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La corrupción y la impunidad que prevalecen e imperan en el país ya desplazó a la inseguridad, la pobreza y el raquítico crecimiento económico como el tema central del debate por la Presidencia de la República
Las semanas que restan para la elección del 1 de julio todavía deparan muchas sorpresas a los 79 millones de electores mexicanos, por lo que el resultado final de los comicios está lejos de haberse definido, lo que sin duda provocará que la “guerra sucia” se incremente en los próximos días, junto con las movilizaciones populares espontáneas o teledirigidas de estudiantes, maestros, trabajadores o desempleados. Por ahora, todos los candidatos presidenciales sacan raja política de últimos casos de corrupción que se han ventilado en los medios de comunicación en los días recientes: la panista Josefina Vázquez Mota promete llevar al ex gobernador priísta Humberto Moreira tras las rejas; el perredista Andrés Manuel López Obrador se deslinda del ex gobernador de su partido Narciso Agúndez Montaño y dice que éste desde hace tiempo apoya al PRI y a su candidato presidencial, lo cual es totalmente cierto y comprobable ya que los del sol Azteca perdieron la gubernatura gracias al mal gobierno y a la traición del ex mandatario; mientras que Enrique Peña Nieto también se deslindó de su correligionario tamaulipeco, y promete “romper con el pasado” y, ahora sí, actuar con honestidad. Con toda franqueza, no hay quien les crea ni a doña Josefina ni a don Enrique.
Por principio de cuentas, la Vázquez Mota intenta desesperadamente llevar oxígeno a su declinante campaña a través del caso conocido popularmente como el “moreirazo”, toda vez que el gobierno de su correligionario panista Felipe Calderón Hinojosa no ha sido capaz de juzgarlo y mucho menos comprobarle los ilícitos que se le imputan, y no creo que sea por falta de pruebas sino por la serie de complicidad que unen a priístas y panistas. Pero eso sí, muy envalentonada, en Torreón, Coahuila, ante un grupo de aproximadamente 200 jóvenes, exige que el ex gobernador priísta Humberto Moreira regrese “todo el dinero que se robó” y destacó que la deuda actual de la entidad asciende ya a 36 mil 500 millones de pesos, luego de que el endeudamiento estatal se multiplico cien veces en seis años. Además de que olvidó anotar que en el cochupo está involucrado un par de funcionarios del gobierno federal en complicidad con los banqueros a los que les ofreció de todo en su reciente reunión
La candidata panista se aferra a cualquier clavo para salvar su campaña sin prever que tocar el tema de la corrupción le provocará más daños que beneficios. Por principio de cuentas tendría que recapacitar en el hecho de que durante el gobierno de Felipe Calderón, del cual formó parte hasta antes de ser abanderada panista a la Presidencia de la República, el costo de la corrupción en México aumentó a 32 mil millones de pesos, desde los 27 mil millones de peso que registraba al iniciar el sexenio, o dicho en otras palabras, el costo de la corrupción en nuestro país fue elevado durante el calderonismo al equivalente al 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). También debería ponerse a reflexionar en la última información que divulgó la Auditoría Superior de la Federación sobre el ejercicio de la cuenta pública federal, que demostró que la gestión de su mentor es “ineficaz” y que hace uso indiscriminado de recursos de la Nación, entre otras muchas irregularidades.
Vázquez Mota debería detenerse a pensar como explicarles a los electores, sobre todo a los pocos que piensan votar por ella, que los actos de corrupción se persiguen o se aparenta que se persiguen sólo cuando son cometidos por adversarios o enemigos políticos y con claros fines electorales o de conservación del poder. En estos momentos, tendría que estar inventando excusas para justificar porque existe una tan amplia protección al secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, a pesar de sus errores y arbitrariedades como en el caso de la francesa Florence Cassez, por solo mencionar uno. O por qué no ha sido tocado ni con el pétalo de un citatorio, ni ningún otro funcionario federal, por el caso de los contratos que la Policía Federal (PF) firmó con la empresa BizJet International Sales&Support Inc., por 47 millones 852 mil 212 pesos, entre 2008 y 2009, para la prestación de servicios de instalación de equipos, pruebas operacionales, certificación de sistemas de navegación y mantenimiento integral de helicópteros y jets de la dependencia.
¿Por qué Vázquez Mota no ocupa algo de su tiempo en explicar la razón por la que no se dio a conocer la red de corrupción que involucra a la empresa BizJet International, que pagó una serie de sobornos a funcionarios de la Policía Federal y de la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales, así como de los gobiernos de Sinaloa y Sonora, a cambio de obtener contratos por más de 20 millones de dólares para proveer servicios de mantenimiento, reparación y revisión general de aeronaves entre 2004 y 2009? También debería estar ocupada en explicar el contubernio que existe entre la SEP, que estuvo a su cargo, con la, dirigente magisterial Elbar Esther Gordillo, quien ha sido beneficiada por la administración federal de Felipe Calderón durante todo el sexenio.
Ventilar otros casos de corrupción durante la presente administración le generarían mucho más daños que beneficios a su campaña, por ejemplo los que se relacionan con la empresa Walmart de México y los 24 millones de dólares que utilizó para sobornar a funcionarios del país a fin de crecer su dominio en el mercado; o el caso del ex subdirector de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Néstor Félix Moreno Díaz, quien enfrenta un proceso penal por el delito de enriquecimiento ilícito, sin derecho a la liberad bajo fianza, y a quien se le acusa de haber recibido sobornos por más de 30 millones de dólares provenientes de empresas estadounidenses que fueron beneficiadas con contratos de la CFE. Eso por sólo mencionar dos de los últimos casos que se han ventilado en los medios de comunicación. Así, el tema de la corrupción no es un rubro que le genere muchas simpatías a doña Chepina.
