentada por la Auditoría Superior de la Federación y lo que está en curso de revelarse y que tiene relación con los conexiones del crimen organizado con la estructura federal de las fuerzas armadas presuntamente encargadas de su combate y erradicación, que no de su control y administración como sucede en los Estados Unidos.
En pleno apogeo está el escándalo por la detención de los generales de División Tomás Ángeles Dauahare y Brigadier Roberto Dawe González. La Procuraduría General de la República (PGR) ya los arraigó por 40 días por sus presuntos vínculos con la organización de los Beltrán Leyva, por lo que son investigados por delitos contra la salud en la modalidad de fomento y delincuencia organizada. Fuentes de la propia PGR reconocieron que una parte importante de las imputaciones por narcotráfico contra los generales descansa en las declaraciones del testigo protegido “Jennifer” y el mayor Arturo González Rodríguez, quien estuvo adscrito en Guardias Presidenciales y permanece preso. Estos dos personajes supuestamente señalan que los militares recibieron dinero del crimen organizado. Las mismas fuentes aseguran que uno de los narcotraficantes que habría hecho pagos a algunos de los militares es Édgar Valdés Villarreal, alias “La Barbie”, detenido en 2010 por la Policía Federal en el Estado de México.
Cabe destacar que de acuerdo con las filtraciones derivadas de este y otros casos, “Jeniffer” es uno de los testigos más socorridos por la Procuraduría General de la República (PGR), a cargo de Marisela Morales, en los últimos años. Por sus testimonios hoy está en la cárcel el ex titular de la SIEDO, Noé Ramírez Mandujano, detenido en 2008 como parte de la “Operación Limpieza” iniciada contra mandos de dependencias federales que presuntamente protegía a los Beltrán Leyva. Por otro lado, la esposa del general Dawe González, Guadalupe García, pidió el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional pues dijo que el Ejército lo ha abandonado. Esta afirmación se suma a la de Leticia Zepeda, esposa del general Ángeles Dauahare, quien dijo que el militar fue traicionado. La señora García cuestionó en la sede de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), que las autoridades federales concedan mayor credibilidad a “malhechores que viven en las tinieblas”, que a generales que han dado su vida por México.
La tarde de ayer elementos de la Policía Judicial Militar trasladaron de las instalaciones de la SIEDO al Centro Federal de Investigaciones al General de División en retiro Tomás Ángeles Dauahare y al General Brigadier Roberto Dawe González, para cumplir con la orden judicial de arraigo durante 40 días. En este asunto y conforme van dándose a conocer informaciones oficiales crecen los cuestionamientos, más aún cuando van ligándose hechos entre este caso y anteriores que hablan, incluso, de la presencia del fallecido General Acosta Chaparro en tierras quintanarroenses atraído por la oferta realizada por el ex alcalde de Cancún Gregorio Sánchez Martínez y la presencia del militar también en la tierra del ex recluso del penal nayarita de mediana seguridad, es decir en Guerrero, entidad en la que por cierto también se desempeño el General Tello Quiñónez. ¿Tantos militares asesinados y tantos involucrados en el narco sin que dentro del gobierno federal existan cómplices? ¿En manos de quien estamos?
Así, mientras que en la capital de la República apenas comienzan a conocerse las implicaciones del caso y a “cuenta gotas”, en Washington el Comité de Gastos de la Cámara de Representantes aprobó los fondos para apoyar la lucha antinarco en el hemisferio en el 2013, con una partida de 282 millones para la Iniciativa Mérida, pero sin incluir los candados que condicionan el 15% de la ayuda al cumplimiento de los Derechos Humanos. Al mismo tiempo, en Lima, Perú, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, le echa más fuego a la hoguera al señalar que el narcotráfico y el crimen organizado, que pretenden regirse por sus propias “leyes” y contradicen las normas de convivencia democrática, buscan convertirse en alternativa de poder. Subrayó que ambos, de manera asociada, constituyen una amenaza para la democracia de la región.
Y en el esquema de “horror y brutalidad” con la que el narcotráfico opera en México y otras naciones, ganando con sus actos violentos los titulares de los medios de comunicación, los recientes ataques contra periodistas están generando un creciente “apagón informativo”, consideró el semanario británico “The Economist”.
Lilia Arellano - Opinión EMET