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El IFE se convirtió en un defensor más de las limitaciones de Enrique Peña Nieto.
Desde su desempeño en eventos no controlados, principalmente la Feria internacional del Libro de Guadalajara, se supo que difícilmente podría encarar cualquier encuentro espontáneo, mucho menos debatir con candidatos mejor sustentados que él.
Y ese tema, el de los debates entre candidatos, se volvió una pesadilla para el priista, que Andrés Manuel López Obrador ha sabido aprovechar estupendamente.
En enero pasado el tabasqueño propuso que en vez de spots, se usara el tiempo en radio y televisión a que tienen derecho los partidos políticos para realizar 12 debates temáticos semanales. Como se sabe, los partidos ya no contratan spots, ahora usan el tiempo del Estado, que es administrado por el IFE.
Como si se tratase de un asunto sin relevancia, el secretario ejecutivo del IFE rechazó la propuesta. Por orden del Tribunal Electoral, el 1 de marzo, el Consejo General del Instituto tuvo que discutir el tema y, alegando que era improcedente acumular ese tiempo, pues “resultaría en una extralimitación de las facultades con que cuenta la autoridad electoral”, desechó la propuesta nuevamente.
Sin embargo, señaló que existía la posibilidad de que los abanderados a la Presidencia sostuvieran más de los dos debates que ordena el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), pero ello dependía “del interés y la voluntad de las y los candidatos” y para que los coordinase el propio IFE, tendrían que solicitarlos por escrito, de común acuerdo, con 15 días de anticipación.
En esa misma sesión, el IFE resolvió que los medios de comunicación, organizaciones e instituciones académicas tienen “plena libertad” para organizar debates por su cuenta, siempre que procuren hacerlo con equidad para todos los contendientes y sin realizar propaganda.
Hasta entonces, marzo, fue que el IFE descartó claramente la especie difundida a principios de enero por la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión respecto de que los debates entre precandidatos y candidatos no programados por el IFE estaban prohibidos, como resultado de “los nocivos efectos de la reforma electoral”, que “vulneran la libertad de expresión y atacan la actividad periodística” pues cualquier “reportaje, debate, entrevista o transmisión deportiva” podría ser objeto de sanción.
El 28 de marzo, el Tribunal Electoral avaló la negativa del IFE para sustituir los spots por 12 debates porque, entre otros argumentos, “se pretendía que invariablemente todos estos ejercicios deberían ser transmitidos por radio y televisión”.
Pero la parte más ominosa de esta historia vino esta semana, cuando las televisoras aprovecharon el puente del 1º. de mayo para dar a conocer las restricciones de transmisión del primer debate presidencial organizado por el IFE, que, como sabemos, se circunscribirá al Canal 5 de Televisa y al Canal 40 de TV Azteca.
Triste espectáculo dio el IFE que, sin haberlo advertido, se vio acorralado por el Movimiento Progresista –al que se sumó el PAN-- para hacer una simple solicitud a la Secretaría de Gobernación para la transmisión del debate en cadena nacional y su respuesta fue la supuesta “aplicación rigurosa y estricta de la ley” que ¡no otorga la facultad al IFE para hacer tal solicitud!
Según siete consejeros –encabezados por el presidente Leonardo Valdés-- de nueve, el artículo 70 del Cofipe obliga sólo a permisionarios a hacer la transmisión y señala que los concesionarios tendrán la potestad o no de hacerlo, por lo que “sólo se les puede exhortar a sumarse a la transmisión”.
Apoyado exclusivamente por los priistas, con el majadero argumento de que hacer la solicitud significaría permitir la intromisión del gobierno en el proceso electoral, el IFE ha gastado sus cartas de beneficio de la duda mucho antes de la jornada electoral.
Ha quedado exhibido como un organismo incapaz de defender el derecho a la información más básico que cualquier elector puede tener: conocer y confrontar las propuestas de los candidatos.
Pero además, ha quedado como un cobarde chapucero tramposo saboteando su única facultad: garantizar una contienda en condiciones de igualdad entre los competidores.
El IFE, como cualquier mexicano, como cualquier persona física o moral, es decir, individual o colectiva, pública o privada, que goza del derecho de petición, garantizado en el artículo 8º. Constitucional, decidió renunciar a él para no amparar a los mexicanos. Decidió “respetar” la libertad de los dos concesionarios para faltar al respeto del derecho a la información y de elecciones democráticas de 100 millones de mexicanos.
El IFE no quiso usar una facultad que no requiere estar en el Código Electoral porque está en la Constitución para hacer una solicitud. Cierto, podía ser negada o aceptada por la Secretaría de Gobernación, a la que el IFE permitió regodearse diciendo que haría lo que le indicara la autoridad electoral, y con ese argumento desechó la solicitud que el Movimiento Progresista y miles de ciudadanos hicimos directamente para que se decretara el debate en cadena nacional.
Hasta José Woldenberg opinó que el IFE debería hacer la solicitud a Gobernación ante la altanería de las televisoras.
Cabe destacar, finalmente, que un IFE preocupado por la democracia, quizás uno dirigido por Woldenberg, más que recurrir a autolimitaciones burocráticas, falsamente legalistas, habría buscado los argumentos jurídicos, consensos y realizado los actos tendientes a generar condiciones adecuadas de competencia. Para empezar, podría haber sacrificado su propio tiempo en medios de comunicación (15% del total) para un debate. Nada en la ley se lo impedía.
Ahora el supuesto árbitro estará cargando con el costo de un arbitraje falso durante los dos meses que quedan de campaña… El IFE se convirtió en un defensor más de las limitaciones de Enrique Peña Nieto.
Lenia Batres Guadarrama - Opinión EMET