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El viejo y conocido PRI es una fuerza política que si algo sabe es rebasar los montos establecidos sin que pase absolutamente nada
320 millones de pesos es el presupuesto destinado al proselitismo que podrán realizar los candidatos a la presidencia de la República. Esa cifra es muy alta si lo pensamos desde el valor de la democracia. Empero, si ese importe lo multiplicamos por los cuatro candidatos con registro, estamos ante la suma de 1,280 millones de pesos, –insisto– una cantidad extraordinaria sin considerar el presupuesto destinado a candidatos a diputados locales, federales, presidentes municipales y gobernadores.
Pero por considerable que parezca la cantidad de 320 millones de pesos, el problema es que no hay mecanismos de fiscalización confiables que vigilen los gastos de campaña, ya que está documentado, que habitualmente los partidos políticos rebasan el límite establecido sin consecuencia alguna.
El viejo y conocido PRI es una fuerza política que si algo sabe es rebasar los montos establecidos sin que pase absolutamente nada. El equipo de campaña de Peña Nieto, prácticamente desde el primer minuto del 30 de marzo lanzó a las calles decenas de cuadrillas con trabajadores que tapizaron los anuncios panorámicos, los autobuses del Edomex, los parabuses, las páginas de mayor audiencia en internet, con la imagen del candidato priista. Si se hacen las cuentas, prácticamente en los cuatro primeros días de campaña el PRI podría estar cercano (sino es que ya superó) al tope establecido.
Ante ello sólo persiste la impunidad, pues el candidato de marras no puede ser sancionado durante el periodo electoral, sino hasta que éste termine y entonces ocurra el procedimiento de fiscalización; para entonces la compra de votos, las facturas amañadas, las contribuciones en especie y toda esa opacidad que opera en las campañas priistas ya habrán tenido un efecto. Y como se ha mencionado, si se comprueba que el gasto fue excesivo apenas y se impondrá una insignificante multa.
Por fortuna, la compra de espacios en los medios masivos ya es competencia de la autoridad electoral; pero paradójicamente, esa es la razón por lo que las empresas que fueron afectadas por la reforma de 2007, ahora brindan paquetes que incluyen, anuncios panorámicos, revistas, accesorios urbanos y móviles, etcétera, y todo, con comprobantes fraudulentos.
Si queremos tener una verdadera democracia, deberíamos comenzar por exigir que se respete la ley. El día que un candidato pierda el registro o se anule su triunfo por haberse excedido en los gastos de campaña, ese día partidos y aspirantes lo pensarán dos veces para cometer un fraude financiero en sus campañas; por lo pronto, seguiremos fomentando la impunidad y difícilmente podremos tener elecciones limpias y transparentes.
También, el día que los estrategas de los partidos políticos dejen de tratarnos a los ciudadanos como retrasados mentales poniendo un anuncio y a los pocos metros de distancia otro y otro y otro, con la cara ligeramente ladeada de su candidato de escenario de televisión, y mejor nos presenten sus propuestas concretas para resolver los problemas que aquejan al país, ese día estaremos realmente construyendo una democracia de calidad y no la supuesta democracia vibrante a la que tanto alude Felipe Calderón.
Pongamos marcaje personal a Andrés Manuel, revisemos sus gastos. Estoy cierto que encontraremos un aspirante presidencial honesto que prefiere el diálogo franco y abierto y no el gasto innecesario e insultante, sobretodo cuando hay miles de mexicanos viviendo en extrema pobreza.
La elección de 2012 será una contienda entre dos, Andrés Manuel y Peña Nieto, veamos quién de los dos es el más honesto y quién tiene un mejor proyecto de Nación. Tan sólo dos temas podrían ser el contraste, qué estrategia tiene uno y otro para generar una educación de calidad y empleo digno. Esa respuesta marcará la diferencia.
Mientras tanto a lidiar con los impunes topes de campaña.
Juan José Solis Delgado - Opinión EMET