Más cañón que Lozano Alarcón. (Francisco Rodríguez)

A las anteriores anomalías, el presidente titular de la JLCA, Ramón Montaño Cuadra, suma otro hecho grave y absurdo contra un presidente de esa instancia laboral, sólo por hacer su trabajo, es decir, impartir justicia laboral

Es común que se manifiesten y marchen los trabajadores, campesinos, organizaciones sociales, populares y ahora los estudiantes… pero cuando ya lo hacen los abogados, conocedores del Derecho, entonces la situación por la que protestan es aún más grave.

Y eso es precisamente lo que ocurre en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) del Distrito Federal, situación que puede desembocar en un conflicto social de graves consecuencias e inestabilidad, aunque señala el denunciante Lauro Sol, hasta hace unos días presidente de la Junta Especial número 15: aún hay tiempo de desactivarlo si en las altas esferas del gobierno federal queda un poco de prudencia, sensibilidad y sentido común… lo que este escribidor pone en duda.

Cuenta Lauro Sol que hace justo una semana, el miércoles 23, a las 13:00 horas, en un hecho inusual que no se recuerda, abogados litigantes se manifestaron ante las puertas de la JLCA contra el Presidente titular, Ramón Montaño Cuadra, a quien señalan de haber impuesto en ese tribunal criterios anti sindicales que ni el propio Javier Lozano Alarcón se atrevió a aplicar cuando era titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, lo cual ya es muy grave.

Lo anterior motivó incluso que el personal de la JLCA exigiera la derogación de esos criterios contrarios a la justicia laboral y la destitución de su presidente mediante una marcha el pasado 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, y un paro de labores.

Volviendo al caso de los abogados litigantes, en el comunicado que leyeron el pasado miércoles a las puertas de ese tribunal, señalaron la arbitraria imposición por parte del ocupante de Los Pinos, Felipe Calderón, de Ramón Montaño Cuadra quien, afirmaron, no reúne los requisitos establecidos en el Artículo 612 de la Ley Federal del Trabajo, en especial lo relativo a “haberse distinguido en estudios de derecho del trabajo y de la seguridad social”, toda vez que es de sobra conocida su total ignorancia en estas materias. Además, que su única experiencia laboral en el gobierno Federal y en el local ha sido en áreas administrativas y financieras.

Dijeron que Montaño Cuadra impuso el pago de las copias de actuaciones y expedientes al precio de 8 pesos por hoja, lo que perjudica a los trabajadores desempleados y viola la disposición legal que ordena que todas las actuaciones de las Juntas deban ser gratuitas.

Así como emitir criterios en materia Colectiva que violan el Artículo 123 Constitucional y la Ley Federal del Trabajo, ya que establecen requisitos no contemplados en la ley para realizar emplazamientos para demandas de la firma de contratos colectivos; para la Toma de Nota de dirigencias sindicales, contraviniendo incluso lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia en el caso del Sindicato Minero; para ejercer el derecho de huelga, etcétera.

Con esos criterios que ni siquiera Lozano Alarcón se atrevió a promulgar se confirma la ignorancia de Montaño Cuadra, ya que los artículos 614 y 615 de la Ley Federal del Trabajo solamente los contempla para el caso de que dos Juntas Especiales sostengan tesis contradictorias.

También, de imponer requisitos y obstáculos para el ingreso al edificio de la Junta, lo cual perjudica gravemente a los trabajadores y litigantes al ver retrasado y entorpecido su ingreso.

Otro hecho muy grave, añadieron los denunciantes, es el gasto millonario en remodelación y en aspectos superfluos, descuidando totalmente el aspecto sustantivo de la Junta y sin incrementar el número de Juntas Especiales ni del personal operativo y designando para cargos claves de la Junta a sus amigos, que no reúnen el perfil para desempeñarlo, verbigracia: el caso de un arquitecto como Secretario de Conciliadores y a una persona sin escolaridad como Coordinadora de Administración, lo que ha originado un grave rezago y retraso en la tramitación de juicios.

A las anteriores anomalías, el presidente titular de la JLCA, Ramón Montaño Cuadra, suma otro hecho grave y absurdo contra un presidente de esa instancia laboral, sólo por hacer su trabajo, es decir, impartir justicia laboral y conciliar intereses de las partes antes del trámite de emitir laudos, que con frecuencia enconan los conflictos.

Montaño Cuadra solicitó al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, la destitución del Presidente de la Junta Especial 15, de la JLCA, Lauro Jonathan Sol Orea, trámite que recibió el secretario de Gobierno de Distrito Federal, Héctor Serrano Cortés, quien citó en su despacho al juez laboral, acusado de lograr que en 13 juicios las partes (trabajadores y patrones) llegaran a convenios o se desistieran, agilizando la impartición de justicia, antes de dictar laudos, y de haber autorizado dos embargos precautorios, cuando la ley lo autoriza. El mundo al revés.

Sol Orea compareció el pasado 12 de marzo ante Serrano Cortés, a quien argumentó la improcedencia de la solicitud de su destitución e informarle que prepara su defensa.

Ante la exigencia absurda del presidente titular de la JLCA, el abogado Lauro Sol ha recibido numerosas muestras de apoyo de organizaciones y personas reconocidas en el ámbito del Derecho, como la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, la Asociación de Abogados Litigantes de México, la Asociación de Juristas de México, el Colegio de Profesores del Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la UNAM, el Colegio de Profesores de la UAM; el ex procurador de Justicia del DF, Bernardo Bátiz; los abogados laborales Néstor de Buen, Arturo Alcalde, Alfredo Sánchez Alvarado, Decano de la Facultad de Derecho de la UNAM.

También de José Dávalos, ex director de la Facultad de Derecho de la UNAM; Jesús González Schmall, litigante y ex diputado federal; Jaime Cárdenas, diputado y ex Consejero del IFE; Antonio Montes Peña, ex presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; e Isabel Moles Escobar, ex presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, entre muchos otros.

Por eso piden a Calderón lo imposible: prudencia, sensibilidad y sentido común.



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Francisco Rodríguez - Opinión EMET