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Quienes así opinan hacen caso omiso de la realidad que estamos viviendo, consideran que no existen condiciones para un legítimo descontento de la población más informada
Ante el impacto que ha tenido el movimiento estudiantil en favor de la democratización de la vida nacional, y en particular de los medios electrónicos, han empezado a surgir voces para decir que los jóvenes están siendo manipulados, que detrás de ellos hay intereses ajenos a sus convicciones. Quienes así opinan hacen caso omiso de la realidad que estamos viviendo, consideran que no existen condiciones para un legítimo descontento de la población más informada, que sin duda sabe que llegamos ya al límite de un sistema político que no da más, por tanto abuso de sus dirigentes, tanto cinismo, tanta corrupción e incompetencia, destacadamente a partir del año 2000.
Lo cierto es que ha motivado temor, en el grupo en el poder y en la clase política conservadora, el despertar de los estudiantes, a sabiendas de que forman un sector que difícilmente podrían cooptar o corromper. Más aún porque han emergido con una claridad de pensamiento que demuestra su madurez, su capacidad organizativa y deseos de servir a la causa de la democratización del país, con absoluto desinterés y patriotismo, actitud que puede ser imitada por otros grupos sociales, afectados seriamente por las consecuencias de la política económica neoliberal, con la que están firmemente comprometidos Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota.
El problema de fondo para quienes quisieran deslegitimar el movimiento estudiantil, es que no tienen argumentos válidos para hacerlo. La actuación de los estudiantes es absolutamente legal, pacífica, con una orientación política imposible de tildar de subversiva. Quisieran, los personeros del régimen, tener motivos concretos para lanzarse contra las movilizaciones y acabar de una vez con sus dirigentes, antes de que tengan un programa de acción, un proyecto político que contribuya a fortalecer la lucha del país por la democracia y la justicia social.
De cualquier forma, ya comenzaron a escucharse voces descalificando el movimiento, diciendo que detrás de los dirigentes están políticos que quieren “llevar agua a su molino”. Esto es absolutamente improbable, porque el origen del mismo se dio ante una causa concreta: la manipulación que está haciendo el duopolio televisivo del proceso electoral, abiertamente favorable al candidato del PRI, cosa que pareció no sólo injusta, sino inmoral, primero a los estudiantes de la Universidad Iberoamericana, y luego a la gran mayoría de centros educativos con presencia nacional, públicos y privados.
Esos que descalifican el movimiento, no parecen darse cuenta que hay condiciones sociales que favorecen el descontento popular, y que los estudiantes lo único que están haciendo es tratar de evitar que se cometa una barbaridad cuyas consecuencias podrían generar un conflicto postelectoral de alcances imprevisibles. Esto debieran saberlo quienes tienen la responsabilidad de realizar un proceso electoral limpio y confiable, y actuar con sensatez y patriotismo, única opción válida para evitar que la nación caiga en una cascada de violencia e ingobernabilidad que se sumaría a la crisis de violencia e inseguridad que habrá de legarnos Felipe Calderón.
Tampoco parecen entender que nadie saldría ganando con un conflicto postelectoral, cuando la economía está al borde de un colapso mayúsculo, como lo revelan indicadores fundamentales, entre ellos el de desempleo y el de pérdida del poder adquisitivo del salario, a lo que se suma la extraordinaria salida de capitales del país, que asciende a más del doble de lo que representa la deuda externa, al llegar a cien mil millones de dólares la cantidad que ha sido sacada del país en los últimos dos sexenios, de acuerdo con el último informe del Banco de México.
Ante este panorama, las autoridades electorales están obligadas a ser las principales interesadas en que los comicios se lleven a cabo con toda normalidad, sin incidentes ni anomalías graves que los invalidaran. Deben patentizar que el respeto a la voluntad popular es la última oportunidad que tendremos para instaurar un régimen democrático, sin el cual no podremos salir del hoyo en que nos encontramos. Un nuevo fraude electoral sería la chispa que nos incendiaría totalmente, pues se sumaría a los graves conflictos que se viven actualmente por la incapacidad gubernamental para gobernar como lo exigen las prioridades nacionales.
