#Elecciones_2012 La derecha observa con temor que la sociedad quiere un cambio verdadero. (Guillermo Chavez Rivera)

 

No es la primera vez que hechos así se escenifican en México, pero ahora con una diferencia fundamental: son parte de una política de Estado cuyo propósito central es justificar la mano dura como una supuesta defensa

Como es previsible, la derecha hará todo lo que sea necesario para evitar su salida de Los Pinos. Esto es muy grave, porque se pondría al país en la antesala de una guerra civil de consecuencias inenarrables, donde el Estado de derecho quedaría absolutamente nulificado. Diversos hechos ocurridos los últimos días dan cuenta de la posibilidad de tal riesgo. No se trata de actos aislados, sino premeditados con el fin de provocar una inquietud plenamente justificada entre la ciudadanía. Sus más conspicuos elementos, de la oligarquía, observan con temor que la sociedad quiere un cambio real que favorezca avances democráticos, de ahí que estén dispuestos a llevar a cabo todo tipo de tropelías para evitarlo.

No tienen otra explicación situaciones como las que hemos estado viviendo, que impactan de manera negativa a la opinión pública y la hacen dudar del futuro del país. Se pretende crear condiciones de zozobra tal que “justifiquen” la implantación de un estado de emergencia nacional que inhiba el interés de la ciudadanía por cambios verdaderos, ante la imposibilidad real de llevarlos a cabo. Se nos quiere hacer creer que “se necesita la mano dura del gobierno para meter al orden a los ‘violentos’ que quieren trastocar las instituciones, no hacerlo es otorgarles impunidad para que nos sigan haciendo daño”.

Saben que pueden actuar de forma tan insensata porque la mayoría de la población no tiene capacidad para reflexionar sobre las causas y efectos de los problemas que nos aquejan. Se erigen como defensores de las instituciones cuando en realidad son los principales interesados en socavarlas, porque no sirven a sus fines de dominación y control político. Así han procedido en el pasado y así lo seguirán haciendo mientras puedan hacerlo, sin importar los costos de su proceder de corte fascista. Lo fundamental para sus fines es evitar a toda costa que la sociedad avance, se quite las cadenas que impiden su libre movilización y comience a darse cuenta de la realidad sin los prejuicios que la ciegan y mediatizan.

No es otro el objetivo de mantener a la población en el filo de la zozobra, a fin de que suponga que no hay más remedio que la mano dura del gobierno, porque de otro modo las cosas serían mucho peor. Lo importante es que no tenga idea de lo que significa la democracia real, evitar que comience a politizarse y a cuestionarse sobre las causas verdaderas de la violencia extrema que nos agobia desde hace seis años. Y que mejor que afianzar esa zozobra ahora, previamente a las elecciones más cruciales de la historia del país, con el propósito más que obvio de inhibir el voto y favorecer que haya un gran abstencionismo que facilite el manipuleo electrónico del proceso por parte del gobierno federal.

Y qué puede ser más dramático, por el impacto mediático, que los asesinatos de cinco periodistas, como los cometidos en días recientes en Veracruz, entre ellos la reportera Regina Martínez, corresponsal de una importante revista de circulación nacional. Qué puede ser más indignante que la destrucción de imágenes y bienes de una catedral, la de Culiacán, como sucedió la noche del miércoles de manera por demás absurda, por no tener una explicación concreta. No puede haber provocación más burda. Buscan que la ciudadanía se desentienda de su interés por participar en el proceso de cambios, pues en este momento “somos víctimas del crimen organizado”, que no se para ante nada con tal de saciar sus criminales intereses. Tal es el fondo de la estrategia de un Estado que no sirve al pueblo sino a intereses minoritarios, mismos que quieren prevalecer por tiempo indefinido por sobre los de las mayorías.

Es claro que la respuesta de ciudadanos ingenuos y desinformados no sea otra que indignarse ante hechos tan oprobiosos, y desde luego creer la versión gubernamental de que los “violentos” son los culpables de todo lo que nos está ocurriendo. No debe ser mera casualidad que la aparición del crimen organizado se haya dado en estos últimos años. Desde luego no lo es, sino la consecuencia de la descomposición de un Estado carcomido por tanta corrupción y una impunidad que no tiene parangón en América Latina, según estudios de Amnistía Internacional.

No es la primera vez que hechos así se escenifican en México, pero ahora con una diferencia fundamental: son parte de una política de Estado cuyo propósito central es justificar la mano dura como una supuesta defensa en contra de supuestos enemigos cuya fuerza se ha magnificado. Ni que decir tiene que seguir por este camino nos llevará a una guerra civil de alcances insospechados, porque no es posible pretender mantener un poder total sin otro propósito que favorecer un estado de cosas muy desfavorable a las clases mayoritarias. Esto sólo tiene una definición: fascismo; pero también un solo remedio: la legítima defensa de sus derechos por parte del pueblo. En julio esa defensa podría ser mediante el voto. Después, de no permitir que lo lleve a cabo, sería por otros medios, muy dañinos para todos.

Guillermo Chavez Rivera - Opinión EMET