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En el apartado dedicado a México, se informa que gran número de violaciones se han cometido con el apoyo, la complicidad o la aprobación de las fuerzas oficiales de seguridad
En su informe anual sobre El estado de los Derechos Humanos en el Mundo, Amnistía Internacional, pone en evidencia que el gobierno mexicano ha hecho caso omiso de los informes generalizados que observan la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos en el país.
La organización pone en evidencia que a pesar de los cientos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y otros crímenes, el gobierno no ha realizado acciones efectivas para detener el problema.
En el apartado dedicado a México, se informa que gran número de violaciones se han cometido con el apoyo, la complicidad o la aprobación de las fuerzas oficiales de seguridad.
Hizo referencia al despliegue del presidente Felipe Calderón de 50 mil soldados y a un número creciente de infantes de Marina para combatir a los cárteles de la droga; "durante el año, éstos lucharon entre sí y contra las fuerzas de seguridad por el control territorial en ciertos estados, como Chihuahua, Nuevo León, Veracruz, Coahuila, Tamaulipas y Guerrero. Más de 12 mil personas perdieron la vida en la violencia resultante".
Precisó que la gran mayoría de estos homicidios nunca se investigaron. En abril, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó de que había aún ocho mil 898 cadáveres sin identificar en las morgues del país y que se había denunciado la desaparición de 5 mil 397 personas desde 2006. Más de 40 soldados y de 500 policías fueron asesinados en 2011.
La organización refiere en su estudio que las bandas criminales, el Ejército y la policía han matado a un número creciente de personas sin ninguna relación con los cárteles del crimen y las autoridades insistieron en que los abusos eran casos excepcionales, argumentado el castigo a los responsables.
Sin embargo, se demostró que en todo 2011 hubo un solo caso en el que personal militar compareció ante la justicia por el asesinato de dos mujeres y tres niños en un retén en el estado de Sinaloa.
Por ello aseguró que el gobierno "hizo caso omiso" de los informes generalizados sobre violaciones graves de derechos humanos, torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza, cometidas por el Ejército y de forma creciente por personal de Marina.
Sobre el sistema de justicia penal, la organización defensora precisó que las reformas en este campo avanzaron con lentitud, por lo que siguieron ocurriendo detenciones arbitrarias, falsificación de pruebas, faltas al debido proceso, negación del acceso a una defensa efectiva y órdenes de arraigo que facilitan la tortura y los malos tratos.
Además de que, en lo relacionado con los migrantes indocumentados el informe alertó que decenas de miles de ellos todavía corren el riesgo de ser secuestrados, violados, reclutados por la fuerza o asesinados por bandas delictivas, que actuaban a menudo en colusión con funcionarios públicos.
El organismo internacional vio con buenos ojos la aprobación de leyes que benefician a los refugiados y a los migrantes, sin embargo advirtió que los reglamentos necesarios para garantizar su aplicación efectiva siguen pendientes o se realizaron sin consultar a las organizaciones civiles especializadas en el tema.
AI informó que al menos nueve periodistas murieron de forma violenta y decenas más sufrieron ataques e intimidación durante el año pasado y las agresiones se mantuvieron en total impunidad. Por otro lado, más de 20 defensores de derechos humanos fueron objeto de amenazas o ataques el año pasado
Insistió en que los cárteles de la droga y otras bandas delictivas, actuando en ocasiones en colusión con la policía u otros funcionarios públicos, mataron y secuestraron a miles de personas. Los migrantes irregulares que atravesaban México por decenas de miles sufrieron abusos graves, tales como secuestro, violación y homicidio, a manos de estas bandas.
Señaló que el gobierno no adoptó medidas efectivas para prevenir o investigar las violaciones graves y generalizadas de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas y la policía, que incluyeron desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias.
Y no dio respuestas sustantivas a las peticiones de información de Amnistía Internacional acerca de las investigaciones sobre estos casos. El sistema de justicia penal no hizo justicia ni proporcionó seguridad. Los responsables de la mayoría de los delitos, incluidos ataques contra periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y mujeres, no rindieron cuentas de sus actos. Se incumplieron las normas sobre juicios justos.
Además de que no se adoptaron medidas para garantizar justicia a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos cometidas durante la "guerra sucia" de México (1964-1982), aunque se introdujeron varias reformas constitucionales progresistas en materia de derechos humanos.
Amnistía Internacional señaló que durante el año se recibió información según la cual las bandas, el Ejército y la Policía habían matado a un número creciente de personas no relacionadas con los cárteles. Cincuenta y dos personas perdieron la vida en Monterrey cuando una banda delictiva incendió un casino con la complicidad de algunos policías locales.
Mientras que en los estados de Tamaulipas y Durango se descubrieron fosas clandestinas con más de 500 cadáveres no identificados. Se pensaba que algunos pertenecían a migrantes centroamericanos, pero al concluir el año se había determinado la identidad de menos de 50.
"La preocupación que la violencia suscitaba entre la opinión pública y la insatisfacción por la respuesta del gobierno, desembocaron en la creación del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que celebró protestas en muchas partes del país para exigir que se pusiera fin a la violencia y a la impunidad", recordó.
Refirió que el gobierno de Estados Unidos entregó a México nuevos fondos relacionados con la seguridad, así como otras transferencias en el marco de la Iniciativa de Mérida, acuerdo trienal de cooperación y seguridad regional.
Aunque Estados Unidos retuvo temporalmente algunos fondos, y a pesar de que el gobierno mexicano siguió incumpliendo ciertas condiciones de derechos humanos, las transferencias se realizaron. Una fallida operación estadounidense para seguir el rastro de las armas introducidas de contrabando en México puso de relieve la inexistencia de mecanismos efectivos para impedir que las bandas de delincuentes introdujeran armas en el país.
Insistió en que el gobierno mexicano hizo caso omiso de los informes generalizados sobre violaciones graves de derechos humanos, tales como torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza, cometidas por el ejército y, de forma creciente, por personal de la marina.
El sistema de justicia militar seguía a cargo de prácticamente todas las investigaciones sobre denuncias de abusos contra los derechos humanos cometidos por militares y continuó rechazando sin una investigación efectiva la gran mayoría de las denuncias, con lo que permitía que los perpetradores eludieran la justicia.
Esta situación –se dijo en el informe- empezó a cambiar en diciembre cuando, por primera vez, un tribunal federal rechazó la jurisdicción militar en un caso de derechos humanos. El sistema de justicia civil se negaba sistemáticamente a realizar investigaciones básicas sobre presuntos abusos antes de transferir los casos al sistema de justicia militar.
Se presentaron mil 695 denuncias de abusos cometidos por el ejército y 495 de abusos cometidos por la marina ante la CNDH, que formuló 25 recomendaciones sobre el ejército y seis sobre la marina. Las autoridades afirmaron que el número relativamente bajo de denuncias que daban lugar a recomendaciones de la CNDH demostraba que la mayoría carecía de base, pero al realizar esta afirmación no tenían en cuenta las limitaciones de muchas de las investigaciones de la CNDH.
Bogdán Castillo