Es incuestionable, aunque Calderón diga lo contrario, que la escalada de violencia ha estado aumentando al paso del sexenio, lo mismo que los problemas sociales y económicos, como lo tienen muy claro los organismos internacionales, y si a esta realidad sumamos problemas políticos de muy difícil solución, tendremos un coctel explosivo del que ningún sector saldría inerme. De ahí la necesidad imperiosa de evitar un conflicto postelectoral. Es impostergable fortalecer el Estado de Derecho, que se favorezca la inclusión social y se minimicen los escenarios de violencia. Sin democracia real nunca podremos aprovechar cabalmente nuestras potencialidades. Es nuestra última oportunidad. Sería un grave error no permitir que los jóvenes expresen sus convicciones políticas con entera libertad.
El problema de fondo para quienes quisieran deslegitimar el movimiento estudiantil, es que no tienen argumentos válidos para hacerlo. La actuación de los estudiantes es absolutamente legal, pacífica, con una orientación política imposible de tildar de subversiva. Quisieran, los personeros del régimen, tener motivos concretos para lanzarse contra las movilizaciones y acabar de una vez con sus dirigentes, antes de que tengan un programa de acción, un proyecto político que contribuya a fortalecer la lucha del país por la democracia y la justicia social.
De cualquier forma, ya comenzaron a escucharse voces descalificando el movimiento, diciendo que detrás de los dirigentes están políticos que quieren “llevar agua a su molino”. Esto es absolutamente improbable, porque el origen del mismo se dio ante una causa concreta: la manipulación que está haciendo el duopolio televisivo del proceso electoral, abiertamente favorable al candidato del PRI, cosa que pareció no sólo injusta, sino inmoral, primero a los estudiantes de la Universidad Iberoamericana, y luego a la gran mayoría de centros educativos con presencia nacional, públicos y privados.
Esos que descalifican el movimiento, no parecen darse cuenta que hay condiciones sociales que favorecen el descontento popular, y que los estudiantes lo único que están haciendo es tratar de evitar que se cometa una barbaridad cuyas consecuencias podrían generar un conflicto postelectoral de alcances imprevisibles. Esto debieran saberlo quienes tienen la responsabilidad de realizar un proceso electoral limpio y confiable, y actuar con sensatez y patriotismo, única opción válida para evitar que la nación caiga en una cascada de violencia e ingobernabilidad que se sumaría a la crisis de violencia e inseguridad que habrá de legarnos Felipe Calderón.
Tampoco parecen entender que nadie saldría ganando con un conflicto postelectoral, cuando la economía está al borde de un colapso mayúsculo, como lo revelan indicadores fundamentales, entre ellos el de desempleo y el de pérdida del poder adquisitivo del salario, a lo que se suma la extraordinaria salida de capitales del país, que asciende a más del doble de lo que representa la deuda externa, al llegar a cien mil millones de dólares la cantidad que ha sido sacada del país en los últimos dos sexenios, de acuerdo con el último informe del Banco de México.
Ante este panorama, las autoridades electorales están obligadas a ser las principales interesadas en que los comicios se lleven a cabo con toda normalidad, sin incidentes ni anomalías graves que los invalidaran. Deben patentizar que el respeto a la voluntad popular es la última oportunidad que tendremos para instaurar un régimen democrático, sin el cual no podremos salir del hoyo en que nos encontramos. Un nuevo fraude electoral sería la chispa que nos incendiaría totalmente, pues se sumaría a los graves conflictos que se viven actualmente por la incapacidad gubernamental para gobernar como lo exigen las prioridades nacionales.
Es incuestionable, aunque Calderón diga lo contrario, que la escalada de violencia ha estado aumentando al paso del sexenio, lo mismo que los problemas sociales y económicos, como lo tienen muy claro los organismos internacionales, y si a esta realidad sumamos problemas políticos de muy difícil solución, tendremos un coctel explosivo del que ningún sector saldría inerme. De ahí la necesidad imperiosa de evitar un conflicto postelectoral. Es impostergable fortalecer el Estado de Derecho, que se favorezca la inclusión social y se minimicen los escenarios de violencia. Sin democracia real nunca podremos aprovechar cabalmente nuestras potencialidades. Es nuestra última oportunidad. Sería un grave error no permitir que los jóvenes expresen sus convicciones políticas con entera libertad.
Guillermo Fabela - Opinión EMET