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De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, 81 periodistas han sido asesinados en el país desde el año 2000, y más de 14 se encuentran desaparecidos. Los perpetradores raramente han sido llevados ante la justicia.
El pasado viernes, el cuerpo mutilado de Marco Antonio Ávila García, de 39 años, especializado en información sobre crimen organizado, fue encontrado en una bolsa de basura a la orilla de una carretera, en el estado de Sonora. El día anterior había sido secuestrado en un lavado de autos en Ciudad Obregón, donde vivía y trabajaba para dos periódicos.
La muerte de Ávila sucedió a los pocos días de haberse encontrado en la cajuela de un auto el cuerpo de otro periodista en la ciudad de Cuernavaca y dos semanas después de que los cuerpos mutilados de tres periodistas fueron descubiertos en Veracruz. Pocos días antes, el 28 de abril, una corresponsal de la revista semanal Proceso fue asesinada en su casa en Xalapa, Veracruz.
"Esta nueva ola de asesinatos a periodistas debe interpretarse como una enérgica llamada de atención a las autoridades mexicanas, que deben hacer más para proteger a las y los periodistas que se encuentran en riesgo por llevar a cabo su labor", sostuvo Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional para México.
"Las autoridades raramente identifican o llevan ante la justicia a los responsables de los ataques a periodistas, creando un clima de miedo y vulnerabilidad para quienes, a pesar de los riesgos continúan con su labor. Es vital que para cada uno de estos casos que se realicen investigaciones inmediatas, completas e imparciales, haciendo uso de los nuevas facultades federales de manera que los responsables de estos crímenes sean llevados ante la justicia", enfatizó.
De acuerdo al portavoz de la Procuraduría Estatal de Sonora, la policía encontró un mensaje firmado por un grupo criminal a un lado del cuerpo de Marco Ávila, cuyo contenido aún no ha sido revelado.
El 13 de mayo, pocos días antes del secuestro y asesinato de Marco Ávila, el cuerpo del ex periodista René Orta Salgado fue encontrado estrangulado en la cajuela de su auto en Cuernavaca. Hasta enero Salgado había trabajado para el periódico El Sol.
El 3 de mayo, la policía encontró los cuerpos de tres fotógrafos y una trabajadora de un medio en Boca del Río Veracruz.
Los tres fotógrafos, Guillermo Luna, Gabriel Huge y Esteban Rodríguez, eran especialistas en cobertura policiaca y de crimen organizado. Sus nombres se encontraban en la lista negra que fue circulada por grupos criminales el año pasado. Irasema Becerra, trabajadora administrativa de un periódico y quién tenía una relación con Luna, también fue encontrada muerta.
Varios días antes, el 28 de abril, la corresponsal de la revista Proceso, Regina Martínez, fue asesinada en Xalapa. Ella también había investigado grupos criminales y corrupción policiaca.
Los últimos asesinatos son la continuación de una ola de violencia en contra de los periodistas a lo largo de México que ocurre en el contexto de la lucha del gobierno en contra del crimen organizado que ha resultado en la muerte de más de 50 mil personas en los últimos cinco años.
De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, 81 periodistas han sido asesinados en el país desde el año 2000, y más de 14 se encuentran desaparecidos. Los perpetradores raramente han sido llevados ante la justicia.
Los graves riesgos a los que se enfrentan las y los periodistas han ocasionado que diversos medios hayan decidido dejar de cubrir hechos relacionados con el crimen organizado. Por ejemplo, el periódico El Mañana de la ciudad de Nuevo Laredo, anunció su decisión de auto censurarse después de que su oficinas fueron balaceadas a principios de este mes.
El 14 de mayo, un grupo de cuatro expertos en libertad de expresión de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitió un comunicado instando a las autoridades mexicanas a actuar rápidamente para poner fin a las amenazas a periodistas y defensores de Derechos Humanos.
Amnistía Internacional también ha instado repetidamente a las autoridades mexicanas a intensificar medidas que aseguren la libertad de expresión, incluyendo la implementación de la nueva Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual fue aprobada por el Congreso de la Unión mexicano, pero que aún no ha sido firmada por el Presidente.
Las reformas a la Constitución que permiten la investigación federal en crímenes relacionados con periodistas tampoco se han puesto en práctica.
"El Estado mexicano y las autoridades federales deben redoblar los esfuerzos para proteger a periodistas y a defensoras y defensores de derechos humanos y detener esta ola de asesinatos, que presenta una grave amenaza a la libertad de expresión", agregó Knox.
"La nueva ley no valdrá el papel en la que está impresa hasta que sea acompañada de un esfuerzo serio y coordinado en el terreno, que permita una adecuada protección a los medios mexicanos y defensores de derechos humanos quienes se encuentran ahora bajo un creciente ataque".
Este jueves 24 de mayo durante la presentación del informe mundial anual, Amnistía Internacional hará un análisis de la situación de las y los periodistas en México, donde participará la periodista Sanjuana Martínez. Se puede obtener información sobre este evento a través del sitio web: http://amnistia.org.mx/informe/.
Bogdán Castillo