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Fotografía: especial
Ricardo García Cervantes, senador del PAN y autor de la iniciativa, aclaró en tribuna que no hay duplicidad de funciones, ya que la fiscalía desplazará a la PGR, porque ha demostrado absoluta ineficacia para combatir la corrupción.
El panista advirtió que la fiscalía combatirá la corrupción en todas las esferas, poderes y niveles de gobierno.
Subrayó que la corrupción ha tocado a funcionarios emanados de todos los partidos y por ello se requiere un ente sin trabas de competencia a escala federal, estatal y municipal, que combata ese lastre, este cáncer, este obstáculo para al desarrollo nacional.
El perredista Pablo Gómez expresó: Es un momento importantísimo el paso que se da con la creación de la fiscalía, ya que la PGR, el Ministerio Público de la Federación y los ministerios de los estados no son representantes de la sociedad, sino empleados del poder, que no sirven al pueblo.
El priísta Fernando Baeza recalcó que se trata de la reforma constitucional que el país requiere, con el fin de otorgar al Ministerio Público independencia del Ejecutivo federal para que se erija en representante de la sociedad. Al quitar la titularidad al Presidente de la República se evitará la sospecha de que las averiguaciones previas se direccionen.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Melquiades Morales, subrayó que si bien es cierto que la corrupción es un fenómeno universal, en el país ha generado graves y funestas consecuencias, porque no sólo daña el patrimonio nacional, sino también fomenta la criminalidad y la descomposición social.
Detalló que el nombramiento del fiscal lo hará el Senado, mediante convocatoria, y lo elegirá con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes.
El priísta agregó que la reforma contempla crear el Registro Nacional de Situación Patrimonial de Servidores Públicos de los Poderes de la Unión, de las Entidades Federativas, los Municipios y los Organismos Constitucionalmente Autónomos, con la finalidad de fiscalizar la situación financiera y detectar los cambios injustificados.
Tomás Torres, del PVEM, propuso modificar al dictamen, lo cual fue aceptado: Corresponde a la fiscalía nacional la persecución ante tribunales federales de todos los delitos de corrupción y los que se deriven de recursos financieros de procedencia ilícita. Será de oficio, por tratarse de delitos contra la economía nacional, los cometidos por los Poderes de la Unión, así como los poderes públicos de las entidades federativas, de los municipios y de los organismos constitucionales y autónomos.
El perredista Pablo Gómez alertó sobre el riesgo de que la Cámara de Diputados congele la reforma, como ha hecho con otras, y propuso que la Junta de Coordinación Política en pleno acuda a San Lázaro para entregar la minuta y cabildear para que sea aprobada.
Redacción Emet - la jornada