Calderón logra posicionar a México como el país más peligroso para ejercer el periodismo. (Lilia Arellano)

 

Este jueves, la Policía Naval localizó, en las inmediaciones de la unidad habitacional Las Vegas II del Puerto de Boca del Río, Veracruz, cuatro bolsas con restos de cuatro personas, identificadas dos de ellas como los fotoreporteros

A lo largo del presente sexenio Felipe Calderón logró posicionar a México como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Su administración alejó a la Nación del ideal clásico de un régimen democrático, no sólo por su ilegal y absurda guerra contra los cárteles de la droga y la instauración de facto de un régimen policíaco-militar, sino por la instauración de leyes que limitan y cancelan derechos humanos fundamentales, lo que lo ha sumido en una grave crisis. Un elemento esencial de una democracia real y estable es, sin duda alguna, una prensa libre que informa, sin interferencias ni censura, sobre la realidad y los acontecimientos que enmarcan y definen la vida de los mexicanos. Esta condición no está presente en nuestro país y, por el contrario, los periodistas y los medios de comunicación resienten una agresión crónica no solo de parte de grupos delincuenciales sino también de representantes de los poderes federales y estatales. Sin la protección del Estado los periodistas mexicanos están inermes.

Este jueves, la Policía Naval localizó, en las inmediaciones de la unidad habitacional Las Vegas II del Puerto de Boca del Río, Veracruz, cuatro bolsas con restos de cuatro personas, identificadas dos de ellas como los fotoreporteros Guillermo Luna Varela y Gabriel Huge. Los cuerpos estaban desmembrados y con señales de tortura. Con estas dos víctimas suman siete los integrantes del gremio periodístico asesinados durante la administración del actual gobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa. Entre los ejecutados se encuentra la reportera Regina Martínez, corresponsal en Veracruz de la revista Proceso, cuyo asesinato ocurrió el 28 de abril pasado. También Miguel Ángel López Velasco, su hijo el fotógrafo Miguel López Solana, Yolanda Ordaz, Noel López Olguín, además de Luna Varela y Gabriel Huge.

El Comité para la Protección de los Periodistas ( CPJ), con sede en Nueva York, sostuvo que el reciente asesinato de periodistas pone de relieve la grave crisis que hay en México. A través de un comunicado, condenó el asesinato de los fotógrafos mexicanos Gabriel Huge y Guillermo Luna Varela, al señalar que “estamos profundamente preocupados por los informes sobre estos asesinatos que, registrados en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, ponen en relieve la grave crisis en México”, indicó Carlos Lauria, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ. Lauri agregó que “Veracruz ha experimentado una ola letal de violencia contra la prensa que está generando un temor generalizado y una autocensura creciente. Las autoridades mexicanas deben actuar de inmediato para poner fin al ciclo letal de impunidad en los crímenes contra la prensa”.

Periodistas del sur de Veracruz exigieron, con una marcha de protesta, un alto a la escalada de asesinatos de comunicadores en la entidad. Alrededor de un centenar de comunicadores adheridos a la “Federación de Asociaciones de Periodistas del Sur de Veracruz”, que aglutinan a integrantes de este gremio de Minatitlán, Jáltipan, Acayucan, Nanchital e Ixhuatlán del Sureste, realizaron un recorrido del parque Hidalgo a la independencia portando pancartas de condena y colocaron velas encendidas frente al palacio municipal de Minatitlán. Víctor Hugo Gómez Leonardo y Guillermo Gutiérrez Arias, presidente y secretario de esa agrupación, respectivamente, exigieron al gobierno estatal y federal garantizar el libre ejercicio de la libertad de expresión y frenar la escalada de asesinatos en Veracruz, “provenga de dónde provenga”.

Organismos internacionales como Amnistía Internacional, la Sociedad Interamericana de Prensa, y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU exigieron también el esclarecimiento de los asesinatos de los periodistas señalados arriba. Frente a la presión de la opinión pública estatal, las autoridades del Estado de Veracruz anunciaron que solicitaron a la Procuraduría General de la República (PGR) atraer la investigación del crimen de los dos fotoreporteros. Fundamentaron esta acción por el hecho de que “por las características del crimen, se presume la participación de la delincuencia organizada en la comisión de estos homicidios”.

Laura Borbolla, titular de la Fiscalía Especial de Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR, informó que ya abrieron una averiguación previa para investigar el asesinato de los dos fotoperiodistas en Veracruz. Cabe destacar que el informe “Libertad de Prensa 2012” publicado por Freedom House clasificó a México como un país sin libertad de prensa y señala que la fiscalía especializada para investigar delitos contra los periodistas es ineficaz.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tiene registrados 79 asesinatos y 14 desapariciones de comunicadores y trabajadores de medios del 2000 a la fecha, así como 26 atentados a instalaciones de medios, lo que confirma México como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Entre las ejecuciones destacan en este rubro las indígenas Teresa Bautista y Felicitas Martínez, asesinadas en Oaxaca el 7 de abril de 2008; María Elvira Hernández Galeana, el 28 de junio de 2010; y Yolanda Ordaz de la Cruz el 26 de julio de 2011; el caso más reciente el de Regina Martínez, el 29 de abril pasado. Elvira García, periodista y autora del libro “Ellas, tecleando su historia” (Grijalbo, 2012), denuncia que las mujeres periodistas son cada vez más víctimas de la violencia asociada con la delincuencia organizada y la corrupción en México, misma que desde el 2005 ha dejado al menos nueve asesinatos y una desaparición entre las comunicadoras.

La CNDH inició de oficio la investigación en materia de derechos humanos por la muerte de los fotoperiodistas Luna y Huge. Expuso que “en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, este organismo nacional deplora que se sigan registrando hechos en contra de los comunicadores, considera necesario refrendar su compromiso en su defensa y hace propicia la ocasión para rendir homenaje a los periodistas que ha perdido la vida en el cumplimiento de su deber”. El organismo subrayó que es obligación del Estado prevenir cualquier acto que violente la libertad de expresión.

Lilia Arellano - Opinión EMET