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Tal y como lo hacen los referís marrulleros en los combates de lucha libre, el Instituto Federal Electoral (IFE) se hace de la vista gorda ante las infracciones a la legislación electoral por parte de los contendientes
Los consejeros electorales se escudan para cubrir su negligencia y falta de firmeza ante las flagrantes violaciones del titular del Ejecutivo, en que el artículo 108 constitucional señala que el Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común, por lo que no hay ninguna sanción contra Calderón, como tampoco la hubo en su momento para Vicente Fox. Para quien si hubo amonestación fue para Andrés Manuel López Obrador, el candidato presidencial de las izquierdas, y los partidos que lo postulan por difundir parte de su plataforma electoral en un mitin con motivo de su solicitud de registro el pasado 22 de marzo.
Sobre el particular, López Obrador hizo un llamado a los consejeros del IFE para que “se fijen en lo básico de su labor, a fin de garantizar una elección limpia y libre”, y que se refiere específicamente a atender sobre todo el control del dinero y vigilar la equidad de los medios de comunicación. El tabasqueño subrayó que a 21 días del inicio de las actividades proselitistas, Enrique Peña Nieto está gastando el dinero a raudales –al menos 150 millones de pesos hasta ahora- y no existe ningún control, y acusó que medios de comunicación como Televisa y Milenio lo apoyan de manera abierta. Por ello, anunció que de ganar la elección del próximo 1 de julio promoverá una reforma definitiva en la materia. Consideró que se debe hacer un análisis exhaustivo de las leyes electorales y democratizar al Instituto Federal Electoral. Puntualizó que actualmente se enfrenta el tema de la falta de equidad en el manejo del dinero de las campañas y en los medios de comunicación, sin que la autoridad electoral diga o haga algo.
Y no le falta razón al candidato presidencial de las izquierdas, pues el IFE a lo más que llegó este jueves fue a reiterar su llamado a los medios de comunicación para que den un trato equitativo a la información de los aspirantes presidenciales que difundan durante las campañas electorales. Sólo eso. Consejeros electorales como Benito Nacif y Francisco Guerrero precisaron que si revisarán los gastos del abanderado priísta, pero dentro de los plazos establecidos por la ley, es decir, hasta que los partidos reporten sus informes de gastos de campaña 60 días después de finalizar la contienda electoral.
Mientras, el candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, advierte que seguirá con su actual ritmo de gastos y anunció que su partido, el PRI, entregará al IFE la información correspondiente a sus cuentas. Dijo que él es el más interesado en transparentar sus gastos de campaña y en demostrar que han sido respetuosos de los topes establecidos. Al participar en la Convención Nacional de Turismo de la Canaco, sostuvo que es falso que a 21 días de iniciadas las campañas haya rebasado el techo presupuestal como lo acusan el PAN y PRD.
Por supuesto que esa declaración no dejo satisfechos a los perrredistas. El dirigente nacional del Sol Azteca, Jesús Zambrano, retó al PRI y a su abanderado a mostrar sus cifras sobre gastos de campaña para desmentir o comprobar que son un exceso. El ex guerrillero también aseguró que Peña Nieto no es invencible y dijo que las cifras estratosféricas en que le ubican algunas encuestas no son reales.
En cuanto a Josefina Vázquez Mota, le sigue pesando el fardo de los adversos resultados como secretaria de Educación y Desarrollo Social. En la Cámara de Diputados, el diputado priísta mexiquense Alfonso Navarrete Prida, presidente de la Comisión de Presupuesto, armó y distribuyó una nota informativa con el título “Responsabilidades jurídicas de Josefina Vázquez Mota como Secretaria de Educación Pública en el tema Enciclomedia”, en la que se concluye que la abandera panista y su entonces oficial mayor, el actual diputado Julio Castellanos, incurrieron en un daño patrimonial por más de 2 mil millones de pesos. Castellanos admitió que en 2008 pagaron en la SEP una penalización de mil 653.8 millones de pesos por cancelar anticipadamente los contratos de Enciclomedia, pero se defendió asegurando que las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación quedaron “plenamente solventadas”. También se justificó al señalar que mantener vigentes los referidos contratos habrían costado ala SEP más de 11 mil millones de pesos. Es decir, que si hubo tal daño patrimonial, como lo acusan los priístas.
Lilia Arellano
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