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Gobierno mexiquense protege a Peña; impugna sentencia para evitar que feminicidios sean investigados
El compromiso de Peña Nieto con las mujeres: impedir que feminicidios sean investigados
El Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (Cemybs) impugnó la sentencia del Juzgado Noveno de Distrito en materia administrativa, que en febrero pasado concedió un amparo a organizaciones civiles para que se investigaran los asesinatos de mujeres en la entidad.
Sergio Méndez Silva, abogado del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), y Octavio Amezcua, director de Defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), aseguraron que para no afectar la campaña electoral de Peña Nieto, el gobierno del también priista Eruviel Ávila intenta retrasar la investigación de los casos de asesinatos de mujeres en la entidad.
De acuerdo con el OCNF, de enero de 2005 a agosto de 2010 –durante la gestión de Peña Nieto– ocurrieron 922 homicidios dolosos de mujeres; la mayoría de ellos en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán.
Sin embargo, los casos pasaron inadvertidos ante las autoridades, por lo que el 8 de diciembre de 2010 ambas ONG presentaron una solicitud ante el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres para que investigara la situación.
Las organizaciones pretendían que se investigaran las cifras de feminicidio manejadas por la Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJEM), para que –de encontrar elementos suficientes– el Sistema Nacional declarara la Alerta de Violencia de Género (AVG).
No obstante, el 11 de enero de 2011 el Sistema Nacional desechó la solicitud ciudadana sin mayores explicaciones. Desde entonces comenzó un litigio que aún no termina.
En febrero del mismo año, las ONG presentaron una solicitud de amparo que se turnó al juez noveno de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, José Eduardo Alvarado Ramírez. La protección se otorgó en febrero pasado.
Según Octavio Amezcua, el gobierno estatal, a través del Cemybs –instancia que sustituyó al Instituto de la Mujer Mexiquense en la gestión de Peña Nieto–, impugnó la sentencia del juez para que este tema no empañe la campaña del abanderado presidencial de la coalición Compromiso por México (PRI-PVEM).
Al otorgar el amparo, el juez señaló que las organizaciones cumplieron con la ley al afirmar que existe violencia de género en la entidad, pero que las autoridades locales son las encargadas de investigar el presunto feminicidio.
Méndez Silva apuntó que una vez dictada la sentencia, el Sistema Nacional debería volver a sesionar y revisar los argumentos y la documentación presentada por las ONG para decidir si acepta o no iniciar una investigación que eventualmente concluya en una declaratoria de AVG.
Detalló que en caso de negarse por segunda ocasión, los institutos estatales de las mujeres y las dependencias que integran el Sistema Nacional tendrían que argumentar por qué rechazan la petición, algo que no hicieron en la ocasión anterior.
De acuerdo con el abogado del OCNF, para rechazar el amparo la Cemybs argumentó que las organizaciones civiles no tienen interés jurídico para solicitar la AVG, pues no están directamente agraviadas con la violencia de género.
En respuesta, Méndez Silva dijo que el juez José Eduardo Alvarado Ramírez sustentó el amparo en el artículo 24 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el cual faculta a las organizaciones a solicitar la AVG.
Por lo pronto, el Juzgado Noveno de Distrito está integrando un expediente por el recurso de revisión presentado por el gobierno mexiquense.
Una vez que esté listo el documento, se turnará a un Tribunal Colegiado, el cual decidirá si sigue firme la sentencia de investigar el feminicidio en el Estado de México o si se revoca.
Revista EMET - Apro