Por eso debería medirle primero el agua a los camotes el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, cuando señala que la gente debe de emitir el voto de castigo a los partidos que han demostrado tener Gobernadores corruptos, no vaya a ser que le tomen la palabra y le receten la peor derrota de este siglo precisamente al Partido Acción Nacional, cuyos gobernadores no se han distinguido precisamente por su honestidad y por el apego a los principios humanistas de su instituto político menos aún por su participación directa en la “guerra” que emprendiera su jefe máximo en contra de los cárteles de la droga.
YARRINGTON PEGA AL PRI
En la sede nacional del PRI es donde no saben como desembarazarse del escándalo de su correligionario, el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington. El quintanarroense Pedro Joaquín Coldwell informó que la Comisión de Justicia Partidaria ya dio entrada a su solicitud para que investigue las presuntas violaciones en que haya incurrido el ex mandatario tamaulipeco. La sesión extraordinaria de ese órgano se llevará a cabo este fin de semana con carácter de urgente y será presidida por Homero Díaz. Todo parece indicar que Yarrington será expulsado del Revolucionario Institucional pues las acusaciones en su contra son consistentes en la Corte del Distrito Sur de Texas, en donde se sostiene que desde 1998 el cártel del Golfo “pagó grandes sobornos a funcionarios de alto nivel elegidos en Tamaulipas, así como a candidatos a dichos cargos de forma permanente”, a cambio de protección para sus actividades criminales.
Quien sin duda no será tocado ni con el pétalo de un citatorio por parte no sólo de la justicia partidaria del PRI sino que ni siquiera de la justicia federal, es el líder del Sindicato Petrolero, Carlos Romero Deschamps., cuya riqueza es exhibida sin ningún rubor por su hija Paulina Romero, quien presume sus viajes por todo el mundo en aviones comerciales y privados, paseos en yates, comidas en restaurantes exclusivos, entre otros excesos. Todo eso a pesar de que su padre oficialmente gana como obrero calificado 24 mil 633 pesos mensuales, incluyendo prestaciones.
Por eso no es extraño que Enrique Peña Nieto prometa acabar con la impunidad y la corrupción. En la XXX Sesión Extraordinaria del Consejo Político Nacional del PRI, el mexiquense aseguró que de ganar las elecciones el primero de julio no tolerará la corrupción ni la impunidad, porque dijo, “es hora de romper con el pasado”. Entre lo destacable que señaló en ese acto partidario está su declaración en el sentido de que “hay una exigencia de cambio porque los mexicanos están indignados, lastimados y agraviados por la pobreza, la violencia y la muerte”. Dijo que el PRI está a sólo 37 días de la victoria en los comicios federales. ¿Será?
Aunque habrá que anotar, porque lo dan a notar, que no habrá una real aplicación de la Ley en caso de que los electores se decidan por cruzar el logotipo tricolor ya que mientras algunos se pasean e incluso se deslindan y declaran en contra de Yarrington, otros guardan silencio absoluto cuando se habla de otros priístas que, sabido es, cargan consigo pesados expedientes que hablan de grandes corruptelas y que ahora les han brindado la oportunidad de gozar de fuero al convertirlos en candidatos al senado y a la cámara de diputados.
INVESTIGUEN A AGUNDEZ: AMLO
El candidato presidencial del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, Andrés Manuel López Obrador, tampoco está exento de ser salpicado por los actos de corrupción de sus correligionarios, aunque ha sabido sortear mejor que sus contendientes los efectos negativos que pudieran generarle a su campaña. En torno a la captura del ex gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño, quien este viernes fue ingresado al Cereso de La Paz, donde se encuentra por el presunto delito de peculado, el tabasqueño dijo que en el combate a la corrupción no debe haber tregua y resaltó que con el ex mandatario ya no tenía ninguna relación, pues Agúndez desde hace tiempo apoyaba al PRI y a su candidato presidencial, Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, el delito por el que se encuentra preso Agúndez, es decir peculado por el orden de 52 millones de pesos, lo cometió como gobernador (2005-2011) surgido de las filas del PRD, eso no es discutible. Agúndez Montaño fue inhabilitado el 28 de octubre de 2011 por la venta de siete terrenos del gobierno del estado en el fraccionamiento El Pedregal de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, a un precio “notoriamente inferior” al del mercado, lo que causó un quebranto de 27 millones 973 mil 800 pesos.
López Obrador descartó que la detención de Agúndez Montaño afecte su campaña electoral o que sea una jugada de la administración de Felipe Calderón para afectar la intención del voto. Por el contrario, aprovecho el tiempo para seguir atacando los flancos débiles de su principal adversario político: en Lázaro Cárdenas, Michoacán, acusó que entre los planes de Peña Nieto está aumentar el IVA y cobrarlo de manera generalizada. El tabasqueño también delineó lo que a su juicio sería el gabinete de Peña Nieto: en Hacienda, Humberto Moreira; en la Contraloría, Arturo Montiel; en Desarrollo Social, Mario Marín; y en Educación, Elba Esther Gordillo. Un “gabinetazo”, sin duda alguna.
Lilia Arellano - Opinión EMET