Felipe Calderón pretende lavarse las manos. (Lilia Arellano)

A pesar de todo, de las decenas de miles de muertos, de los desaparecidos, de los incontables casos de tortura, no hay rendición de cuentas.

Durante la inauguración de la XXVII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, acto que fue desairado por varios procuradores estatales, justo en medio del escándalo por los presuntos nexos con el narcotráfico de mandos militares de primer nivel y del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, Felipe Calderón intentó lavarse las manos de la espiral de inseguridad, incertidumbre, corrupción e impunidad que han prevalecido durante toda su gestión y culpó de esta situación a “servidores públicos que traicionaron la confianza ciudadana por temor o corrupción y faltaron a su deber de proteger a la gente”.

En ese escenario, en un conocido hotel de Monterrey, donde estuvo acompañado por el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, Calderón señaló que “tampoco podemos tolerar a quien se coluda con criminales” y sentenció que “la ley debe aplicarse con todo rigor “caiga quien caiga”, sin importar de quién se trate o su posición política”. Ante una veintena de procuradores estatales, el michoacano insistió con una necedad digna de mejor causa en su idea de que es un imperativo ético y legal el de combatir a la criminalidad y demandó de quienes lo sucedan en las próximas administraciones, el compromiso “para continuar con este esfuerzo que es por el bien de las y los mexicanos”.

Y ya prácticamente en el ocaso de la segunda administración federal panista, la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales, llamó otra vez a los procuradores de justicia del país a comprometerse “a combatir la impunidad y la corrupción”. Les pidió a sus homólogos que no se laven las manos con la indiferencia y que es necesario que cada autoridad actúe conforme a sus competencias. Haciendo eco de lo señalado por su jefe, dijo que “nada ni nadie debe estar por encima de la ley”. La funcionaria hizo también un recuento de los temas que se discutirán en esta conferencia como el desarrollo de mecanismos de combate a delitos como la trata de personas y los secuestros; resaltó el relacionado con las acciones para garantizar un escenario de elecciones libres, pacíficas y ordenadas en el país.

IMPUNIDAD

El cinismo del inquilino de Los Pinos y de esa funcionaria cobran más relevancia por el hecho de que la administración de Felipe Calderón condenó al país a vivir en medio de una escalada de violencia que no tendrá fin sino hasta que termine su gestión. El inquilino de Los Pinos no ha rendido cuentas por la violación a derechos humanos de miles de mexicanos pero tendrá que hacerlo a pesar de que ya no ostente la titularidad del Poder Ejecutivo. Ante la gravedad y magnitud de los reportes de organismos internacionales oficiales y no gubernamentales, sin duda que tendrá que hacer uso de un impresionante equipo de abogados para no ser condenado por una corte internacional por delitos de lesa humanidad. Por ahora, ocupa todo su tiempo en justificar su fallida estrategia, que después de más de cinco años no ha logrado siquiera coordinar a la PGR con las procuradurías estatales, y ante el desgaste del recurso de culpar a sus antecesores enfoca las baterías a uno de los males endémicos de la nación: la corrupción y la impunidad, a los que culpa ahora de la inseguridad.

El Ejército y la Marina, así como la Policía Federal se han convertido en protagonistas recurrentes de continuos casos de desapariciones y violaciones a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales y tortura. Así lo consigna por tercer año consecutivo el informe anual del Departamento de Estado de los Estados Unidos que destaca la preocupación por los casos de desapariciones, más de 20 mil según organizaciones no gubernamentales, innumerables ejecuciones extrajudiciales y casos cada vez más frecuentes de tortura, propios de un régimen fascista y no de una democracia en construcción como se presume a la nuestra en el extranjero. El denominador común en los casos de violaciones a los derechos humanos que señalan a las fuerzas armadas bajo el mando de Felipe Caderón es “la ausencia de un protocolo claro y reglas para la confrontación”.

A pesar de todo, de las decenas de miles de muertos, de los desaparecidos, de los incontables casos de tortura, no hay rendición de cuentas. Michel Posner, subsecretario del Departamento de Estado para Democracia y Derechos Humanos, lamenta que ésta no se de a pesar de la presión que han ejercido ante funcionarios de la gestión calderonista, y pese a que esa dependencia mantiene en revisión el reporte de derechos humanos de iniciativa Mérida correspondiente al 2011 y que representa una cifra de aproximadamente 18 millones de dólares. El informe de referencia también resalta la pervivencia del fenómeno de corrupción y lamenta el hecho de que a pesar de que existen varios casos de oficiales del gobierno involucrados en prácticas ilícitas, en muy pocas ocasiones sus casos terminan en los tribunales: de los 102 casos de corrupción que indagó la Procuraduría General de la República, sólo 18 fueron sentenciados.

Ante ese escenario, el comité de gastos del Senado estadounidense aprobó el jueves 224 millones de dólares para la Iniciativa Mérida y reinstaló el candado del 15% al cumplimiento de los Derechos Humanos. Esa cifra tendrá que conciliarse con los 228 millones aprobados para esa misma iniciativa en la Cámara de Representantes. También el comité senatorial, en su resolución, reiteró su preocupación con “la impunidad entre el Ejército y la policía por la violación a los Derechos Humanos.”. Los legisladores insistieron en que México debe reforzar el sistema de justicia militar para que los miembros de las fuerzas armadas que violen Derechos Humanos respondan ante tribunales civiles; también reiteraron su exigencia para que México prohíba el uso de la tortura.

También Amnistía Internacional anunció que entregará a los candidatos presidenciales de México una carta para que asuman un compromiso público con medidas en defensa de los derechos humanos, las cuales fueron dadas a conocer por Alberto Herrera, director de AI en nuestro país: entre otras, poner en práctica una política de seguridad pública que fortalezca la protección de las personas contra la delincuencia y la violencia y que garantice la protección de los derechos humanos de todas las personas; así como asumir la responsabilidad de acabar con las violaciones de derechos humanos cometidas por militares y otros funcionarios públicos, incluyendo actos de tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza.

Esta situación no se resolverá en el corto plazo, por lo que no es nada extraño que al igual que el padre Alejandro Solainde y ahora Vidulfo Rosales, defensor de derechos humanos y abogado de la organización Tlachinollan, muchos otros dirigentes sociales abandonen el país tras ser amenazados de muerte, advertencias que no vienen precisamente de organizaciones criminales, sino de los propios aparatos represores del estado.

Lilia Arellano - Opinión EMET